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UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
9 DE JUNIO. ELECCIONES EUROPEAS

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ÍNDICE
MARCAR EL RUMBO HACIA UNA EUROPA MÁS SOCIAL, VERDE Y JUSTA

Avanzar hacia la Europa social
Acelerar un nuevo Pacto Verde Europeo con la justicia social en el centro
Abandonar la austeridad, transformar la política económica y fiscal europea
MARCAR EL RUMBO HACIA UNA EUROPA MÁS DEMOCRÁTICA,
FEMINISTA, DIVERSA Y SOLIDARIA

Democratizar la Unión Europea
Blindar más derechos y libertades feministas y LGTBI+
Plantar cara a la Europa fortaleza
MARCAR EL RUMBO HACIA UNA EUROPA CON PAZ Y FUTURO

Construir un nuevo multilateralismo democrático.
Impulsar una transformación digital con derechos
Poner el proyecto europeo al servicio de su juventud

2 MARCAR EL RUMBO HACIA UNA EUROPA MÁS SOCIAL, VERDE
Y JUSTA

El 9 de junio nos jugamos el futuro de Europa. El avance de las fuerzas reaccionarias, la exacerbación de la crisis climática, el genocidio del pueblo palestino, la agresión rusa de Ucrania, así como la creciente complejidad de los desafíos globales —financieros, energéticos, ecosociales—, afianzan el marco de encrucijada y excepcionalidad.
Nuestro país constituye una excepción histórica en este contexto tan complicado para el continente. Nuestra responsabilidad es cuidar y ensanchar esta excepción, y la mejor forma de hacerlo es avanzando, yendo a por más, llevando este destello de lucidez a toda Europa.
En este momento de encrucijada histórica para la Unión Europea solo hay tres salidas posibles.
La primera, defendida por la gran coalición europea de conservadores, socialdemócratas y liberales, tiene que ver con la reconfiguración neoliberal, que promueve la protección de los privilegios de las élites europeas. Esta vía contempla la vuelta a los recortes, garantía de una
desafección social rampante. Un déjà vu de 2008 es claramente disfuncional, pero es el objetivo al que apunta esta salida, tropezando, una vez más, con la misma piedra. Esta primera alternativa es muy peligrosa, no solo para las mayorías sociales europeas, sino para el propio futuro de la Unión Europea.
La segunda salida, promovida por la alianza de la derecha tradicional con la extrema derecha, es la protección de una minoría nativista y excluyente que dice hablar en nombre de muchos, la declinación de Europa en clave reaccionaria. Una salida reaccionaria que encuentra en las personas LGTBI+, migrantes y mujeres a sus chivos expiatorios, y en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, su bandera.
Por último, la tercera salida es la de una Europa social, verde, feminista y democrática. La del europeísmo transformador que hemos defendido, una alternativa al juego anquilosado de la gran coalición europea. Una vía que se vislumbró tímidamente en la gestión solidaria y expansiva de la pandemia, durante la que se demostró, precisamente, que era posible hacer todo aquello que llevaban décadas haciéndonos ver como inviable. Es una salida apoyada por una alianza plural y diversa, porque, solo a través de amplias alianzas, Europa podrá afrontar los grandes desafíos del presente. Es la salida de Sumar.
Para impulsar esta salida, la única que cuida y protege el proyecto europeo, es necesario, en primer lugar, marcar el rumbo hacia una Europa más social, verde y justa: avanzar hacia la Europa social, acelerar la transición ecológica justa y transformar la política económica y fiscal europea.
Es necesario, en segundo lugar, marcar el rumbo hacia una Europa más democrática, feminista, diversa y solidaria: democratizar su arquitectura institucional, blindar más derechos y libertades

UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
3 feministas y LGTBI+, y abandonar la Europa fortaleza. Es necesario, en tercer y último lugar, marcar el rumbo hacia una Europa con futuro: construir un nuevo multilateralismo democrático, impulsar una transformación digital con derechos y poner el proyecto europeo al servicio de su juventud.
El 23 de julio de 2023 demostramos que la victoria de las derechas no es inevitable; ahora toca hacer lo mismo en Europa.
Este es el programa con el que queremos marcar el rumbo.
Porque otra Europa es posible y necesaria.


En este programa se recogen los principios generales y las medidas más importantes que conforman el proyecto europeo de Sumar, pero nuestra vocación de transformación va mucho más allá. Hay, por tanto, muchos asuntos de relevancia que no han sido cubiertos por este texto.
Para obtener más información sobre las posiciones y propuestas de Sumar en estos temas, te remitimos al programa de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, así como a las iniciativas parlamentarias e institucionales que hemos impulsado en los últimos años

UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
4 AVANZAR HACIA LA EUROPA SOCIAL
La Europa social es el horizonte de transformación por el que los sindicatos, las fuerzas progresistas y los movimientos sociales y feministas de todo el continente lucharon durante décadas, la Europa que Altiero Spinelli y Ernesto Rossi esbozaron, allá por 1941, en el Manifiesto de Ventotene: un proyecto federal cuya razón de ser sea la “emancipación de las personas
trabajadoras y la garantía de condiciones de vida más humanas”. Es, todavía hoy, el horizonte al que aspirar. La Europa social ha sido, además, la brújula que ha guiado la acción de Yolanda Díaz y Sumar en la Unión Europea: las directivas de salarios mínimos, transparencia salarial o
trabajo de plataformas son buenos ejemplos de los avances del presente que hacen posible las transformaciones del futuro.
En la época de la emergencia ecológica, el horizonte de la Europa social no debe aludir a una forma de protección ante emergencias, a un paradigma asistencialista, sino al pilar para construir una economía y una sociedad distintas y mejores, a una concepción universal y expansiva de los derechos sociales y laborales. La política sociolaboral europea no debe servir solo para mitigar y contener daños, sino para fundar un horizonte colectivo de certidumbre y seguridad.
Necesitamos demostrar que la ampliación de los derechos sociales es el fundamento de una idea de prosperidad distinta que debe servir no solo para garantizar una transición ecológica justa, sino también para proporcionar confianza y esperanza al conjunto de la ciudadanía. Esa es la condición básica para ser libres en una Europa cada vez más compleja: tener la certeza que necesitamos para vivir. Y esa es la idea fuerza que vertebrará nuestra acción en la Unión Europea: entender la profundización de los derechos sociales y laborales como una condición de la democracia y
también de nuestra identidad como europeos y europeas.
Ahora, Europa debe escoger entre darle una nueva e inmerecida oportunidad —la enésima— al caos neoliberal o, por el contrario, apostar por los derechos sociales como principios rectores de nuestras democracias. Ambas salidas son posibles, pero una ya se ha mostrado ineficaz, capaz solamente de infligir dolor a la ciudadanía. La pandemia nos reveló el fracaso intelectual del neoliberalismo, y la única forma de enterrarlo políticamente es poner los derechos laborales en el corazón del proyecto
europeo, ensanchar y blindar el derecho a una vivienda, democratizar el tiempo de vida, luchar contra las desigualdades sociales y cuidar la sanidad y educación públicas en toda Europa. Se trata, pues, de ampliar el limitado margen competencial de la Unión Europea para legislar en materia sociolaboral, de revertir por completo la primacía que las libertades económicas tienen, aun ahora, sobre los derechos fundamentales de las mayorías sociales europeas. Se trata, a su vez, de codificar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales para hacerlos vinculantes y convertir su plan de acción en una hoja de ruta efectiva para la ciudadanía europea.
Se trata, en definitiva, de dar cuerpo a un nuevo europeísmo laborista, de avanzar hacia la Europa social.

  1. Una Europa laborista con las personas trabajadoras
    en el centro
    1.1. Frente a la inflación, más y mejores salarios
  2. Impulsaremos el crecimiento salarial común, impidiendo que se utilice el deterioro de las
    condiciones laborales como una ventaja comparativa para las empresas. La Unión Europea
    necesita establecer mecanismos de referencia común del incremento de los salarios que, como objetivo inmediato, devuelvan a las personas asalariadas el poder adquisitivo que tenían antes del inicio de la crisis económica y de la pandemia.
  3. Promoveremos el establecimiento de un auténtico salario mínimo europeo, para dar pleno
    cumplimiento a la Carta Social Europea y su desarrollo. La cuantía mínima del SMI europeo debe
    ser el 60 % del salario medio neto en cada Estado miembro respectivo, pero nuestro objetivo
    es establecer un auténtico salario mínimo europeo que suponga un 60 % del salario medio del
    conjunto de la Unión Europea, con mecanismos de revalorización que aseguren un estándar de
    vida decente.
  4. Limitaremos la desigualdad salarial dentro de las empresas e impulsaremos una regulación
    de salarios máximos. Propondremos desarrollar un marco de armonización que desincentive
    fiscalmente las diferencias salariales de más de 1 a 10 en el interior de las empresas, incluyendo
    los grupos de empresas.
  5. Impulsaremos la creación de un estatuto europeo del trabajo que establezca un “mínimo por
    arriba” que iguale los derechos laborales, teniendo siempre como referencia la normativa de
    aquellos Estados miembros más avanzados, con el fin de ampliar derechos y para evitar el
    dumping social dentro de la Unión Europea.
    1.2. Protección contra el despido y el desempleo y políticas activas de ocupación
  6. Actualizaremos la Directiva sobre despidos colectivos, adoptada veinticinco años atrás, de
    manera que luche contra las deslocalizaciones, configure el despido colectivo como última
    opción en toda la Unión Europea e incluya la utilización preferente de los sistema de reducción
    del tiempo de trabajo —como los ERTE en España— y la formación y recualificación de las
    personas trabajadoras.
  7. Impulsaremos la adopción de una directiva sobre los despidos individuales, que incluya el
    derechos de la persona trabajadora a ser informada sobre las causas del despido con un
    determinado preaviso, recurrir judicialmente y obtener una indemnización reparadora en
    caso de despido injustificado.
  8. Promoveremos la implantación urgente de un seguro de desempleo de alcance europeo
    (EUIS) que complemente los sistemas estatales, favorezca la armonización al alza y sirva
    como estabilizador automático respecto a los choques económicos asimétricos.
  9. Impulsaremos la aprobación de una directiva que reconozca de forma efectiva el derecho a la
    formación a lo largo de toda la vida laboral de todas las personas, ocupadas y desempleadas. El
    contenido mínimo de este nuevo derecho a la formación consistiría en garantizar su duración y
    su repetición en el tiempo; las condiciones para su ejercicio, tanto durante la jornada de trabajo
    como fuera de ella, en forma de permisos o licencias de carácter retribuido para la formación; la
    simplificación de los sistemas nacionales de acreditación, certificación, validación y homologación de
    las competencias adquiridas en otros Estados miembros; y el papel de los convenios colectivos en
    la articulación y desarrollo de este derecho.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  10. Aumentaremos los recursos del Fondo Social Europeo destinados a la formación profesional
    en el trabajo, así como el acceso de las microempresas y pymes a estos. Las personas en
    paro deben tener la oportunidad de acceder de forma sencilla a una oferta formativa de
    calidad y adecuada a su perfil, tanto en su propio país como en otros Estados de la Unión
    Europea. En este sentido, es necesario aumentar los fondos de cuota o presupuestarios
    dirigidos a la formación continua de los trabajadores y trabajadoras para facilitar su
    adaptación a una doble transición justa. Esto implica la participación de las personas
    trabajadoras en los planes de formación y su acceso garantizado a los permisos de
    formación correspondientes.
  11. Incrementaremos la dotación del Fondo Social Europeo para personas desempleadas con el
    fin de garantizar una inserción laboral de calidad a todas las personas trabajadoras a lo largo
    de toda su vida laboral.
  12. Promoveremos una regulación europea que prohíba el reparto de dividendos empresariales
    en caso de expedientes de regulación de empleo.
  13. Promoveremos una cultura de innovación y emprendimiento sana y socialmente
    responsable, apoyando especialmente el cooperativismo y la economía social y solidaria,
    como parte de un nuevo modelo económico europeo verde y de progreso.
  14. Lucharemos contra la precariedad estableciendo mejoras presupuestarias para los servicios
    públicos de empleo que permitan promocionar de forma efectiva la contratación estable y
    de calidad.
    1.3. Reducir el tiempo de trabajo, ganar tiempo de vida
  15. Impulsaremos una nueva directiva sobre el tiempo de trabajo con el horizonte de la semana
    laboral de 32 horas sin reducción salarial, dentro de una política europea de reparto
    del trabajo, reducción de la jornada laboral y conciliación de la vida laboral y personal,
    garantizando con medidas de corresponsabilidad que la reducción del tiempo de trabajo no
    signifique más trabajo de cuidados para la mujeres.
  16. Adoptaremos medidas eficaces para limitar la realización de horas extraordinarias e impulsar
    unos horarios en el trabajo más eficientes, comenzando por las propias instituciones
    europeas, en las que promoveremos el establecimiento de horarios más racionales.
  17. Revisaremos la directiva de conciliación de la vida laboral y familiar y la directiva de
    maternidad para garantizar una verdadera distribución igualitaria del cuidado y las
    responsabilidades familiares con la extensión del permiso de nacimiento, de los permisos de
    cuidado, de la no transferibilidad y la remuneración al 100 % de todos los permisos.
  18. Pediremos la creación de un intergrupo del Parlamento Europeo sobre políticas de
    tiempo para poner fin a la pobreza temporal y garantizar el derecho al tiempo, así
    como la formación de un grupo de trabajo transversal dirigido por la Dirección General
    de Trabajo, Asuntos Sociales e Inclusión para la integración de las políticas de tiempo,
    y promoveremos la organización de actos periódicos de alto nivel de las partes
    interesadas sobre las políticas de tiempo, con el apoyo del Comité de las Regiones.
  19. Exigiremos que se recopilen más datos sobre el uso del tiempo y la integración del uso
    del tiempo como componente clave de las encuestas sociales de la Unión Europea, e
    impulsaremos la inclusión del uso del tiempo, las políticas de tiempo, las desigualdades
    horarias y el derecho al tiempo en Horizonte Europa.
  20. Pediremos la creación de un panel ciudadano sobre el uso del tiempo y el derecho al tiempo
    por parte de la Comisión Europea, e impulsaremos la aplicación inmediata de un proyecto
    piloto a escala europea sobre la reducción del tiempo de trabajo.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    71.4. Una seguridad social robusta, una jubilación digna
  21. Trabajaremos en una directiva que asegure la sostenibilidad y la suficiencia de las
    prestaciones de los sistemas de pensiones públicas, avanzando en la coordinación y
    armonización europea al alza de los sistemas de pensiones públicos, teniendo en cuenta la
    garantía de pensiones mínimas adecuadas para todas las generaciones, con una indexación
    acorde con el aumento de la inflación y el coste de la vida, con pensiones mínimas
    adecuadas y en línea con el principio de cobertura universal.
  22. Promocionaremos el número de identificación de la seguridad social europeo, con el fin de
    facilitar la movilidad, la armonización y la compatibilidad de derechos.
  23. Aseguraremos un marco europeo de coordinación de los sistemas de seguridad social que
    garantice que los trabajadores y trabajadoras gozan de los mismos derechos en toda la
    Unión Europea.
  24. Impulsaremos medidas para aprovechar los sistemas existentes de jubilación que refuercen
    la cohesión entre generaciones, por ejemplo, mediante la jubilación parcial con contrato de
    relevo, la mentorización, la tutorización o el acompañamiento de las personas aprendices u
    otras fórmulas similares.
    1.5. Más democracia económica y mejor negociación colectiva
  25. Fomentaremos medidas para la defensa y el refuerzo de los derechos sindicales y de los
    trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho universal de sindicación, el acceso de los
    sindicatos a los centros de trabajo, el derecho de negociación colectiva y el derecho de
    huelga.
  26. Impulsaremos una directiva europea sobre democracia en las empresas que favorezca
    la implementación de legislación sobre la participación de las personas trabajadoras en
    los órganos de dirección de las empresas a través de diferentes vías, en línea con las
    conclusiones sobre una mayor democracia en el trabajo aprobadas por el Consejo de
    Empleo y Política Social durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
  27. Avanzaremos hacia la revisión de la directiva sobre comités de empresas europeos aprobada
    en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, reforzando los derechos de información
    y consulta, ampliando el número de empresas a las que se les aplica mediante la inclusión de
    las franquicias y la institución de un mecanismo de suspensión automática de las decisiones
    de las empresas que no se hayan consultado previamente con el comité de empresa, así
    como el reconocimiento del derecho a una respuesta razonada en el marco de ese derecho
    de información, para facilitar el control jurisdiccional de la decisión de la empresa.
  28. Trabajaremos en el desarrollo y la aplicación extensiva de la directiva sobre sostenibilidad
    y debida diligencia ante la violación de derechos humanos por las empresas de dimensión
    comunitaria y sus cadenas de valor en los respectivos Estados miembros.
  29. Reforzaremos el poder de los interlocutores sociales de manera transversal en toda la
    legislación europea, facilitando la negociación de convenios colectivos y ampliando su
    cobertura entre las personas trabajadoras, garantizando el cumplimiento de lo previsto
    en la directiva sobre salarios mínimos adecuados. En ese sentido, reformaremos el
    funcionamiento de la Cumbre Social Tripartita para que cumpla de forma más adecuada su
    función de facilitar la interlocución de los interlocutores sociales europeos con el Consejo
    Europeo, el Consejo, la Comisión y la participación de los interlocutores sociales en la
    definición de las políticas de la Unión Europea. Asimismo, impulsaremos la adopción de un
    programa de trabajo de la Cumbre por cada trío de presidencias rotatorias, lo que haría
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    8posible identificar los asuntos a tratar y hacer el seguimiento de los acuerdos alcanzados
    para garantizar efectos su fiscalización y cumplimiento.
  30. Potenciaremos la negociación colectiva sectorial en los comités de diálogo social sectorial,
    superando la función de lobby que orienta la actuación de la comisión en las políticas
    sectoriales. Se debe establecer la vinculación de la comisión a la decisión conjunta de los
    interlocutores sociales sobre la vía de la directiva como forma de aplicación de los acuerdos
    colectivos adoptados, sin que esta pueda oponerse a su adopción.
  31. Incluiremos a las micro y pequeñas empresas en la aplicación de las directivas protectoras,
    especialmente las que se refieren al derecho a la salud de las personas trabajadoras.
  32. Impulsaremos la legitimación de los sindicatos europeos ante el Tribunal de Justicia de
    la Unión Europea, a fin de que puedan interponer un recurso directo sobre aquellas
    normas nacionales que incumplan convenios, directivas o leyes europeas, en línea con las
    reclamaciones colectivas que prevé la Carta Social Europea.
  33. Promoveremos que el Parlamento Europeo defienda la vigencia de los derechos laborales
    y sociales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea frente
    a la interpretación que las instituciones financieras y la propia comisión efectúan del
    marco económico, impulsando la devaluación salarial y la desregulación de las relaciones
    laborales.
  34. Garantizaremos la eficacia del derecho de huelga a escala europea, considerando que su
    ejercicio no puede en ningún caso lesionar las libertades económicas.
    1.6. Espacios de trabajo más feministas
  35. Impulsaremos el compromiso de la Comisión Europea con la lucha por la igualdad laboral
    para acabar con la brecha de género en los salarios y en las pensiones. Exigiremos que las
    recomendaciones de transparencia salarial de la Comisión Europea sean obligatorias para
    todas las empresas y administraciones públicas de la Unión Europea.
  36. Impulsaremos medidas que favorezcan el fin de todas las formas de violencia de género en
    el mundo laboral, también aquellas que se produzcan online.
  37. Desarrollaremos y complementaremos la directiva sobre condiciones laborales para que
    contenga medidas específicas para luchar contra el abuso y el acoso sexual en el trabajo.
    1.7. Seguridad y salud laboral para todas las personas trabajadoras
  38. Impulsaremos políticas a escala europea que mejoren la seguridad en el trabajo y la salud
    laboral, para reducir la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales derivadas del
    trabajo. Estas medidas deberán incluir campañas de concienciación y control, coordinadas
    en la Unión Europea, para luchar contra la economía sumergida y el incumplimiento de
    medidas de salud y seguridad en el trabajo.
  39. Promoveremos la incorporación en las políticas preventivas de seguridad y salud laboral
    en las empresas de la perspectiva de género, con cambios en la directiva marco, avances
    en el reconocimiento de enfermedades profesionales, en especial las derivadas de los
    riesgos psicosociales, y un mayor énfasis en las políticas preventivas derivadas del uso de la
    inteligencia artificial.
  40. Exigiremos el abordaje de los riesgos psicosociales y del acoso y la humillación online
    mediante una directiva europea.
  41. Trabajaremos para apoyar la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva marco
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    9sobre salud y seguridad y sus directivas específicas a las trabajadoras del hogar,
    actualmente excluidas.
  42. Impulsaremos la mejora del Reglamento REACH a fin de ofrecer una mejor protección a los
    trabajadores y trabajadoras contra la exposición a sustancias químicas y nanomateriales.
  43. Promoveremos las medidas necesarias para erradicar las muertes laborales y
    enfermedades ocupacionales para el año 2030, centrando nuestros esfuerzos en la
    protección inclusiva de todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente en los
    sectores de construcción más afectados por el cambio climático. Impulsaremos políticas
    rigurosas para garantizar entornos laborales seguros y libres de riesgos, fomentando
    la participación activa de todas las partes interesadas en el compromiso de lograr cero
    muertes en el trabajo.
  44. Incluiremos la cuestión de las muertes y los accidentes por condiciones climatológicas y el
    avance de la crisis climática en la legislación europea, adaptándola a la nueva realidad de
    la emergencia ecológica.
  45. Impulsaremos un nuevo marco europeo de prevención de riesgos psicosociales
    que aborde los efectos derivados de las nuevas tecnologías, la automatización y la
    introducción de algoritmos e inteligencia artificial en el mundo del trabajo.
    1.8. Reforzar la inspección laboral como garantía de derechos
  46. Aseguraremos que la Autoridad Laboral Europea tenga las capacitaciones y competencias
    para hacer efectivo su mandato. De momento tiene una orientación consultiva y de apoyo
    al facilitar información de derechos y colaborar en disputas laborales transfronterizas.
    Gradualmente debe dotarse de mayor capacitación, recursos y competencias, con el fin
    de impulsar un trabajo efectivo de inspección y de impulso de la armonización legislativa y
    reguladora en los derechos laborales y sindicales europeos, así como superar el hecho de
    que las observaciones sean voluntarias para los Estados.
  47. Reforzaremos la inspección y el control para combatir las posibles vulneraciones de la
    Directiva 2014/36/UE de trabajadores temporales y de la Carta de Derechos Fundamentales
    de la Unión Europea, y más concretamente de los derechos proclamados en la Carta
    Comunitaria de Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores y Trabajadoras,
    que sufren los temporeros y aspirantes a temporeros en cuanto a la gestión privada de sus
    contratos y viviendas por parte de ETT y mafias que condenan a estas personas a malvivir
    en la extrema pobreza y en infraviviendas durante las diferentes campañas agrícolas, lo que
    sucede, entre otros lugares, en diversos territorios españoles.
    1.9. Más derechos para las personas trabajadoras desplazadas y transfronterizas
  48. Velaremos por el pleno cumplimiento de la directiva de trabajadores y trabajadoras
    desplazados, que asegura unas condiciones laborales equiparables a las que disfrutan
    los trabajadores y trabajadoras residentes. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras
    transfronterizos, debe garantizarse que su movilidad no sea un elemento de competencia a
    la baja, sino de cohesión social y territorial que ponga en valor la diversidad.
  49. Defendemos que las empresas deban dar información completa y derechos de consulta a
    su plantilla, incluida la participación del comité de empresa europeo si existe, con el fin de
    garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en situaciones de movilidad de
    empresas intra Unión Europea.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  50. Estableceremos mecanismos para que los Estados miembros detengan una conversión,
    división o fusión transfronteriza cuando constituya un acuerdo artificial establecido para
    evitar obligaciones fiscales u otras obligaciones empresariales. Asimismo, garantizaremos
    que las empresas mantengan los derechos de participación a nivel de plaza después de una
    reestructuración transfronteriza.
  51. Impulsaremos cambios legislativos que permitan políticas anti-dumping y antideslocalización
    para proteger los puestos de trabajo locales y los derechos de los trabajadores y
    trabajadoras. Estas políticas deben recibir una financiación suficiente de la Unión Europea y
    estar orientadas a la formación de trabajadores y empresarios y a la inspección, mediante el
    refuerzo de las inspecciones de trabajo y del papel de los sindicatos. Haremos que el Fondo
    Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tenga como destino central a las personas
    trabajadoras.
  52. Defenderemos a las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar, tanto ante Reino
    Unido como ante Gibraltar, garantizando mecanismos suficientes para que el paso diario
    de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado
    por los controles de documentación y solicitando más recursos para el Plan Integral
    de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar. Asimismo, se
    fomentará la cooperación transfronteriza con la constitución de la Agrupación Europea de
    Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar.
  53. Llevar los derechos sociales al corazón del proyecto
    europeo
    2.1. El Pilar Europeo de Derechos Sociales, bandera de una Europa mejor
  54. Haremos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Carta
    Social Europea el programa de una nueva política social europea, a través de una nueva
    carta de derechos sociales para la ciudadanía europea, y promoveremos la concreción
    normativa de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, asegurando la dotación
    presupuestaria suficiente para su correcto desarrollo y cumplimiento.
  55. Promoveremos la inclusión de un protocolo de progreso social en los tratados para
    garantizar que, en caso de conflicto, los derechos sociales, económicos, culturales y
    medioambientales de las personas tengan prioridad sobre las libertades económicas de las
    corporaciones.
  56. Impulsaremos una directiva de derechos sociales que incluya todos los derechos
    consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales, promoviendo su armonización
    e impidiendo cualquier retorno a las políticas de austeridad y la aprobación de nueva
    legislación que pueda tener consecuencias negativas sobre la pobreza, la exclusión y
    las desigualdades. Para dar acompañamiento a esta medida, promoveremos un plan de
    inversión en derechos sociales acompañado de una reforma fiscal alternativa, más justa y
    redistributiva, con el compromiso de fijar un suelo mínimo de inversión social.
  57. Impulsaremos una directiva que establezca una renta garantizada mínima europea
    equivalente al 60 % de la mediana de ingresos en cada Estado miembro que garantice un
    mínimo vital en el ámbito de la alimentación, la vivienda y los suministros a personas que
    estén en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social.
  58. Impulsaremos y ampliaremos el marco de convergencia social propuesto por España y
    Bélgica en el ámbito del Semestre Europeo, con el objetivo de identificar los desequilibrios
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    11sociales en los Estados miembros e incluirlos en todo indicador y evaluación que se lleve
    a cabo desde la Unión Europea. En ese sentido, promoveremos la realización de una
    presentación anual por parte de la comisión de un informe de desempeño y de impacto
    social que incluya indicadores vinculados con objetivos en el marco de la gobernanza
    económica de la Eurozona, como los ingresos disponibles para los hogares, la pobreza o el
    desempleo juvenil.
  59. Potenciaremos el papel de los municipios como actores imprescindibles e
    interlocutores clave para articular el Pilar Europeo de Derechos Sociales, incluyéndolos
    en la gobernanza y el seguimiento de las políticas europeas, y permitiendo que
    puedan recibir financiación directa de la Unión Europea. Asimismo, promoveremos la
    reforma de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para que puedan cubrir la
    financiación de las rentas garantizadas impulsadas por ayuntamientos y regiones.
  60. Promoveremos una estrategia europea de lucha contra la pobreza infantil que garantice
    que un mínimo del 2 % del PIB de cada Estado miembro se destine a políticas de
    apoyo a la infancia y las familias, como becas comedor, servicios de acogida, material,
    transporte y actividades extraescolares, o educación de 0 a 3 años.
  61. Impulsaremos el diseño y la implementación de una transferencia familiar directa,
    universal y no condicionada como herramienta para hacer posible la paternidad y la
    maternidad libremente deseada para todas las familias con hijos e hijas de 0 a 16 años,
    una prestación económica que ronde el 20 % del indicador de renta de suficiencia.
  62. Impulsaremos el cumplimiento efectivo de los cinco principios fundamentales de la
    Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo,
    además de la redacción de un plan europeo para mejorar la prevención estructural del
    sinhogarismo y avanzar en mecanismos de garantía de rentas y de acceso a la vivienda.
  63. Abriremos la discusión en el Parlamento Europeo de un sistema de pensiones público y
    universal paneuropeo que coordine, armonice y complemente a los sistemas estatales.
    Para garantizar el derecho a envejecer con dignidad, la cuantía de las pensiones no
    puede estar supeditada únicamente a la trayectoria laboral, que penaliza en exceso
    las situaciones más precarias, en especial a las mujeres. Habrá que poner especial
    atención en las mujeres que se han dedicado exclusivamente al trabajo doméstico no
    remunerado.
  64. Fortaleceremos las estrategias sobre envejecimiento y cambio demográfico en todas las
    esferas de gobierno: es imprescindible la proximidad para fomentar la acción comunitaria,
    la atención centrada en la persona, la amigabilidad de los entornos, la participación activa,
    etcétera. Proponemos reforzar el papel de los municipios al tiempo que se deben elaborar
    estrategias sobre envejecimiento y cambio demográfico en los diferentes niveles de
    gobierno.
  65. Impulsaremos las políticas para el envejecimiento activo mediante una mayor inversión
    en políticas educativas, de salud y de servicios sociales, y culturales para todos los ciclos
    de vida. Los apoyos en el ámbito de la salud deben realizarse desde una perspectiva
    preventiva e integral; la educación y la cultura requieren de un enfoque a lo largo de la vida, y,
    finalmente, la participación activa y la inclusión digital deben ser prioridades de las políticas
    destinadas a las personas mayores.
  66. Fomentaremos políticas de reconocimiento y contra la estigmatización. Se deben reforzar
    mucho más los programas contra la discriminación por razón de edad, poniendo énfasis en
    detectar y actuar ante los maltratos y abusos a las personas mayores. Además, se deben
    reforzar especialmente los programas para combatir las situaciones de aislamiento y
    soledad no deseados de las personas mayores.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    122.3. Combatir la pobreza energética, garantizar los servicios básicos
  67. Promoveremos el reconocimiento en toda la Unión Europea del derecho al agua en
    condiciones suficientes, saludables, aceptables, asequibles y accesibles, así como del deber
    de los Estados de garantizar este derecho para las actuales y futuras generaciones.
  68. Regularemos el acceso al agua y a la energía como derechos básicos, blindando, a nivel
    constitucional y de los tratados europeos, estos dos servicios como comunes, públicos
    y universales. Este reconocimiento debe incluir todos sus diferentes tramos, es decir,
    la gestión de la infraestructura de generación/captación, transporte, distribución y
    comercialización.
  69. Fomentaremos una estrategia multinivel que permita adecuar los marcos legales e
    institucionales para que haya un marco europeo que facilite la participación ciudadana en el
    campo de la energía (“end to end process”) y la gestión del agua a nivel europeo.
  70. Definiremos un criterio coherente y armonizado para la medida de la pobreza energética a
    nivel europeo. Los Estados miembros deben definir la pobreza energética a nivel nacional
    y los que tienen una participación significativa deben proponer objetivos y medidas de
    reducción urgentes.
  71. Propondremos destinar los recursos económicos obtenidos a través de impuestos
    ambientales y de los ahorrados mediante la eliminación de subvenciones a las industrias de
    combustibles fósiles para aumentar los fondos de la Unión Europea y nacionales, incluidos
    los que apuntan a la pobreza energética, con inversiones en eficiencia energética.
  72. Estableceremos una moratoria de desconexión europea para clientes vulnerables que sufren
    pobreza energética que se ponga en práctica en toda Europa para que ningún hogar esté
    privado de instalaciones de calefacción o refrigeración esenciales hasta que se aprueben las
    medidas contra la pobreza energética mencionadas anteriormente.
  73. Garantizaremos el acceso a los servicios de arbitraje de consumo para toda la ciudadanía de
    forma gratuita, con el requisito de participación obligatoria de los proveedores de energía,
    así como cuentas más transparentes y cambios más fáciles.
    2.4. Una Europa más inclusiva que garantice la vida independiente y la no
    discriminación
  74. Adoptaremos una estrategia europea transversal de personas con discapacidad que sitúe
    en la agenda los principales retos hasta el año 2030, atendiendo al efectivo cumplimiento de
    la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, contando
    con la participación de administraciones, entidades y sociedad civil organizada, europea y
    española.
  75. Aprobaremos una directiva sobre igualdad de trato de las personas con discapacidad con un
    enfoque transversal para la no discriminación de las personas con discapacidad en todas las
    esferas de la vida personal y social.
  76. Una vez aprobada en 2024 la directiva sobre la tarjeta europea de discapacidad y la
    actualización de la tarjeta europea de estacionamiento reservado, se promoverá su
    rápida transposición por los Estados miembros, procurando que España lo haga de modo
    acelerado para que sus mandatos sean efectivos cuanto antes.
  77. Plantearemos a las instituciones europeas la aprobación de un fondo europeo de
    accesibilidad universal, dotado con el 1,5 % del montante anual de fondos estructurales,
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    13con el que se ayudará a los Estados miembros a realizar estrategias y planes efectivos de
    accesibilidad universal, sujetos a calendario. Con este soporte financiero, se exigirá a la
    Comisión Europea que elaborare un plan de accesibilidad universal y diseño para todas las
    personas, introduciendo obligaciones de accesibilidad y un enfoque de diseño universal
    en el desarrollo de todas las políticas públicas y priorizando el urbanismo, el transporte, la
    cultura y la accesibilidad a las comunicaciones. Como instrumento para desplegar este plan,
    se creará una agencia europea de accesibilidad universal y se trabajará para que su sede
    esté en España.
  78. Propondremos la aprobación de un nuevo reglamento europeo de derechos de los pasajeros
    aéreos con discapacidad que sustituya al vigente y que de verdad garantice la movilidad de
    este tipo de pasajeros, con todos los apoyos y sin discriminaciones o exclusiones como las
    que permite la actual regulación europea.
  79. Impulsaremos un marco de prescripción y calidad europeo para garantizar los servicios
    de promoción de la autonomía personal y de atención a las situaciones de dependencia
    y el derecho a recibir la asistencia personal necesaria para vivir en comunidad,
    independientemente del tipo de apoyos que se precisen.
  80. Avanzaremos hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y mayores,
    creando alternativas basadas en la vida comunitaria.
  81. Promoveremos las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el derecho al voto
    y al sufragio pasivo de todas las personas con discapacidad, garantizando el voto accesible,
    incluido el voto por correo y electrónico, así como la posibilidad de votar de manera
    independiente y secreta a través de ajustes razonables (por ejemplo, de códigos QR en
    las papeletas de voto, medios alternativos para el voto, voto anticipado, plantillas táctiles,
    guías en lectura fácil, lengua de signos y otros apoyos a la comunicación, braille, personas
    facilitadoras de comunicación) y permitir la libre elección de asistencia para votar.
  82. Impulsaremos medidas para tomar en consideración la situación específica de las mujeres
    y niñas con discapacidad en todas las políticas relevantes, especialmente en el desarrollo,
    implantación y seguimiento de las políticas de igualdad de género de la Unión Europea.
    Dichas políticas también deben tomar en consideración a las mujeres cuidadoras de
    personas con discapacidad.
  83. Impulsaremos una nueva gobernanza en las instituciones europeas en materia de personas
    con discapacidad basada en la participación y en un robusto diálogo civil, creando en el
    Parlamento Europeo una comisión específica de discapacidad, así como una comisión
    general de personas con discapacidad a nivel europeo, a modo de foro multinivel en el que
    tengan representación la comisión, el parlamento, los Estados y la sociedad civil.
    2.5. Universalizar el derecho a una alimentación saludable, sostenible y digna
  84. Defenderemos un nuevo reglamento comunitario que reoriente la política alimentaria de la
    Unión Europea sobre la base del desarrollo del derecho humano a la alimentación a partir del
    contenido de las directrices voluntarias de la FAO para la aplicación por parte de los Estados
    del derecho a la alimentación adecuada aceptadas por la Unión Europea en el año 2004.
  85. Impulsaremos un nuevo marco de control y actuación de la Agencia Europea de
    Seguridad Alimentaria, guiado por el desarrollo y el cumplimiento del derecho humano a la
    alimentación y libre de presiones de la industria alimentaria, química y farmacéutica.
  86. Promoveremos la adopción de una política coherente en el uso de la tierra para garantizar
    la seguridad alimentaria, declarar las semillas un bien común y prohibir la patentabilidad
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    14de ADN común en las plantas existentes, garantizar la máxima transparencia posible en la
    industria alimentaria y fortalecer los derechos de los consumidores.
  87. Pediremos que se garantice una revisión sistemática y rigurosa de la evidencia sobre los
    efectos carcinogénicos del glifosato (herbicida) y la suspensión y no renovación de la
    autorización mientras no se pruebe la seguridad (principio de precaución).
  88. Modificaremos el Reglamento relativo al Fondo de Ayuda Europea para las Personas más
    Desfavorecidas (actual Reglamento 223/2014), en el que se regula la ayuda alimentaria,
    que cada año representa cerca de 2000 millones de euros en la Unión Europea,
    desde una perspectiva de ampliación de derechos y abandonando progresivamente
    los modelos basados en la donación de alimentos que impiden a las familias elegir
    libremente su dieta familiar. Es posible vincular este fondo a una dieta saludable,
    sostenible y de calidad y proximidad que permita, además, impulsar experiencias
    vinculadas a la producción local, alejando del sistema a las grandes industrias
    alimentarias, que son las beneficiadas por el sistema actual.
  89. Exigiremos una reforma en las normas de etiquetado europeas que garantice la
    información clara y suficiente para el fomento de una alimentación sostenible. Se deberá
    incluir el uso del código semafórico siguiendo las recomendaciones de las sociedades
    científicas de salud pública.
  90. Promoveremos una normativa de alcance europeo sobre la publicidad alimentaria
    para garantizar el impulso de las políticas alimentarias sobre la base del derecho a
    la alimentación. Hay que abordar de forma muy clara el control sobre la publicidad
    alimentaria para controlar sus efectos perniciosos, sobre todo en la infancia y la
    juventud, limitando la publicidad de alimentos insanos en el horario infantil y reduciendo
    en general su presencia en los medios, a la vez que contrarrestarlo con campañas de
    alimentación saludable y sostenible. Controlar la publicidad implica poner límite a la
    esponsorización por parte de las grandes industrias de comida que hoy tienen cabida en
    cualquier acontecimiento social o deportivo.
  91. Haremos seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones asumidas por la
    Comisión Europea en esta materia con el objetivo de reducir en un 50 % el desperdicio
    alimentario.
  92. Exigiremos que se aplique una trazabilidad rigurosa de los alimentos, especialmente de
    los clones y sus derivados.
  93. Impulsaremos medidas para garantizar el acceso a la alimentación de las personas con
    necesidades nutricionales especiales.
    2.6. Una Europa que proteja a las personas consumidoras frente a las grandes
    multinacionales
  94. Promoveremos el aumento y la mejora de los mecanismos de control de los compromisos
    asumidos por los Estados y el desarrollo de instrumentos para la resolución extrajudicial
    de conflictos, así como el refuerzo de los procedimientos administrativos sancionadores y
    resarcitorios en beneficio del consumidor.
  95. Presionaremos para revisar el Reglamento de Cooperación para la Protección del
    Consumidor y mejorar la directiva sobre malas prácticas comerciales con el fin de
    garantizar y ampliar los derechos de los consumidores frente a los intereses de las grandes
    corporaciones.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  96. Promoveremos medidas para un mayor protagonismo de las organizaciones de
    consumidores ante el Parlamento Europeo, asegurando su intervención en los comités de
    trabajo en asuntos relativos a los derechos de los consumidores.
  97. Impulsaremos medidas para fomentar el consumo local y sancionar la deslocalización de
    empresas, perseguir y penalizar la obsolescencia programada y extender los periodos de
    garantía.
  98. Garantizar el derecho a la vivienda en toda Europa
  99. Apostaremos por un enfoque integral para abordar la exclusión social y el sobreesfuerzo
    económico resultante de la falta de viviendas sociales y asequibles, además de la necesidad
    de reducir significativamente la huella de carbono en el parque residencial europeo. El
    sector de la vivienda pública, cooperativa, social y asequible puede desempeñar un papel
    fundamental para garantizar un futuro social y sosteniblemente inclusivo para las personas
    en Europa. La Unión Europea dispone de una amplia variedad de herramientas a través de
    las cuales puede incentivar sistemas de vivienda socialmente inclusivos y sostenibles o
    exacerbar la actual crisis inmobiliaria.
  100. Promoveremos, desde el marco europeo, que el parque público de alquiler social y asequible
    español y los del resto de Estados miembros tengan la consideración de servicio público,
    con la misma protección jurídica y política de la que disponen servicios públicos como la
    educación o la sanidad, poniendo todos los medios europeos al servicio de esta política
    pública de los Estados miembros. En ese sentido, adaptaremos las normas sobre ayudas
    estatales para que no impidan a los Estados miembros abordar la crisis inmobiliaria, social y
    ecológica.
  101. Aseguraremos que la vivienda pública, como servicio público y también como
    infraestructura de los Estados miembros y, por lo tanto, de la Unión Europea, no pueda
    venderse ni privatizarse. Por ello, las autoridades comunitarias centrarán su actividad de
    fomento y protección en las viviendas que operadores públicos mantengan de forma
    permanente gestionada a precios inferiores a los del mercado.
  102. Fomentaremos, desde el ámbito de la Unión Europea, las asociaciones nacionales,
    regionales y locales a largo plazo entre proveedores de vivienda social y asequible, servicios
    sociales y autoridades locales para hacer frente a las necesidades de apoyo más urgentes.
  103. Abordaremos de manera urgente el impacto de las mayores tasas de interés y costos de
    construcción, que están frenando la entrega de nuevas viviendas sociales y asequibles.
  104. Simplificaremos el acceso a las 19 fuentes de subvención y financiación europeas
    actualmente disponibles, fijando condiciones claras en materia de criterios sociales.
    Además, promoveremos la creación de un fondo transformador que armonice todas las
    herramientas existentes, destinado anualmente a rehabilitaciones socialmente responsables.
  105. Impulsaremos la introducción de indicadores de exclusión habitacional en el marco del
    Semestre Europeo, así como las recomendaciones económicas, fiscales, laborales y sociales
    semestrales a los Estados miembros. Asimismo, introduciremos la exclusión de la vivienda
    como una sección central de las evaluaciones de impacto de las políticas europeas.
  106. Promoveremos la creación de un nuevo grupo de trabajo, dirigido por una Vicepresidencia
    de la Comisión Europea, para avanzar hacia un nuevo paradigma de vivienda en todo el
    proceso de formulación de políticas públicas europeas.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  107. Impulsaremos una directiva comunitaria sobre el derecho a la vivienda, reconocida por la
    jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014 como servicio de interés
    general, planteando obligaciones de servicio público mínimas a desarrollar de acuerdo con
    el principio de subsidiariedad. Estas medidas deberán abordar cuestiones relativas a:
    — Garantizar que las normas sobre deuda y déficit públicos tengan en cuenta
    adecuadamente el retorno social positivo a largo plazo de la inversión del sector.
    — La cohesión territorial y social a través de medidas de lucha contra la gentrificación
    como son el control de alquiler de precios, medidas de inclusionary zonning, reservas
    de suelo para vivienda protegida (especialmente de alquiler) o mixtura social.
    — La protección de consumidores, estableciendo figuras similares a las ya existentes en
    el ámbito energético a través de la categoría de “consumidores vulnerables” para los
    diferentes regímenes de tenencia de la vivienda. Igualmente, se adoptarán medidas
    para garantizar la no discriminación en el acceso y disfrute del derecho a la vivienda.
    — La promoción de regímenes de vivienda basados en fórmulas colectivas de tenencia,
    como el co-housing y el community land trust, que plantean alternativas de acceso a la
    vivienda que detraen lógicas e intereses especulativos.
    — La adopción de una “estrategia europea sobre vivienda” que, de manera transversal,
    aborde las diferentes medidas que desde el ámbito comunitario deben adoptarse para
    garantizar el derecho a la vivienda con el compromiso presupuestario de destinar como
    mínimo el 1,5 % del PIB, tanto a nivel de las políticas de la Unión Europea como de los
    Estados miembros.
    — La creación de un impuesto de alcance europeo contra la especulación inmobiliaria.
    — El impulso de medidas para gobernar desde los municipios, los Estados y las
    instituciones europeas las plataformas de alquileres turísticos y de corta estancia.
    — El desarrollo de vías para fomentar más inversiones europeas en vivienda pública,
    cooperativa y en rehabilitación energética, como mínimo a través de los fondos de
    cohesión de la Unión Europea, los créditos del Banco Europeo de Inversiones y las
    inversiones del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.
    — El impulso de un marco fiscal común que elimine los tratamientos fiscales privilegiados
    de los real estate investment trusts (similares a las SOClMI de la legislación española)
    y que impulse herramientas impositivas que faciliten la vivienda social y asequible,
    permitiendo y recomendando a los Estados miembros eliminar el IVA y otros impuestos
    indirectos a los proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda social y
    asequible.
    — Las políticas verdes de la Unión Europea deberían incluir objetivos de oferta de
    viviendas bajas en carbono para satisfacer la creciente demanda.
    — Fomentar una descarbonización de los distritos urbanos que aborde las necesidades
    locales de viviendas asequibles, bien conectadas y que utilicen recursos locales.
    — Ampliar el enfoque de renovación y circularidad para fomentar las cadenas de
    suministro locales, la creación de empleo de calidad, las empresas sociales y la
    biodiversidad.
    — Eliminar las golden visa o cualquier otro mecanismo existente en los Estados miembros
    que facilite los trámites de residencia vinculados a la inversión inmobiliaria.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  108. Exigiremos a las autoridades europeas que impulsen la prohibición de que las
    administraciones públicas desahucien de sus parques de vivienda a deudores que los
    servicios sociales y de vivienda consideren situaciones a proteger. Ninguna familia que no
    pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento podrá ser expulsada de las viviendas
    públicas.
  109. Fomentaremos el acceso a la vivienda desde el cooperativismo en cesión de uso y otras
    nuevas formas de tenencia permanentemente no especulativa, fortaleciendo el alquiler
    social y asequible, de forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeudamiento
    mediante el acceso al crédito hipotecario. Sin perjuicio de los programas de venta de
    vivienda protegida en derecho de superficie para rentas medias que puedan impulsar las
    Administraciones.
  110. Una educación pública y de calidad, pilar de la Europa social
  111. Trabajaremos para mejorar la cooperación entre las instituciones de la Unión Europea y los
    Estados miembros mediante el relanzamiento y la actualización del marco para la cooperación
    europea en educación y formación.
  112. Impulsaremos un nuevo Erasmus+ sin barreras. En el próximo marco financiero plurianual,
    pedimos aumentar el presupuesto de Erasmus+ actual y un sistema de becas que garantice el
    carácter equitativo del programa. Subrayamos la importancia de la movilidad, del aprendizaje
    no solo para los estudiantes de la educación superior, sino también para aquellos que trabajan
    en educación de adultos y en educación y formación profesional. También hay que mejorar la
    movilidad del personal docente en estos sectores; así como impulsar más oportunidades de
    movilidad para el profesorado y el alumnado de la educación primaria.
  113. Instaremos a la Comisión Europea a prestar más atención a la creación de un entorno de apoyo
    para el personal docente y para la dimensión social de la enseñanza. Se debe poner énfasis
    en la validación y el reconocimiento de los periodos de educación y formación en el extranjero
    y en línea. Por otra lado, se debe vincular la asignación del presupuesto para formación a
    procedimientos que aseguren la calidad y los resultados de aprendizaje. En este sentido,
    hay que impulsar herramientas que contribuyan a reconocer experiencias educativas
    en el extranjero y a garantizar un aprendizaje de calidad, como el marco europeo de
    cualificaciones (EQF), el registro europeo de aseguramiento de la calidad de la enseñanza
    superior (EQAR), el sistema europeo de créditos para la educación y la formación profesional
    (ECVET) y el aseguramiento europeo de calidad en la educación y la formación profesional
    (EQAVET).
  114. Promoveremos el reconocimiento mutuo de títulos. Las decisiones sobre la admisión a un
    programa concreto y las calificaciones requeridas para acceder a los estudios en universidades
    extranjeras se dejan a discreción de las universidades. Asimismo, el calendario y los criterios
    varían de una universidad a otra. Pediremos a la comisión que inicie un nuevo proceso para
    preparar política y técnicamente el reconocimiento mutuo de diplomas de educación superior y
    del nivel escolar y facilitar la validación transfronteriza de certificados de formación y aprendizaje
    permanente.
  115. Impulsaremos una directiva europea para la financiación y la armonización de la inversión
    educativa de los Estados miembros, con el horizonte de inversión del 7 % del PIB por Estado y
    la constitución de un fondo de cohesión educativo que corrija desequilibrios y desigualdades
    territoriales.
  116. Promoveremos la educación de 0 a 3 años para que sea un derecho garantizado en todos
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    18los Estados miembros. Hay que homologar la educación infantil que garantice su carácter
    plenamente educativo (no asistencial), con oferta obligada de plazas públicas para toda
    la infancia desde los 3 años y la creación de plazas de titularidad y gestión pública directa
    suficientes de 0 a 3 años.
  117. Propondremos el diseño y la implementación de un plan europeo para la educación de
    los menores pertenecientes a familias inmigradas y refugiadas, con especial énfasis en
    las zonas de crisis humanitaria y/o económica.
  118. Promoveremos la transformación de EURYDICE en una agencia europea para
    la evaluación cualitativa de los sistemas educativos europeos. En este sentido,
    fomentaremos la sustitución de sistemas de evaluación internacional estandarizados,
    tipo PISA, que tienden a elaborar ránkings sin que sirvan para mejorar la enseñanza en
    las aulas y el funcionamiento de las escuelas, por sistemas de evaluación integrales,
    democráticos y en los que participen las comunidades educativas que les faciliten
    información contextualizada social y culturalmente para mejorar sus procesos de
    enseñanza y aprendizaje.
  119. Exigiremos la apertura, en el marco del Instituto Europeo por la Igualdad de Género,
    de un departamento dedicado al observatorio de la igualdad de género y los derechos
    LGTBI+ en la educación.
  120. Impulsaremos la coordinación con Eurocities y CEMR de una estrategia europea de
    fortalecimiento de la municipalización de la educación, la descentralización educativa
    y la autonomía de los centros educativos.
  121. Propondremos una carta de derechos europeos sobre educación que asegure el
    ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad en todos los países de
    la Unión Europea.
  122. Garantizaremos una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión
    pública en todos los países de la Unión Europea que atienda las necesidades educativas
    en todas las etapas y modalidades y cuente con los recursos y servicios necesarios en la
    totalidad de los territorios.
  123. Exigiremos la reducción progresiva de la financiación pública a los centros privados de
    enseñanza hasta su desaparición, garantizando que el dinero público esté destinado
    únicamente a la educación pública. Para asegurar una red pública suficiente se
    incorporarán a esta los centros privados construidos en suelo público.
  124. Pediremos la prohibición inmediata de la financiación pública a las escuelas con ideario
    religioso o que discriminen por razón de sexo, creencias, orientación sexual u otras
    condiciones de índole personal, social o cultural.
  125. Promoveremos la creación del Consejo Escolar Europeo, como órgano de
    participación democrática de la comunidad educativa de la Unión Europea, que
    analice, proponga medidas y coordine el sistema educativo europeo.
  126. Fomentaremos que se establezca para toda la Unión Europea el periodo obligatorio
    de escolarización, con una duración de al menos trece años para la enseñanza
    básica común y una permanencia en el sistema educativo hasta los 18 años que
    incluya diversas vías formativas, incluidas las que permitan simultanear estudio
    y prácticas laborales retribuidas antes de la incorporación plena a un puesto de
    trabajo remunerado.
  127. Impulsaremos medidas para la reducción y homologación de la ratio de alumnado por aula
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    19en todos los Estados, de acuerdo con la establecida por la Red de Atención a la Infancia de
    la Comisión Europea, para la educación infantil, y de 20 estudiantes como máximo en las
    enseñanzas obligatorias, para poder desarrollar una enseñanza realmente personalizada
    que pueda atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje, características personales y
    situaciones socioculturales, y contando con el personal de apoyo necesario para garantizar
    que todo el alumnado progrese.
  128. Promoveremos medidas para la gratuidad del material didáctico, incluidos libros y
    recursos del profesorado y del alumnado, para garantizar la gratuidad real de la educación
    obligatoria.
  129. Fomentaremos el desarrollo de un sistema integral de becas y ayudas al estudio y gratuidad
    de los comedores escolares y de transporte escolar en zonas rurales en todos los países de
    la Unión Europea.
  130. Propondremos un plan de choque contra el abandono escolar prematuro en aquellos
    países con altos índices de fracaso escolar, dirigido a compensar desigualdades de
    origen social o cultural en aquellas zonas de los diferentes Estados de la Unión Europea,
    impulsando cambios curriculares, metodológicos y organizativos que permitan dar
    respuesta a la diversidad e incorporando nuevos perfiles profesionales en la escuela: de
    educación social y de trabajo social, de mediación intercultural, agentes de igualdad,
    etcétera, que apoyen la tarea educativa.
  131. Fomentaremos los programas de intercambio en educación secundaria, tanto en la
    modalidad de formación profesional como de bachillerato, con un sistema de becas que
    los haga igualitarios.
  132. Impulsaremos medidas para la integración y homologación europea de la formación
    profesional, ocupacional y permanente, cuya articulación esté coordinada en un consejo
    europeo de la FP.
  133. Exigiremos que los sistemas educativos de los países de la Unión Europea incluyan
    “educación medioambiental” y “educación para la igualdad y los derechos humanos”
    como temas transversales y como materias específicas en algunas etapas.
  134. Promoveremos la defensa del derecho a la educación de todos los ciudadanos y
    ciudadanas europeos residentes en otros países de la Unión Europea, asegurando su
    igualdad de oportunidades y el acceso a la educación permanente.
  135. Impulsaremos la homologación de la formación inicial para la función docente, de
    modo que facilite el intercambio y la movilidad, y requiera una titulación equivalente de
    al menos 4 años de estudios universitarios para cualquiera de las etapas educativas,
    formándose preferentemente en modelos simultáneos, donde se estudian al mismo
    tiempo los contenidos científicos y docentes. Garantizaremos un periodo de al menos
    un año de formación retribuida en los centros, con una adecuada transición entre la
    formación y el mundo laboral, que incluya la supervisión de profesorado experimentado,
    un apoyo graduado en las responsabilidades docentes y una evaluación que certifique el
    dominio de la profesión.
  136. Pediremos la inclusión de un análisis crítico de género en los planes de estudios de los
    países de la Unión Europea como un principio que debe impregnar todo el currículo.
  137. Garantizaremos la democracia en la gestión de los centros educativos, en la que
    participe activamente toda la comunidad educativa.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  138. Impulsaremos medidas para la extensión y recursos suficientes para la formación
    permanente del profesorado europeo y otros profesionales de la educación,
    fomentando los intercambios pedagógicos y culturales entre los profesionales de los
    distintos países miembros de la Unión Europea.
  139. Una Europa que proteja la sanidad pública y universalice el
    derecho a la salud
  140. Garantizaremos el derecho a la protección de la salud en todos los Estados miembros, con
    un abordaje integral y de acciones intersectoriales, con una asistencia sanitaria pública que
    garantice totalmente la universalidad. Toda persona residente en la Unión Europea debe tener
    derecho a una atención integral y multidisciplinar de la salud, centrada en la atención primaria
    y en la prevención y promoción de la salud dentro de un modelo integrado, eficiente y con
    financiación, provisión y gestión totalmente públicas. Debe garantizarse una gestión pública
    directa. También implementaremos políticas de mejora de la salud específicas para grupos de
    población vulnerables.
  141. Defenderemos, desde las instituciones europeas, una sanidad pública y de calidad. En ese
    sentido, las recomendaciones a los Estados en el marco de la gobernanza económica no
    pueden promover recortes en el sector público ni la promoción del sector privado.
  142. Impulsaremos una directiva-marco para la armonización de las coberturas sanitarias,
    la universalización de los sistemas sanitarios estatales y la facilitación de la sanidad
    transfronteriza. Debe garantizarse el derecho a la protección de la salud en la vertiente
    asistencial a través de la red pública que regule, controle, limite e impida, si procede, la
    utilización de la salud humana como una mercancía. Fomentaremos que la Comisión Europea
    y los Gobiernos garanticen el carácter público de la titularidad y de la financiación de los
    respectivos sistemas públicos de sanidad y salud. El acceso al sistema y a las prestaciones
    será universal y en condiciones plenamente garantistas de la equidad ciudadana para toda
    persona residente en cada país.
  143. Reforzaremos las estructuras de salud pública para trabajar con una orientación de vigilancia
    epidemiológica, promoción de la salud, acción comunitaria, protección y prevención bajo
    los principios de “Salud en Todas las Políticas” y “One Health” y con una perspectiva de
    participación de las comunidades en tener más poder sobre el control de los determinantes
    de su salud.
  144. Avanzaremos en modelos de atención integrada de coordinación entre dispositivos sanitarios
    (atención primaria, hospitales, salud mental) y sociales para mejorar los procesos de cuidado
    de personas en situaciones de enfermedad en situaciones sociales complejas.
  145. Exigiremos el aumento de las restricciones y de los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y las
    bebidas azucaradas, además de controles en la publicidad y en los sistemas de etiquetado
    sencillo en los productos alimentarios con base en su calidad nutricional, con especial énfasis
    en los productos dirigidos a la población infantil y juvenil.
  146. Promoveremos la evaluación del impacto en salud de todas las políticas públicas relevantes
    con influencia sobre los determinantes económicos, sociales y ambientales de la salud y el
    bienestar de la población.
  147. Garantizaremos que la estrategia de salud de la Comisión Europea se base en el paradigma
    de los determinantes sociales de la salud y en el trabajo intersectorial con todos los
    departamentos de la comisión para garantizar “salud en todas las políticas”.
  148. Reemprenderemos los informes periódicos de equidad y desigualdades en salud y
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    21haremos que los proyectos de promoción de la salud impulsados por la comisión asuman
    el objetivo de la equidad en salud.
  149. Promoveremos que la valoración del impacto en salud (health impact assessment) sea
    preceptiva y obligatoria en los grandes proyectos estratégicos de la Unión Europea.
  150. Reforzaremos los sistemas de alerta y protección de la salud existentes (brotes y
    alimentación) y exigiremos incorporar un sistema de alerta de contaminación ambiental
    y del impacto del cambio climático en la salud colectiva.
  151. Impulsaremos una estrategia europea para la vacunación universal de la infancia. Esta
    partirá de las recomendaciones adoptadas por el consejo en diciembre de 2018 y la joint
    action de la Comisión Europea con el fin de incrementar las tasas de cobertura vacunal,
    superar los escepticismos y fortalecer la coordinación entre calendarios vacunales y
    sistemas vacunales de los Estados miembros.
  152. Promoveremos que las políticas en materia de drogas se basen en la evidencia, sin
    prejuicios. Aprovechando el cambio de paradigma que va emergiendo desde muchos
    lugares y ámbitos del mundo, el Parlamento Europeo debería impulsar un nuevo
    abordaje que incorpore la regulación. Un nuevo enfoque que desde las instituciones
    europeas debería impulsarse y coordinarse con Naciones Unidas y sus agencias.
  153. Impulsaremos las medidas que garanticen una sexualidad libre y saludable, garantizando la
    diversidad, una educación sexual rigurosa que incorpore todas las dimensiones de la sexualidad y
    la obtención y disposición de métodos anticonceptivos seguros de forma accesible y asequible.
    Se debe garantizar a todos los países una asistencia y servicios sexuales y reproductivos gratuitos
    y accesibles, de buena calidad y seguros para todos.
  154. Reclamaremos a la comisión que incluya la promoción de la salud y los derechos
    sexuales y reproductivos en la próxima estrategia de salud pública.
  155. Trabajaremos para priorizar la financiación pública de la investigación en el ámbito
    europeo para eliminar las desigualdades, los efectos del cambio climático y la
    contaminación en la salud.
  156. Promoveremos un nuevo modelo de I+D sanitaria y de desarrollo de medicamentos,
    productos y tecnologías sanitarios y sociales que ponga el interés general en el centro,
    basado en:
    — Una I+D biomédica orientada a las necesidades en salud de la población que
    asegure que los productos obtenidos de la inversión pública sean accesibles,
    asequibles y estén disponibles.
    — Un sistema de I+D justo y sostenible que explore modelos de ciencia abierta e
    impulse premios y fondos de investigación que estimulen la innovación, evitando el
    problema de los monopolios y los altos precios de las tecnologías sanitarias, pero
    que también atienda a una gestión del conocimiento biomédico responsable.
    — La Unión Europea y sus Estados miembros han de estimular una competencia
    saludable e incentivar las innovaciones reales para crear un sistema sostenible para
    los Gobiernos y los pacientes.
    — Altos estándares de evidencia científica para la autorización y comercialización
    de nuevos medicamentos que aseguren calidad, transparencia y seguridad a los
    pacientes.
    — La Unión Europea debe reformar el sistema de los derechos de propiedad intelectual
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    22para asegurar un balance saludable entre los intereses privados y el interés público. La
    competencia es crucial para promover la innovación: la Unión Europea debería asegurar
    una competencia justa, previniendo y sancionando comportamientos anticompetitivos.
    — Además, la Unión Europea debería evitar la “exportación” de estándares de derechos de
    propiedad intelectual injustos y aplicar políticas en el ámbito del comercio que apoyen
    la salud global.
    — Unas políticas de fijación de precio transparentes que permitan conocer los costes
    reales y las inversiones públicas en innovación.
    — Avanzar en modelos de producción pública de fármacos alejados de conflictos de
    intereses económicos y que entiendan la salud como un bien común y no como un
    producto de mercado.
  157. Avanzaremos en desarrollo y acción comunitaria con un modelo salutogénico y de
    participación de la ciudadanía, con una participación activa de la ciudadanía como “titular”
    del sistema público de salud, no como simples usuarios ni, aún menos, como “clientes”.
  158. Implementaremos medidas para eliminar progresivamente todos los sistemas de copago
    o repago, ya que paga más el que más enferma, no el que más tiene, y es sabido que,
    precisamente, enferman más los que menos tienen.
  159. Reforzaremos la salud mental, la atención a las adicciones, la atención sociosanitaria y la
    atención a sectores vulnerables, garantizando una atención multidisciplinar.
  160. Impulsaremos medidas para garantizar una adecuada cobertura de las plantillas de los
    centros de salud y los dispositivos sanitarios en todos los Estados de la Unión Europea,
    mejorando las condiciones laborales del personal sanitario.
  161. Propondremos crear una estrategia de formación de personal sanitario común y homogéneo
    que evite desigualdades económicas y asistenciales en los diferentes países y que esté
    alejada del conflicto de interés de las grandes industrias.
  162. Impulsaremos la creación en todos los Estados miembros de estructuras sanitarias públicas
    con recursos financieros, materiales y humanos suficientes, priorizando la atención primaria
    de salud. La legislación europea debe “blindar” los servicios públicos de salud, impidiendo su
    desmantelamiento y estableciendo una cuantía mínima de gasto sanitario público no inferior
    al 9 % del PIB. De este presupuesto, entre un 25 y un 30 % se destinaría íntegramente a
    atención primaria y comunitaria, y un 4 % a salud pública.
  163. Promoveremos que se establezcan sistemas de información sanitaria comunes y
    homogéneos que garanticen el conocimiento de la situación de salud de sus ciudadanos y
    los resultados de los servicios y las políticas sanitarias.
  164. Pediremos reforzar las políticas de salud pública que promuevan un medioambiente físico y
    social saludable y sin riesgo, planificando la eliminación de contaminantes y reforzando los
    estudios epidemiológicos de salud ambiental, laboral y desigualdades en salud.
  165. Impulsaremos medidas para reforzar los servicios de salud mental con un enfoque
    biopsicosocial, con una orientación de cuidados comunitarios y una coordinación
    sociosanitaria y rehabilitadora, con ayudas para mantener a los pacientes con enfermedades
    más severas en su entorno social y familiar.
  166. Promoveremos las medidas necesarias para el derecho a la muerte digna y a los cuidados
    paliativos dentro del sistema sanitario público, homogeneizando criterios y legislación y de
    acuerdo con la voluntad de los pacientes.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  167. Propondremos medidas para lograr garantizar los derechos a la reproducción asistida en el
    conjunto de la Unión Europea, así como los tratamientos hormonales o quirúrgicos para las
    personas trans.
  168. Impulsaremos medidas para garantizar el tratamiento y la atención de las personas con VIH,
    potenciar la investigación pública en el desarrollo de fármacos y terapias respecto al VIH/sida y
    alcanzar un pacto social que evite la discriminación asociada.
  169. Apostaremos por la derogación de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los
    derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza y su sustitución por
    una legislación que, garantizando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión
    Europea, prohíba que se puedan pagar prestaciones en centros privados con fondos públicos,
    evitando que se pueda establecer un mercado sanitario en el ámbito de la Unión Europea.
  170. El cuidado de las universidades, la ciencia y la investigación,
    en el centro del proyecto europeo
    6.1. Una Europa más accesible y conectada gracias a sus universidades
  171. Defenderemos una transformación profunda de la universidad europea, entendida como
    servicio público que garantice el derecho a la educación superior abierta a la ciudadanía,
    garantizando una financiación de las universidades públicas en los Estados europeos de un
    suelo mínimo del 2 % del PIB e impulsando medidas para revertir los procesos actuales de
    privatización y subordinación de la universidad al mercado.
  172. Abogamos por caminar hacia el objetivo común a escala europea de la gratuidad de la
    educación superior en todos sus ciclos. En consecuencia, nos opondremos con rotundidad a la
    subida de precios de los estudios universitarios.
  173. Exigiremos un sistema europeo de becas-salario y ayudas al estudio que asegure que todo
    estudiante pueda completar sus estudios universitarios sin obstáculos.
  174. Acometeremos iniciativas dirigidas a contribuir a minimizar los problemas actuales del
    estudiantado y de, al menos, el segmento precario del profesorado y del personal de gestión
    y servicios de acceso a un alojamiento digno en los procesos de movilidad nacional o
    internacional, como plazas en residencias estudiantiles a precios asequibles.
  175. Garantizaremos en toda Europa la calidad formativa de las prácticas externas y su seguimiento
    y evaluación, asegurando un reconocimiento adecuado de todos los agentes implicados y
    dotando a esta actividad de las recompensas académicas y económicas que corresponden
    a la importancia de la tarea desempeñada, en la dirección de la inserción laboral digna y con
    derechos propugnada por la OIT.
  176. Combatiremos las múltiples precariedades, la sobrecarga y la inestabilidad del profesorado y del
    personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y elaboraremos un plan contra el
    envejecimiento del PDI y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios en las
    universidades.
  177. Consolidaremos un nuevo sistema de evaluación del profesorado, considerando el conjunto de
    sus trayectorias y contribuciones, y, en especial, las vinculadas con la función social más amplia
    del sistema universitario.
  178. Evaluaremos la investigación con nuevos indicadores que no dificulten las carreras del
    profesorado más joven, de los grupos de investigación más pequeños o de líneas no prioritarias,
    y que favorezcan carreras estables y más diversas.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  179. Universalizaremos las Unidades de Igualdad en las universidades, así como su reconocimiento
    en los estatutos de estas, dotándolas de los recursos económicos, materiales y humanos, y del
    poder de decisión y actuación requeridos.
  180. Extenderemos el requisito de la incorporación a los estatutos de todas las universidades de
    oficinas o unidades de atención a la discapacidad y a las distintas diversidades.
  181. Formaremos a todo el personal en relación con la igualdad de género, la discapacidad,
    las distintas diversidades y las dificultades de aprendizaje, y realizaremos campañas de
    sensibilización y concienciación al respecto, incluyendo al estudiantado, además de
    incorporar la sostenibilidad ambiental como un principio transversal en todas las actividades
    universitarias.
  182. Propondremos la representación democrática de los sectores universitarios en los
    órganos de gobierno de las universidades europeas, reequilibrando su representación,
    incrementando el peso del estudiantado y propiciando una gestión que responda a objetivos
    formativos y no mercantilistas.
  183. Impulsaremos la creación de la oficina europea para la cooperación y la internacionalización
    de las universidades de los Estados miembros, con la finalidad de avanzar hacia un auténtico
    espacio universitario europeo.
  184. Reforzaremos las alianzas europeas, con titulaciones, investigación o transferencia basadas
    en la colaboración de múltiples universidades europeas, así como los intercambios en el
    seno de los clústeres internacionales, especialmente a escala europea e iberoamericana,
    mediante actividades de docencia, investigación y transferencia.
  185. Fortaleceremos las becas y ayudas económicas destinadas a respaldar los procesos de
    movilidad internacional, por la duración completa y sus costes reales, dirigidas a todas
    las personas de la universidad y de los centros de investigación, especialmente entre los
    colectivos con más dificultades o menos recursos.
  186. Reforzaremos específicamente los intercambios con los ámbitos rurales, mediante
    programas como el Erasmus+ o la formación continua dirigidos a estos núcleos.
  187. Consolidaremos una nueva relación entre las agencias de evaluación que operan en las
    distintas escalas, desde la autonómica hasta la nacional o la europea, así como un nuevo
    papel de estas respecto de las actividades, fines y autonomía de la universidad, la ciencia y
    la investigación.
    6.2. Ciencia e investigación
  188. Impulsaremos el aumento de la inversión en I+D+i, terminando con los comportamientos
    procíclicos de la financiación de estas políticas, con el fin de alcanzar el objetivo de
    la Unión Europea de destinar el 3 % del PIB a investigación y desarrollo y proponiendo
    presupuestos plurianuales de I+D+i que garanticen un aumento constante de la inversión
    pública.
  189. Promoveremos un plan europeo de retorno del talento investigador y modelos de carrera
    profesionales estables que garanticen la formación de equipos humanos y tecnológicos
    a largo plazo. Crearemos una carrera académica de ámbito europeo, con criterios claros
    y objetivos para acceder a cada nueva escala, de modo que una mayoría amplia de
    las personas que inician una carrera científica y quieran continuarla pueda dedicarse
    de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Se facilitará la movilidad de
    científicos y científicas entre la academia y la empresa o la administración pública
    y la consolidación de una carrera profesional para el personal técnico y de gestión,
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    25que es clave para la viabilidad de la innovación. Exigiremos fórmulas para incentivar la
    contratación de jóvenes investigadoras con más programas conjuntos entre diferentes
    universidades europeas.
  190. Promoveremos una recomendación del consejo y del parlamento para la mejora de
    la financiación de la investigación en la Unión Europea y la ampliación del programa
    Horizonte Europa a proyectos de transformación social bajo criterios de impacto
    cualitativo.
  191. Impulsaremos el apoyo a la creación de redes y centros europeos de calidad en
    investigación y educación, mejorando la dimensión europea del aprendizaje permanente
    con el reconocimiento de cualificaciones y aptitudes; creando títulos, certificados y
    diplomas europeos públicos, y estableciendo normas mínimas comunes de calidad y
    seguridad ambiental en la educación y la formación.
  192. Impulsaremos una democratización de la planificación, priorización y gestión de los
    programas de I+D. Modificaremos las estructuras de gestión, evaluación y decisión en
    todos los instrumentos del programa Horizonte Europa para hacerlos más democráticos
    y abiertos, que faciliten el acceso a la financiación a los países o regiones menos
    desarrollados y que garanticen que no se financian proyectos con fines bélicos,
    violentos o contrarios a los derechos humanos. Fomentaremos la cooperación científica
    y tecnológica con los países del Sur Global.
  193. Pediremos la inclusión de la cohesión como criterio relevante para las propuestas de
    investigación, destacando las que pueden resolver problemas en las regiones menos
    desarrolladas.
  194. Exigiremos aplicar el principio de precaución en la evaluación de los programas
    europeos, especialmente en biotecnología, medioambiente, telecomunicaciones y
    energía. La legislación comunitaria deberá obligar a la industria a probar la inocuidad de
    sus productos, garantizándola antes de su comercialización.
  195. Fomentaremos la eliminación de los gastos dedicados a armamento, promoviendo la
    orientación de los recursos de I+D+i a aplicaciones civiles, descartando el modelo de
    desarrollo vía innovación militar. Aprobaremos una ley europea de objeción científica
    que legalice la oposición de los científicos a trabajar en programas de “defensa” militar.
  196. Optimizaremos las herramientas de financiación y estímulos a los proyectos de I+D+i
    hasta alcanzar el mercado o permear en la sociedad, con presupuestos suficientes que
    garanticen la continuidad de las iniciativas más ambiciosas, incluyendo demostradores/
    pilotos y pruebas de concepto, proyectos estratégicos que aseguren una autonomía
    en sectores tecnológicos disruptivos en que la Unión Europea disponga de ventajas
    comparativas.
  197. Ampliaremos el marco de la regulación europea respecto a la limitación de estudios con
    animales, promoviendo alternativas éticas y limitando estrictamente el estudio a aquellos
    campos de probada rentabilidad social, fundamentalmente dentro de la investigación
    médica, en los que no exista alternativa.
  198. Promoveremos un nuevo pacto social por la ciencia que fortalezca la colaboración público-
    privada y que apueste por una economía que privilegie el trabajo colaborativo, la cooperación
    interdisciplinar y el compromiso social.
  199. Impulsaremos un programa europeo de introducción a la investigación, acercando a los
    estudiantes a la práctica de la investigación.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  200. Pediremos crear un sello de “Mujer y Ciencia” para certificar los centros europeos con probada
    trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los
    puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y
    la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.
  201. Propondremos una hoja de ruta europea con objetivos a corto y largo plazo para corregir
    las prácticas que generan barreras en la carrera científica de las mujeres, promocionando
    las vocaciones científicas y garantizando la presencia equilibrada de mujeres en puestos de
    decisión, así como apoyando el acceso a la financiación pública de las mujeres con acciones
    que equilibren las situaciones de desventaja.
  202. Impulsaremos un plan de transición hacia la ciencia abierta. Estableceremos la exigencia de que
    los datos y resultados de investigaciones financiadas con dinero público sean de acceso abierto.
  203. Fomentaremos una mayor valoración de los méritos relacionados con el acceso a la ciencia y
    su difusión, como revisión, traducción, divulgación, edición, etcétera.
  204. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco
    sobre Evaluación de la Investigación (DORA).
  205. Impulsaremos un salto en la gestión digital de la ciencia, con un portal de investigación
    europeo que incluya todas las convocatorias de ofertas laborales, proyectos de
    investigación, convenios de colaboración y contrataciones realizadas por instituciones
    públicas de investigación.
  206. Propondremos crear un plan europeo de divulgación científica que estimule el pensamiento
    crítico y la apreciación de la ciencia. El plan incluirá una red europea de centros de
    innovación ciudadana para divulgar y abrir la ciencia a la sociedad.
  207. Proteger a las personas trabajadoras de la cultura, cuidar su
    diversidad en toda Europa
  208. Exigiremos el reconocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea de todas aquellas
    con estatus cooficial en los Estados miembros. Además, promoveremos la creación de
    instituciones que indexen y recopilen en las distintas lenguas de los Estados miembros,
    incorporándolas a los programas Erasmus y creando estancias intereuropeas para su
    aprendizaje y su divulgación, así como su inclusión en las plataformas digitales más
    utilizadas. A su vez, fomentaremos programas de visibilidad y protección de las lenguas
    minoritarias y minorizadas como valor patrimonial lingüístico europeo.
  209. Impulsaremos un pacto europeo por la cultura que proponga una hoja de ruta para hacer
    efectivo el reconocimiento de la cultura como bien esencial y bien público mundial en la
    Declaración de Cáceres, situando la política cultural entre las políticas estratégicas de la
    Unión Europea; que garantice el ejercicio universal de los derechos culturales y la protección
    y fomento de las industrias y sectores culturales y creativos, salvaguardando la igualdad,
    la diversidad y la libertad de creación y producción; y que apueste por una mayor dotación
    de recursos y presupuestaria de los programas de cultura de la Unión Europea. Asimismo,
    promoveremos la inclusión de la Cultura como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
    en la revisión de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
  210. Promoveremos la creación de un observatorio cultural europeo como refuerzo en la
    información, el análisis, la planificación, la prospección, la evaluación y las recomendaciones
    para el sector cultural europeo, favoreciendo así las experiencias y los aprendizajes
    compartidos de los territorios europeos.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  211. Impulsaremos marcos y estrategias para garantizar y ampliar los derechos económicos
    y sociales de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Nos comprometemos con
    los informes aprobados por el Parlamento Europeo encaminados a un Estatuto Europeo
    del Artista, con el objetivo de construir un marco normativo europeo de mejora de las
    condiciones laborales y definición de estándares comunes. Incentivaremos la movilidad
    transeuropea e internacional, la formación y reconocimiento de competencias y
    titulaciones, y la simplificación de procesos administrativos. Apostaremos por medidas
    de apoyo a la sostenibilidad del sector cultural para una transición ecológica y digital con
    derechos.
  212. Promoveremos las sinergias entre educación y cultura, e impulsaremos un programa
    europeo que fomente y apoye las iniciativas colaborativas basadas en la creación,
    la mediación cultural o el arte comunitario. Implementaremos un marco europeo de
    creación y ampliación de públicos, apoyando las redes de base de difusión cultural,
    como bibliotecas y mediatecas, grupos de lectura, cineclubes o filmotecas. A su vez,
    mejoraremos la plataforma web donde todos los instrumentos existentes de financiación
    de la Unión Europea se hallan enumerados, para que resulte más fácil, exhaustiva y
    eficiente, y promoveremos un marco europeo de creación y ampliación de públicos,
    apoyando las redes de base de difusión cultural, como bibliotecas y mediatecas, grupos
    de lectura, cineclubes y filmotecas.
  213. Implementaremos la estrategia de relaciones culturales externas con la debida atención
    a las organizaciones culturales locales y de base y a los actores. No solo para exportar
    cultura europea, sino también para crear vínculos y mejorar el diálogo intercultural.
  214. Apostaremos por el fomento de líneas crediticias culturales blandas y de fácil acceso,
    estableciendo un marco europeo en torno a los incentivos fiscales a la cultura mediante
    las aportaciones en mecenazgo y exigiendo la armonización, en todos los Estados
    miembros, de un IVA al 4 % en la totalidad de servicios y productos culturales.
  215. Promoveremos el desarrollo de la directiva de televisión sin fronteras para todos los
    canales y plataformas públicos y privados que operan en la Unión Europea que suponga
    un tanto por ciento de programación del propio país y de los Estados de la Unión Europea,
    así como la limitación de cortes publicitarios en emisión de películas y el control de la
    publicidad dirigida a la infancia. Asimismo, propondremos un impuesto a las empresas
    de telecomunicaciones que operan en la Unión Europea destinado a potenciar el sector
    audiovisual y digital europeo, armonizando los ya existentes.
  216. Protegeremos los derechos de autor y conexos, así como los derechos de todas las
    personas trabajadoras y usuarias de la cultura, en un contexto de digitalización y de
    expansión de la inteligencia artificial. Potenciaremos la gestión colectiva de los derechos
    de propiedad intelectual, una gestión profesional, transparente y solidaria; y la defensa
    colectiva de los derechos de las personas que crean y producen cultura, para garantizar la
    diversidad cultural frente a los monopolios digitales.
  217. Fomentaremos el mayor desarrollo de programas para estimular la creatividad, la diversidad,
    la innovación y la circulación en el marco de Europa Creativa, como Music Moves Europe,
    Media o Perform Europe; ampliando las acciones a todos los sectores culturales y creativos.
  218. Impulsaremos una política cultural que fomente la memoria democrática europea,
    obligando a la apertura de los archivos históricos y documentales en todo el territorio
    de la Unión Europea y financiando proyectos de digitalización e investigación que
    hagan accesibles los fondos a la ciudadanía y a la investigación, con prioridad para el
    conocimiento de las memorias silenciadas o pendientes de reparación y atención al
    expolio del patrimonio cultural.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  219. Una Europa realmente comprometida con el deporte y sus
    deportistas
  220. Apostaremos por un modelo deportivo europeo que recoja tanto el espíritu de la Carta
    Europea del Deporte como el del Tratado de Lisboa, al servicio del impacto social del
    deporte, y su acceso para todos y todas. Para ello, impulsaremos la ampliación de la
    financiación del Fondo Social Europeo y del Fondo de Desarrollo Regional Europeo, de
    manera que fomenten la inclusión social a través del deporte, además de aumentar el
    presupuesto de la Unión Europea destinado a los programas Erasmus+ Deporte.
  221. Evaluaremos el diseño de una directiva que regule la publicidad online y el juego de apuestas
    online y presencial vinculada a los fenómenos deportivos en su dimensión de salud pública,
    protección al consumidor y a los y las menores.
  222. Impulsaremos el establecimiento de una sección de la European Public Prosecutor’s Office
    orientada al fraude fiscal y la corrupción en las altas competiciones deportivas.
  223. Promoveremos la capacidad vinculante de la actividad de la Fare network para luchar contra
    la violencia, la discriminación, la homofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo en el
    deporte a través de todos los medios posibles, y fomentaremos la educación en valores
    mediante la práctica deportiva.
  224. Estableceremos las medidas normativas adecuadas para equiparar las condiciones de
    trabajo de las deportistas femeninas y propondremos adoptar un plan para promover una
    cobertura gradual equitativa de las competiciones deportivas masculinas y femeninas de
    alcance europeo.
  225. Impulsaremos la obligatoriedad de códigos de buen gobierno en las federaciones y clubes
    deportivos a nivel europeo, e implementaremos nuevas normas de transparencia en los
    traspasos de licencias federativas.
  226. Estableceremos medidas de protección y fomento de los deportes tradicionales practicados
    en nuestro territorio, en España y en Europa, como muestra de la diversidad cultural.
  227. Poner la economía social y el cooperativismo en el corazón
    de la Unión Europea
  228. Apostaremos por la designación de un Comisario europeo responsable de Economía Social
    para la próxima legislatura europea, en línea con la Hoja de Ruta de Lieja impulsada por
    España y suscrita por varios Estados miembros. En esa línea, impulsaremos la renovación
    del Intergrupo de Economía Social en el Parlamento Europeo, apoyado por más de 100
    eurodiputados de diversos grupos políticos, con el objetivo de colocar la economía social en
    el centro de la actividad legislativa europea.
  229. Promoveremos la incorporación de la economía social como un elemento transversal en las
    políticas industriales, económicas y sociales de la Unión Europea, desplegando en todas sus
    dimensiones la Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía
    social y asegurando una mayor dotación económica y un cronograma para el Plan de Acción
    Europeo para la Economía Social. A su vez, exploraremos la posibilidad de poner en marcha
    nuevos programas que financien adecuadamente el desarrollo del sector a nivel europeo,
    e impulsaremos la creación de una academia de promoción del cooperativismo a nivel
    europeo.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  230. Integraremos a la economía social como un eje estratégico en la coordinación de las
    políticas presupuestarias, económicas y sociales en el marco del Semestre Europeo.
    Asimismo, incorporaremos la economía social como una línea estratégica en la acción
    exterior europea.
    ACELERAR UN NUEVO PACTO VERDE EUROPEO CON LA JUSTICIA SOCIAL EN EL CENTRO
    Durante los últimos treinta años, y a pesar de las múltiples limitaciones impuestas por el
    neoliberalismo, la Unión Europea se ha convertido en un actor global de vanguardia en el impulso
    de la transición ecológica. Hoy, este liderazgo está seriamente comprometido.
    Por una parte, el consenso político que permitió desplegar el Pacto Verde Europeo, muestra
    del compromiso con la descarbonización de la economía europea, está en peligro. La extrema
    derecha negacionista lo ha demonizado, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de su relato
    reaccionario. La derecha conservadora, a su vez, está deslizándose progresivamente hacia
    posiciones retardistas que buscan obstaculizar la implementación de cambios estructurales o
    rebajar el enfoque integral del acuerdo. Por ello, en estas elecciones europeas está en juego algo
    inaudito: que Europa pueda conocer los primeros retrocesos notables en su política ecológica
    mediante toda una serie de recortes sobre derechos ecosociales consolidados.
    Por otra parte, la Unión Europea también está perdiendo la batalla de la innovación tecnológica y
    científica verde frente a otras superpotencias, como Estados Unidos y China, que han iniciado en
    los últimos cinco años un conjunto de políticas industriales ecológicas de enorme envergadura.
    La razón de fondo es que la Unión Europea se encuentra encorsetada por unos postulados
    neoliberales que sus rivales geoeconómicos, o bien nunca han asumido, como es el caso de
    China, o bien han abandonado de modo explícito, como ocurre con las Bidenomics en Estados
    Unidos.
    Estos retos se superponen con un imperativo histórico que para Europa implica un desafío
    existencial: reforzar su autonomía estratégica. La pandemia de la COVID-19 demostró que haber
    apostado por la deslocalización productiva y las cadenas de suministros opacas nos vuelve
    más vulnerables. La invasión rusa de Ucrania expuso el enorme peligro que suponen nuestras
    dependencias energéticas y materiales de autocracias y regímenes políticos que aspiran a destruir
    los valores y los principios del proyecto europeo. Para la Unión Europea, la descarbonización es
    mucho más que un compromiso climático: es el cimiento de su soberanía efectiva en un mundo
    turbulento. El camino de la autonomía estratégica es el camino de la transición ecológica justa.
    Una Europa que dé pasos atrás en materia de transición ecológica supondría un error histórico
    y una vergonzosa negligencia generacional. En primer lugar, porque nos encontramos en años
    decisivos para poder estabilizar el clima planetario y reintroducir nuestra actividad dentro de
    unos límites biofísicos ya sobrepasados. En segundo lugar, porque la superposición de las crisis
    que hoy comprometen la existencia misma del proyecto europeo tiene en la transición ecológica
    su mejor remedio. Tanto en materia de seguridad como de autonomía estratégica, en el sentido
    más amplio, democrático e integral del término (soberanía energética, competitividad económica,
    resiliencia geopolítica), la transición ecológica es la respuesta más racional, la que puede
    aprovechar mejor las capacidades y las ventajas de Europa.
    En este contexto, desde Sumar consideramos que la clave de bóveda de toda nuestra propuesta
    ecológica para Europa debe ser la reelaboración del Pacto Verde Europeo. Esta debe corregir sus tres
    grandes puntos débiles. Los seis principios generales que Sumar va a asumir para contribuir a una
    redefinición del proyecto europeo a través de un Pacto Verde Europeo mejorado son los siguientes:
  231. El nuevo Pacto Verde Europeo debe convertirse en la piedra angular de una refundación
    de la arquitectura institucional europea y alinear todos los tratados europeos con sus
    directrices, especialmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Acuerdos de Libre
    Comercio o la actual definición taxonómica de las inversiones verdes. Consideramos que
    la superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de las actuales reglas fiscales de
    la Unión Europea son la condición política de partida para que un Pacto Verde Europeo
    mejorado pueda funcionar como dispositivo de orientación del proyecto europeo en
    su conjunto. A su vez, la necesidad de un Pacto Verde Europeo ambicioso es uno de los
    argumentos más importantes para defender la necesidad de que Europa pase página a
    treinta años de gobernanza económica neoliberal.
  232. El nuevo Pacto Verde Europeo debe ser el núcleo motor de un retorno fuerte de la política
    industrial europea, equiparable al que hoy está desarrollándose en China o en Estados
    Unidos.
  233. En el nuevo Pacto Verde Europeo deben desplegarse medidas que fortalezcan servicios
    básicos como la sanidad y la educación, la adaptación a climas extremos, la gobernanza
    en situaciones de emergencia y la protección de colectivos especialmente vulnerables.
    Este intenso ciclo de redistribución debe orientarse a reducir las desigualdades sociales y
    territoriales existentes, tanto dentro de Europa como en el resto del mundo.
  234. El nuevo Pacto Verde Europeo debe ser pionero en la introducción de una orientación hacia
    una economía política poscrecimiento que permita asegurar altos niveles de bienestar al
    mismo tiempo que se reduce sustancialmente el impacto ecológico. Para ello proponemos
    una reforma ecológica de la contabilidad económica europea propiciada desde Eurostat
    en la que se generen indicadores oficiales de impacto ecológico que complementen al
    PIB y que serán asumidos e integrados por las diferentes contabilidades nacionales de los
    países de la Unión Europea. Usando estos indicadores, la Unión Europea impulsará políticas
    vinculantes de reducción de su huella ecológica.
  235. El nuevo Pacto Verde Europeo debe estar atravesado por los principios y valores que son
    inherentes al proyecto europeo, como la defensa de la democracia, los derechos humanos y
    la igualdad de género. Por ello abogamos por un marco impulsor de una transición ecológica
    democrática que refuerce la transparencia institucional, los procesos de gobernanza
    participativos y la mirada de género, también en los momentos de emergencia que puedan
    derivarse de las convulsiones climáticas, geopolíticas o económicas a las que nos aboga el
    solapamiento de crisis que marcará el siglo XXI.
  236. El nuevo Pacto Verde Europeo debe contribuir a que la Unión Europea recupere su papel
    de liderazgo como promotora de una planificación ecológica en clave democrática a
    escala global, aprovechando su liderazgo normativo y regulatorio, su facultad para ejercer
    la diplomacia climática y su capacidad de evitar la competencia a la baja entre los Estados
    miembros.
  237. Con base en estos principios generales, desde Sumar nos comprometemos a trabajar en las
    siguientes áreas para una transición ecológica justa:
  238. Ambición y seguridad climáticas
  239. Aumentaremos del 55 % al 65 % la reducción de emisiones previstas para 2030, sentando
    las bases para adelantar una década, de 2050 a 2040, la descarbonización completa de la
    economía europea. La presencia de energías renovables en el mix energético alcanzará un
    objetivo vinculante del 50 % en 2030 y un 80 % para 2040.
  240. Apostaremos por la electrificación de la demanda de energía final fijando un objetivo
    vinculante mínimo del 40% para 2030, garantizando que un 80% de la generación de
    electricidad sea con fuentes renovables, y del 60% para 2040, como vector energético
    sustitutivo de los procesos de combustión.
  241. Reformaremos el mercado eléctrico europeo, dejando atrás el sistema marginalista de
    fijación de precios, para que las energías renovables desplieguen todo su potencial. La
    ciudadanía y la industria podrán beneficiarse del abaratamiento de costes que implican,
    y las inversiones en renovables tendrán garantizado un retorno que no obstaculice su
    despliegue.
  242. Trabajaremos por la prohibición de la integración vertical de las empresas energéticas,
    impidiendo que la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía
    se concentren en una sola entidad privada.
  243. Reforzaremos la red eléctrica europea ampliando las conexiones entre los Estados
    miembros como forma de garantizar una red eléctrica europea descentralizada, estable
    e interconectada que sea mucho más resiliente ante problemas puntuales de suministro
    y garantizando la automatización y el mallado cercano al consumo.
  244. Fomentaremos la energía ciudadana y el cooperativismo energético, democratizando
    la energía, tanto en materia de producción como de consumo. Para ello, será necesario
    eliminar importantes trabas burocráticas y legales, y facilitar la asistencia técnica
    mediante el despliegue de una red de oficinas energéticas que permitan capilarizar el
    proceso y hacer más accesibles los sistemas de ayudas.
  245. Apoyaremos el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles como herramienta
    vinculante para la eliminación rápida y equitativa de los combustibles fósiles a nivel
    mundial. Asimismo impulsaremos que el conjunto de países de la Unión Europea se
    retiren del Tratado de la Carta de la Energía. Rechazamos, a su vez, cualquier esquema
    de compensación económica por la desinversión fósil: las empresas que han generado la
    crisis climática deben hacerse cargo de su factura histórica.
  246. Eliminaremos la energía nuclear y el gas de la taxonomía verde europea. Proponemos
    además una reforma integral del Tratado Euratom para reforzar la seguridad en el
    desmantelamiento del parque nuclear europeo y la gestión de residuos peligrosos, y que
    refleje los verdaderos costes y riesgos del proceso.
  247. Apostaremos por la protección y la regeneración de nuestros sumideros naturales de
    carbono, a través de la aplicación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, como el
    mejor método de captura de carbono que podemos desarrollar. Los procesos técnicos
    de captura y almacenamiento de carbono deben seguir investigándose, pero en ningún
    caso supeditar objetivos climáticos a tecnologías sin aplicación comercial factible.
  248. Dotaremos de más fondos y flexibilidad al Fondo de Solidaridad para que las regiones
    y comunidades más afectadas por crisis climáticas, como incendios o sequías, y
    catástrofes sanitarias puedan acceder directamente a ayudas de forma ágil.
  249. Fomentaremos la rehabilitación de edificios estratégicos como hospitales, residencias y
    colegios para que sean más accesibles, confortables y adaptados a temperaturas extremas.
    También impulsaremos una red de refugios climáticos en jardines, patios y espacios libres de
    edificación de propiedad municipal para lograr el objetivo de 30 % de cobertura arbórea en
    todas las ciudades.
  250. Transformaremos la infraestructura hídrica de Europa para volverla climáticamente
    resiliente, con especial atención a los problemas derivados tanto de la sequía como de las

    32inundaciones torrenciales. Es preciso devolver espacio a los arroyos y ríos mediante una
    ofensiva de desobstrucción de los cauces, así como con medidas basadas en la naturaleza
    para el almacenamiento de agua de lluvia. En el mundo rural se apoyará al sector agrícola
    para almacenar agua y reponer acuíferos mediante prácticas agrícolas que faciliten la
    conversión del suelo en una gran reserva de agua.
  251. Movilidad y transporte sostenibles
  252. Defenderemos una inversión decidida en infraestructuras ferroviarias para crear una red de
    ferrocarril paneuropea y electrificada antes de 2030 que sea la columna vertebral de una
    unión de infraestructuras europeas y que ofrezca la posibilidad de rutas transnacionales
    modernas y asequibles, tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de
    mercancías. En esta red de ferrocarril paneuropea el tren cama nocturno debe jugar un
    papel clave para reorientar desplazamientos que hoy se producen por vía aérea. También
    defenderemos una ejecución acelerada de las obras de desarrollo y finalización del Corredor
    Mediterráneo como parte de esta red de ferrocarril paneuropea.
  253. Crearemos un marco europeo de tarifa plana para el transporte público, con un sistema de
    billetes que sea asequible, accesible y fácil de utilizar en diferentes modalidades, compatible
    entre los diferentes Estados miembros, empezando por los Estados contiguos para así
    favorecer el transporte público transfronterizo. Se trata de extender el modelo de éxito del
    Deutschland-Ticket alemán al conjunto de Europa, explorando la posibilidad de introducir
    un proyecto piloto para una tarjeta de transporte público multimodal que permita a la
    ciudadanía acceder a todos los medios de transporte públicos disponibles en cada Estado
    miembro por un precio fijo mensual y asequible.
  254. Invertiremos a través del instrumento de los PMUS (planes de movilidad urbana sostenible)
    en desplegar, en todas las ciudades de Europa, una potente red de carriles bicicleta y
    para vehículos de movilidad personal, un diseño del espacio urbano e infraestructuras
    de transporte público accesibles y sin barreras, la expansión de la infraestructura de
    recarga eléctrica y soluciones de movilidad innovadoras como el transporte a la demanda,
    teleféricos y ascensores.
  255. Trabajaremos para prohibir la reversión de los carriles bicicleta y las medidas de transporte
    urbano sostenible, especialmente en aquellos proyectos cuya construcción haya contado
    con el apoyo de fondos europeos para su financiación o desarrollo. Con ese objetivo,
    ampliaremos los fondos europeos destinados a la infraestructura para ciclismo, alcanzando
    los 20 mil millones de euros para 2030 y la construcción de al menos 100,000 km de nueva
    infraestructura de ciclismo. Asimismo, apoyaremos el desarrollo de EuroVelo.
  256. Exigiremos a la Comisión Europea un mecanismo de seguimiento y monitoreo de las políticas
    verdes desarrolladas por las ciudades reconocidas con el Premio Capital Verde Europea para
    asegurar el compromiso de los Gobiernos locales con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
  257. Transición ecológica justa y democrática
  258. Crearemos el pase climático, una subvención destinada a financiar la renovación energética
    térmica de las viviendas europeas y a cambiar su sistema de climatización (calefacción y
    aire acondicionado) para favorecer tecnologías climáticamente neutras, como las bombas
    de calor. Las ayudas actuales, a menudo indescifrables, se redistribuirían para financiar
    este pase. El objetivo del pase climático será impulsar el concepto de rehabilitación sin

    33derramas, en el que el costo inicial de la inversión no sea un obstáculo para las rentas
    más bajas, adelantando el Estado la inversión inicial y recuperándola después mediante
    los ahorros en el coste de la factura de la luz. El programa también facilitará todas las
    gestiones burocráticas y de obras, eliminando fricciones y barreras en el proceso. El pase
    climático deberá ser el instrumento que nos permita alcanzar el ritmo de 500.000 viviendas
    rehabilitadas anualmente antes de 2030.
  259. Apoyaremos una garantía energética, un consumo energético vital garantizado, para
    proporcionar a todos los hogares europeos una cantidad suficiente de energía limpia a
    un precio asequible, estableciendo descuentos automáticos, progresivos y suficientes
    en las facturas energéticas de los hogares vulnerabilizados. Asimismo, promoveremos
    el establecimiento de modelos de tarifas eléctricas que permitan precios más justos y
    promuevan un uso eficiente de la energía.
  260. Aprobaremos una directiva europea contra las SLAPP —demandas estratégicas contra la
    participación pública— que buscan intimidar o silenciar a activistas y periodistas, entre otros,
    a través de procesos legales extensos y costosos.
  261. Sector agroalimentario sostenible y bienestar animal
  262. Reduciremos en un 42 % las emisiones del sector agrícola para el año 2030, garantizando
    la reducción de las emisiones de N2O y metano provenientes de la fertilización química
    y de la ganadería. También reduciremos, antes del fin de esta década, a un 50 % del uso
    de pesticidas, relanzando la directiva de uso sostenible de pesticidas, como el glifosato,
    apoyando una redefinición de esta que permita mantener sus objetivos al tiempo que
    se aumenta el apoyo a los agricultores en la transición hacia el nuevo modelo. Es preciso
    eliminar las lagunas legales que permiten el uso de productos químicos perjudiciales
    en los fertilizantes o de microplásticos en los pesticidas, por ejemplo. En el proceso de
    autorización de plaguicidas, las autoridades competentes deben ser más independientes
    de los fabricantes solicitantes y de sus alegaciones. Además, deben elaborarse y tenerse en
    cuenta evaluaciones de riesgos para otros grupos de animales en peligro.
  263. Promoveremos una transición justa hacia la agroecología a escala europea a través de
    un cambio en la orientación de los subsidios. En primer lugar, debe revisarse el modelo
    de ayuda directa por unidad de superficie, que beneficia esencialmente a las grandes
    explotaciones y no a la agricultura familiar. A su vez, debe desincentivarse el modelo
    superintensivo basado en agrotóxicos mediante la dedicación del grueso del presupuesto
    de la PAC (en la actualidad un tercio del total del presupuesto europeo) a fomentar el
    cambio de modelo: apoyo directo a la agroecología y la agricultura regenerativa y pago por
    servicios ambientales agrosistémicos. Los suelos agrícolas son nuestro gran sumidero de CO2,
    desperdiciado. Por eso apostamos por la rehumidificación de las turberas, la acumulación de
    humus en los suelos cultivables y la creación de masa forestal en los sistemas agroforestales,
    con perspectivas de ingresos estables para los agricultores. Asimismo, apostaremos por la
    ampliación y actualización de las ayudas a la producción local del actual POSEI comunitario, así
    como del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027, que afectan especialmente a áreas
    singulares, como el sector primario canario.
  264. Fortaleceremos la condicionalidad social de las ayudas, diseñando políticas agrarias en
    beneficio de pequeños agricultores, agricultura familiar, asalariados agrícolas, mujeres
    que desempeñan un trabajo muy pocas veces valorado y remunerado, y jóvenes que
    tienen grandes dificultades para emprender su actividad agraria y su proyecto de vida en
    el mundo rural. Especialmente, es necesario reforzar la titularidad compartida para apoyar
    la incorporación de mujeres de más de 40 años al sector agrícola. Debe implantarse una

    34infraestructura europea de asistencia técnica y apoyo administrativo para pequeños
    agricultores, acompañando a los agricultores en los procesos burocráticos que la
    PAC ponga en marcha y evitando que las explotaciones agrarias se conviertan en una
    gestoría.
  265. Desarrollaremos una ley europea de la cadena agroalimentaria que impida de manera
    real y firme las prácticas desleales y que asegure que los agricultores y ganaderos
    cubran los costes de producción. Esta ley debe promover la modificación de la directiva
    europea de prácticas comerciales desleales, prohibiendo y sancionando la compra a
    pérdidas en toda la Unión Europea, y desplegar un observatorio europeo de precios
    como mecanismo fundamental de regulación de mercado.
  266. Reduciremos drásticamente el uso de antibióticos para prevenir el desarrollo de gérmenes
    multirresistentes en la ganadería, que suponen una de las mayores amenazas para la salud
    humana. Para ello es necesario cambiar a mejores métodos de cría, aumentar la sanidad
    animal, restringir el tratamiento en grupo y dar prioridad al tratamiento de los animales
    individuales enfermos. Los antibióticos de reserva deben reservarse para la medicina
    humana. Asimismo, presionaremos por una estrategia europea para una ciencia sin animales.
  267. Desarrollaremos un plan de apoyo a la proteína vegetal. Queremos aumentar la gama de
    productos vegetales para el consumo europeo en materia de verduras, frutos secos y
    proteínas vegetales alternativas. Apoyamos la investigación y el desarrollo de procesos
    modernos de fermentación y cultivo celular, así como su lanzamiento al mercado a precios
    accesibles.
  268. Reduciremos a la mitad el desperdicio de alimentos de aquí a 2030, incluida la reevaluación
    de las características de clasificación y las normas de los supermercados, e introduciremos
    fechas de consumo en lugar de fechas de consumo preferente para ofrecer una
    información más vinculante sobre el consumo seguro de los alimentos.
  269. Pondremos fin a las megagranjas de animales y la crueldad hacia los animales en la ganadería
    industrial. Si bien la Comisión Europea no hizo nada con la histórica Iniciativa Ciudadana
    Europea para poner fin a la era de las jaulas, asumiremos la lucha de la ciudadanía para
    que finalmente se prohíba el cultivo en jaulas. Continuaremos luchando por reglas más
    estrictas para proteger a los animales durante el transporte comercial. También apoyamos
    la prohibición del transporte de animales no destetados y de las exportaciones de animales
    vivos a terceros países que no respeten las normas de bienestar animal de la Unión Europea.
    Apoyamos plenamente la Iniciativa Ciudadana Europea sobre una Europa sin pieles y la
    puesta en marcha de un paquete de medidas para proteger el bienestar de las especies
    acuáticas.
  270. Acabaremos con las prácticas crueles como la matanza sistemática de patitos machos,
    la alimentación forzada, el cultivo de pieles y las corridas de toros. Terminaremos con el
    sostenimiento del lobby taurino con fondos europeos. Asimismo, promoveremos medidas
    para mejorar el bienestar y la conservación de los animales salvajes.
  271. Avanzaremos hacia una nueva regulación europea de animales de compañía para poner fin a
    las malas prácticas de cría, asegurar el bienestar de las mascotas, atajar el comercio ilegal e
    implementar controles más estrictos en el comercio online.
  272. Impulsaremos el bienestar animal como eje de acción estratégico en la agenda de la nueva
    Comisión Europea, y estudiaremos la creación de un comisionado europeo de bienestar
    animal.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  273. Política pesquera y de aguas
  274. Apoyaremos la pesca artesanal y los sistemas de producción ecológica y de bajo impacto.
    Diversificaremos el consumo y la reducción de los descartes pesqueros para impedir la
    sobreexplotación de caladeros, evitando la introducción de especies no autóctonas y el abuso
    de las piscifactorías.
  275. Reconvertiremos la acuicultura europea, muy dependiente del cultivo del salmón, la trucha y la
    dorada, al cultivo de nuevas especies con menor dependencia de harinas de pescado.
  276. Protegeremos un 30 % de ecosistemas marinos europeos de la actividad pesquera.
    Investigaremos la viabilidad en algunos de esos espacios de la eólica off-shore o del
    aprovechamiento de la energía de olas y mareas, supeditadas a la preservación del medio
    marino.
  277. Protegeremos los acuíferos subterráneos y prohibiremos la privatización de los recursos de agua
    tanto superficial como profunda, incluyendo las aguas mineromedicinales, y la reversión de los
    ya privatizados. El agua debe considerarse un bien natural y gestionado por entidades públicas.
    Utilizamos la legislación existente de la Unión Europea para proteger las reservas vulnerables,
    priorizando el agua potable sobre otros usos y garantizando el acceso como un derecho básico.
  278. Mejoraremos la calidad del agua reduciendo los residuos, la basura plástica en el mar (en un 50
    %) y los microplásticos liberados al medioambiente (en un 30 %).
  279. Protección de la biodiversidad
  280. Trabajaremos para que la Ley de Restauración de la Naturaleza pueda aplicarse de forma rápida
    y completa, con especial énfasis en alcanzar sus objetivos intermedios y en revisar al alza sus
    objetivos finales. Ampliaremos la protección y recuperación de ecosistemas y de especies hasta
    alcanzar al menos el umbral de un 30 % de la superficie terrestre y marina protegida para 2030.
  281. Fomentaremos la interconexión de hábitats naturales protegidos por la Red Natura 2000
    mediante una red de corredores ecológicos europeos. Trabajaremos para proteger todos
    y cada uno de los espacios naturales de la Red Natura 2000 y nos opondremos a cualquier
    proyecto urbanístico que amenace estos espacios, como sucedería con la Albufera de
    ampliarse el puerto de València.
  282. Ratificaremos el Tratado de los Océanos de manera integral y legalmente vinculante bajo los
    auspicios de Naciones Unidas.
  283. Economía circular
  284. Impulsaremos una ley de recursos justos y resilientes que fije un calendario de
    desmaterialización de la economía europea, con objetivos vinculantes de reducción de la huellas
    ecológicas nacionales, tal y como reclamó la sociedad civil europea en la conferencia “Más allá
    del crecimiento 2023”.
  285. Crearemos una agencia europea de materias primas críticas que permita monitorizar
    el estado general y la accesibilidad de recursos estratégicos, teniendo en cuenta la
    preservación de los derechos humanos y garantías ambientales si estos proceden de
    terceros países, y promoveremos pruebas de estrés y de esfuerzo para las empresas
    europeas con el fin de asegurar el suministro.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  286. Apostaremos por otorgar a la circularidad un carácter prioritario en la política industrial
    de Europa, generando capacidad europea de fundición y tratamiento de materias primas
    (actualmente casi monopolizada por China), así como una planta europea de reciclaje de
    minerales críticos.
  287. Lucharemos contra la obsolescencia programada aumentando el periodo de garantía de los
    productos, asegurando el derecho a reparar, así como la obligación de suministrar repuestos
    usados durante un mínimo de 10 años. Apostaremos por la aprobación y transposición
    ambiciosa de la directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición
    ecológica, aprobada ya por el parlamento, creando una oficina de control para la publicidad
    engañosa con base en la directiva.
  288. Avanzaremos hacia una directiva de envases y residuos que establezca en toda Europa el
    sistema SDDR (depósito, devolución y retorno), así como objetivos vinculantes de reciclaje
    por países. También crearemos una tasa al plástico que desincentive el uso de envases de
    plástico en toda la cadena de valor.
  289. Una fiscalidad adaptada al reto climático
  290. Crearemos un impuesto mínimo del 15 % sobre los beneficios de las petroleras, armonizado
    con los objetivos de tasa impositiva mínima corporativa de la OECD y cuya recaudación se
    destinará a financiar los aspectos de justicia social de la transición ecológica.
  291. Daremos pasos hacia un gravamen adicional a los combustibles fósiles, estableciendo
    compensaciones para que la medida no recaiga en sectores vulnerables y servicios
    esenciales, con el objetivo de lograr la erradicación de su uso.
  292. Gravaremos, también, los bienes y servicios de lujo, tanto de particulares como de
    empresas, que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como
    vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en
    clase business. En todos estos casos, tendremos en cuenta la realidad geográfica y de lejanía
    de los territorios RUP.
  293. Una política industrial verde y transformadora
  294. Promoveremos inversiones específicas y programas detallados para recuperar el terreno
    industrial perdido en materias como los electrolizadores, las placas solares, las turbinas
    eólicas, las baterías y los sistemas de almacenamiento de energía, los coches eléctricos y los
    microchips y semiconductores.
  295. Estableceremos un programa estratégico de política industrial orientada a la
    descarbonización de la industria pesada y los sectores intensivos en carbono. Para ello,
    financiaremos el uso en toda la Unión Europea de contratos de protección del clima
    (contratos de carbono por diferencia) con cargo al presupuesto de la Unión Europea,
    apoyando financieramente a las empresas que conviertan su producción en neutra para el
    clima de la forma más rápida y rentable posible y que ahorren más CO2 en el proceso. Este
    programa debe llevar a la Unión Europea a convertirse en líder mundial en campos como
    el acero, la cerámica o el cemento verdes, o como los fertilizantes descarbonizados, que
    deberían beneficiarse con cuota mínima en los contratos públicos.
  296. Realizaremos un esfuerzo en formación profesional en aquellos sectores que puedan
    resultar desbordados por un aumento exponencial de la demanda, como es la
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    37rehabilitación de edificios. A su vez, Europa necesita una estrategia para retener y atraer
    el trabajo cualificado en todos los campos: el científico, el productivo y el administrativo.
    Nos aseguraremos de que los planes de formación conduzcan a empleos de calidad:
    sindicalizados, seguros, bien remunerados y respetados socialmente.
  297. Una política territorial efectiva
  298. Aumentaremos el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para
    el desarrollo urbano, así como del presupuesto de la Iniciativa Urbana Europea (IUE) para
    facilitar una mejor financiación directa a núcleos urbanos.
  299. Reestructuraremos la política de cohesión para incluir una financiación más directa;
    utilizaremos el marco financiero plurianual como garantía para conceder préstamos a
    las ciudades cuando sea necesario, y devolveremos el dinero estancado en planes de
    recuperación y resiliencia (PRR) no aprobados, no registrados o no utilizados por los Estados
    miembros a un fondo común de la Unión Europea que lo redistribuya mediante gestión
    directa a los beneficiarios finales.
  300. Apostaremos por el avance renovable en el medio rural con criterios no extractivos y
    participativos en los que la aceptación social y la redistribución de la renta sean pilares de su
    desarrollo. Además, se debe dar más voz a las comunidades rurales para que sean ellas y no
    los Estados miembros las que decidan dónde se deben priorizar las inversiones del Fondo
    Europeo Agrícola para el Desarrollo.
  301. Justicia climática mundial, hacia una internacional
    climática
  302. Democratizaremos y dotaremos de más recursos al Fondo Verde del Clima (FVC), facilitando
    el acceso de los Estados más vulnerables a este fondo. El FVC es el mecanismo financiero
    de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, creado a partir
    de la COP16 en 2010, para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo dirigidos a la
    mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. También debemos financiar el
    Fondo de Pérdidas y Daños, creado en la COP 28 en 2023 para compensar a los países que
    ya están sufriendo consecuencias irreversibles de la crisis climática.
  303. Promoveremos la agenda de Bridgetown para reformar un sistema financiero internacional
    que permita renegociar, reestructurar o condonar deuda soberana y privada, así como
    flexibilizar las condiciones de préstamos para la acción climática a medio y largo plazo,
    brindar liquidez de emergencia e incluir cláusulas de desastres naturales en instrumentos
    de financiación, entre otras medidas.
  304. Someteremos la extracción minera en terceros países a principios de cooperación y ayuda
    mutua. Impulsaremos las asociaciones de materias primas críticas de la ley de materias
    primas críticas para asegurar que en la relación comercial que la Unión Europea establezca
    con países productores se respeten altos estándares laborales, ecológicos y en materia
    de derechos humanos, así como el establecimiento de acuerdos bilaterales para fomentar
    que los países productores puedan también desarrollar el procesamiento de materias
    primas e industrias derivadas, contribuyendo así a fomentar una transición del Sur Global
    hacia una condición económica posextractivista.
  305. Garantizaremos que el reglamento europeo de cadena de suministro libre de deforestación
    tenga el efecto deseado estableciendo asociaciones con los países productores.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
  306. Feminismos climáticos
  307. Aseguraremos que las medidas del Pacto Verde Europeo tengan una perspectiva de género,
    incluyendo a las mujeres y al colectivo LGTBI+ en la toma de decisiones y contribuyendo a
    cerrar la brecha y a no aumentarla.
  308. Promoveremos políticas específicas que afectan mayoritariamente a las mujeres. Por
    ejemplo, incluyendo productos menstruales como parte de la regulación y gestión de
    productos químicos de la Unión Europea y eliminando impuestos sobre los productos
    menstruales, así como intensificando esfuerzos para promulgar leyes y reglamentos
    que fortalezcan las medidas de aplicación de la ley sobre el mercurio, especialmente en
    productos para el blanqueamiento de la piel.
  309. Salud pública y emergencia ecológica
  310. Implementaremos la nueva directiva de calidad del aire tras la actualización de los límites
    recomendados por la Organización Mundial de la Salud orientada a reducir las partículas
    contaminantes y a garantizar que la información sobre la calidad del aire sea accesible a la
    ciudadanía. Además, servirá para acercarnos al reto de reducir la contaminación a cero en
    2050 y para reducir un 55 % las muertes prematuras causadas por la contaminación.
  311. Desarrollaremos en profundidad la directiva de la Unión Europea sobre ruido ambiental y
    las directivas sobre ruido relacionadas con las fuentes emisoras (como los valores límite
    asociados de los vehículos), adaptándolas al estado actual de la técnica y el conocimiento
    científico.
  312. Lucharemos por una Europa libre de sustancias tóxicas para 2030 eliminando
    progresivamente el uso de las sustancias químicas más nocivas. Es especialmente
    urgente centrarse en las sustancias que causan daños duraderos a los seres humanos y
    los ecosistemas, como las sustancias químicas perfluoradas y polifluoradas, que deben
    eliminarse rápidamente de nuestros procesos productivos.
  313. Modelo turístico y protección del territorio
  314. Desarrollaremos una estrategia de turismo sostenible y de derecho al lugar a partir del
    despliegue y la reforma de la Agenda Europea de Turismo 2030. Esta estrategia regulará
    y acompañará a la industria turística para lograr articular una oferta que, siendo fuente
    de prosperidad en términos económicos, minimice sus impactos ecológicos y sociales.
    Regularemos el parque de viviendas turísticas en las ciudades, estableceremos límites a las
    plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios
    y desarrollaremos un paquete de tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al
    lugar de sus habitantes, internalizando costes que hoy se externalizan sobre la naturaleza y
    el estado de bienestar. Asimismo, apoyaremos y llevaremos a Europa las reivindicaciones de
    las movilizaciones masivas en defensa de un turismo sostenible, como las impulsadas en el
    archipiélago canario.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    39ABANDONAR LA AUSTERIDAD, TRANSFORMAR LA POLÍTICA
    ECONÓMICA Y FISCAL EUROPEA
    Los últimos cinco años han demostrado que las políticas de austeridad en la Unión Europea son una
    elección política, no un destino inevitable. La década tras la crisis de 2008 fue la de los recortes, el
    paro, la precariedad, los desahucios y la desigualdad. Una década perdida para el progreso social y la
    lucha contra la crisis climática que dio alas a la extrema derecha en nuestro continente.
    La reacción a la pandemia y la invasión rusa de Ucrania fue distinta. La Unión Europea desplegó
    políticas fiscales contracíclicas, suspendió el corsé del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, empezó a
    hablar de política industrial, aceptó políticas heterodoxas —como el control de precios— para contener
    la inflación y realizó incluso la primera emisión de deuda conjunta europea.
    Este cambio de rumbo no cayó del cielo. Representó la victoria de las reivindicaciones de las fuerzas
    progresistas europeas, acalladas durante la década anterior. El efecto de este cambio de paradigma
    está a la vista: se protegieron el empleo, los ingresos y las empresas. Se produjo una recuperación tres
    veces más rápida que la de 2008, con la expansión fiscal dirigiéndose a inversiones que transformarán
    nuestra economía a medio y largo plazo. Atravesamos una sucesión de crisis fortaleciendo, en vez de
    sacrificando, la cohesión social y las condiciones de trabajo.
    Sin embargo, no es momento para la complacencia. Pese a los avances logrados, la gobernanza
    económica europea —a nivel fiscal, monetario, comercial y de políticas industriales— sigue siendo
    deficiente. La mayoría de las políticas económicas innovadoras se diseñaron como medidas
    excepcionales para la gestión de crisis. Su ambición y dimensión es insuficiente ante los retos
    inmensos que tenemos por delante.
    Las elecciones europeas son decisivas para demostrar que el nuevo paradigma económico no fue
    una respuesta puntual, sino que ha venido para quedarse. Y que servirá para apuntalar una Europa
    más cohesionada, menos desigual, que trabaje por la ciudadanía y que sea capaz de realizar una
    transición climática justa y tener voz propia en una era de tensión internacional.
    Desde Sumar damos la bienvenida a los avances logrados durante la legislatura europea anterior.
    Pero no nos basta con resistir en tiempos de crisis. Por eso exigimos que se conquiste como
    permanente lo que en 2020 se asumió como temporal. Que se fortalezca la capacidad de la Unión
    Europea para garantizar la cohesión social y una gobernanza económica justa y que se elimine de
    una vez y para siempre la amenaza de las políticas de austeridad y los recortes antisociales. Para
    marcar este rumbo, queremos avanzar en cinco ejes de acción: reactivar la política fiscal, reformar
    la política monetaria, reinvertir los superávits comerciales excesivos, reinventar nuestro modelo de
    crecimiento, y avanzar hacia una economía sin paraísos fiscales.
  315. Reactivar la política fiscal. Los programas europeos de inversión pública (NextGenerationEU)
    y estímulo contracíclico (SURE) no deben ser un paréntesis coyuntural. Al revés: la Unión
    Europea necesita consolidar unas herramientas económicas con las que afrontar una época
    de crisis. Para ello son imprescindibles cuatro medidas:
    1.1. Impulsaremos una agencia europea de inversión. Esta agencia, inspirada en la
    experiencia de los fondos NextGenerationEU, tendrá como misión financiar las
    inversiones necesarias para abordar las transiciones ecológica y digital, aumentar la
    autonomía estratégica de las economías europeas y asegurar que estos procesos se
    llevan a cabo de forma justa, reforzando la cohesión social. Proveerá a la Unión Europea
    de una capacidad fiscal central y permanente con la que garantizar bienes públicos
    europeos (energía, medioambiente, infraestructuras, salud y seguridad).
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    401.2. Defenderemos un fondo europeo permanente para hacer frente a perturbaciones
    cíclicas. Este fondo estará inspirado en el programa de Apoyo Temporal para Mitigar
    los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE, por sus siglas en inglés), que
    contribuyó a financiar los ERTE en España, salvó millones de puestos de trabajo en
    la Unión Europea y permitió una recuperación económica más rápida. En este caso
    sería un mecanismo permanente capaz de financiar las políticas necesarias para hacer
    frente a este tipo de perturbaciones y también de desarrollar un sistema europeo de
    aseguramiento frente al desempleo.
    1.3. Propondremos reformar las reglas fiscales europeas. El uso activo de la política
    fiscal para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y a los
    efectos inflacionistas de la crisis energética se ha demostrado útil. Sin embargo, el
    resultado final de la reforma de las reglas fiscales vuelve a dificultar la aplicación de las
    políticas que necesitan las economías europeas. Las nuevas reglas mantienen la vieja
    obsesión con umbrales arbitrarios de deuda e impiden la consolidación del espacio
    fiscal necesario para una mayor inversión y para una verdadera sostenibilidad de la
    deuda. Desde Sumar defenderemos acabar con estos actuales umbrales y adoptar
    una capacidad fiscal central que acompañe los esfuerzos de los Estados miembros
    por consolidar las finanzas públicas, centrando sus esfuerzos en la construcción
    de una economía sostenible en vez de recortar la inversión pública. Esta capacidad
    central sustituirá el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por una agencia con
    un mandato democrático y transparente, un primer paso para un verdadero tesoro
    europeo.
    1.4. Regla de oro. Como medida temporal, o mientras no tenga efecto la reforma integral
    de las reglas fiscales, propondremos una regla de oro para las inversiones europeas que
    deje fuera del cálculo del déficit aquellas inversiones consideradas estratégicas para los
    objetivos de la Unión Europea, como las orientadas a la transición ecológica o digital.
    1.5. Reducción del desempleo como criterio de sostenibilidad de la deuda. Asimismo,
    buscaremos priorizar, como criterio para garantizar la sostenibilidad de la deuda, la
    reducción en la tasa de desempleo en vez de la del déficit estructural. Esta metodología
    serviría para reconciliar la estabilidad macroeconómica con mercados laborales más
    dinámicos, garantizar que economías como la nuestra rindan a su pleno potencial y
    evitar que las medidas para reducir el déficit produzcan una recesión y generen un
    círculo vicioso, como sucedió en la década de 2010.
  316. Reformar la política monetaria. El papel del Banco Central Europeo como prestamista de
    última instancia y garante de la estabilidad macroeconómica de la zona del euro ha vuelto a
    consolidarse. Este es el momento de ampliar su campo de actuación, redefinir su mandato y
    reforzar su legitimidad. Para ello propondremos cuatro medidas fundamentales:
    2.1. Democratización del BCE. Es imperativo democratizar el funcionamiento del banco
    central. El Parlamento Europeo debe tener un papel más activo en el proceso de
    rendición de cuentas del BCE, reforzando el proceso de “diálogo monetario” para que
    el banco central responda por todas las actividades reflejadas en su informe anual.
    Más allá de esta capacidad de evaluación, el parlamento debería ser parte activa en la
    selección, ratificación y revocación de la ejecutiva del BCE, enmendando para ello el
    Tratado de la Unión Europea si fuese necesario.
    2.2. Actualización de las herramientas del BCE. Nuestra época de crisis solapadas exige una
    revisión de los modelos macroeconómicos del banco central. Las recientes explosiones
    inflacionarias y las intervenciones del BCE al respecto han demostrado lo limitado
    de sus perspectivas y herramientas. Los riesgos de nuevas y cada vez más agresivas
    crisis causadas por las catástrofes climáticas serán con el tiempo un factor central
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    41de desestabilización económica y financiera, haciendo inservibles las viejas recetas.
    Más allá de esta revisión urgente de sus modelos, y dada la incertidumbre creciente, el
    BCE debe estar en cualquier caso dispuesto a actuar con flexibilidad y rapidez, sin ser
    esclavo de modelos que pueden quedarse obsoletos en cualquier momento.
    2.3. Un nuevo mandato por el pleno empleo y la transición ecológica para el BCE. La
    estabilidad de precios es un aspecto central de una economía moderna, y así está
    reflejado en el mandato principal del banco central. Hoy en día, sin embargo, esta es
    una visión reduccionista del papel que ya está asumiendo de facto esta institución.
    Las políticas monetarias tienen una enorme influencia en los mercados laborales o
    en la capacidad de financiación de proyectos esenciales. El banco central del siglo
    XXI debe asumir como objetivos centrales la sostenibilidad de la actividad económica
    y el equilibrio necesario entre la lucha contra la inflación y el pleno empleo. Por ello
    proponemos un triple mandato por la estabilidad de precios, ecológica y por el pleno
    empleo, que se implementará en coordinación con el resto de instituciones europeas.
    2.4. Tipos de interés duales para combatir la crisis ecológica. La subida de tipos de interés
    no puede poner en peligro la transición ecológica. Como ejemplo de una nueva
    herramienta concebida bajo el paraguas del mandato ecológico del BCE proponemos
    un modelo de tipos de interés duales en el que los proyectos considerados estratégicos
    para los objetivos medioambientales de la Unión Europea estén sujetos a unos tipos
    inferiores a los tipos de interés estándar. Esto facilitará su financiación y viabilidad,
    haciéndolos más resistentes a los vaivenes de la política monetaria, y también será
    parte de una política de estabilidad económica y de precios más sofisticada, pues la
    transición energética es una pieza imprescindible en el puzle de la futura resiliencia
    económica del siglo XXI.
  317. Reinvertir los superávits comerciales excesivos. El Protocolo de Desequilibrios
    Macroeconómicos señala como excesivo el superávit comercial que se sitúe por encima del
    6% del PIB. La falta de un brazo preventivo y coercitivo para abordar este desequilibrio —a
    diferencia del déficit público excesivo—, ha conducido a una insuficiente inversión y gasto
    de los países con mejor posición competitiva en el Mercado Interior Único, que también está
    detrás del rezago de Europa en el ámbito, por ejemplo, de la economía digital. Los grandes
    excedentes que han atesorado estos países han propiciado la aparición de burbujas de
    precios, la divergencia entre países y la presión sobre el BCE para lograr su remuneración al
    tipo de interés más alto posible. Todo esto ha dificultado el aumento de la inversión real.
  318. Reinventar nuestro modelo de crecimiento. La Unión Europea ya no puede depender
    de Estados Unidos para su defensa, de Rusia para su suministro energético ni del libre
    comercio para promover un modelo económico insostenible. Necesitamos un modelo de
    desarrollo más justo, más seguro y menos desigual que asiente las bases de una prosperidad
    compartida. Para ello es necesario promover cambios en cuatro ámbitos clave:
    4.1. El pilar social europeo en el centro. Haremos de los objetivos del pilar social europeo
    los elementos centrales de la política económica que debe perseguir la Unión Europea.
    Entre ellos queremos resaltar la lucha contra la desigualdad y la exclusión; propiciar una
    mayor integración de los sistemas de salud europeos; garantizar sistemas de protección
    contra el desempleo dignos; luchar contra la persistencia de la desigualdad salarial
    entre hombres y mujeres. La política económica de la Unión Europea debe incluir en
    cada uno de sus proyectos una cláusula de impacto en la integración de los países,
    de manera que se asegure que ningún proyecto de política pública a nivel europeo
    incremente las desigualdades entre los distintos países y regiones.
    4.2. Una política industrial europea. La pérdida de capacidad industrial nos ha vuelto
    vulnerables ante amenazas externas. Debemos trabajar por una autonomía estratégica
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    42plena en energía e industria verdes, vacunas y material sanitario, defensa, alimentación,
    tecnología e infraestructura (física y digital). Para cumplir este propósito sin fragmentar
    el mercado común es necesario desplegar y coordinar políticas industriales a escala
    europea: mediante la cooperación entre comisión y Estados miembros en proyectos
    específicos, la financiación del Banco Europeo de Inversión y la participación del capital
    público (europeo y nacional) en sectores estratégicos.
    4.3. Una nueva política comercial. Los tratados de comercio deben servir como
    herramientas de cooperación internacional, fortaleciendo las relaciones con socios que
    compartan nuestros estándares laborales y medioambientales. Es imprescindible revisar
    los tratados que socavan estos estándares, adoptando cláusulas espejo que garanticen
    una reciprocidad exigente en nuestras relaciones comerciales.
    4.4. Un nuevo indicador de estabilidad y bienestar económicos. Promoveremos establecer
    un sistema de contabilidad alternativo y complementario al PIB que tenga en cuenta
    factores de sostenibilidad medioambiental y bienestar social. El objetivo será poner
    los objetivos de desarrollo sostenible al mismo nivel que los actuales objetivos de
    crecimiento y deuda, haciéndolos igualmente vinculantes a la hora de evaluar la
    evolución de cada Estado miembro de la Unión Europea. En última instancia, estos
    estándares servirán para facilitar el desarrollo de un marco de políticas públicas
    poscrecimiento.
    4.5. Ampliar el presupuesto de la Unión Europea. Una Unión Europea más cohesionada
    y con mayor capacidad de apoyar a las diferentes economías nacionales es
    necesariamente una Unión Europea con más recursos. Para cumplir con estos
    propósitos, defenderemos exponencialmente la dotación presupuestaria del marco
    financiero plurianual, que para el periodo 2021-2027 representó poco más del 1 % del
    PIB europeo. Nos proponemos que el próximo marco financiero plurianual esta cifra se
    eleve al 2,5 % del PIB europeo mediante contribuciones de los Estados miembros. Este
    esfuerzo presupuestario sería a su vez complementado por los recursos propios de las
    instituciones europeas.
  319. Una economía sin paraísos fiscales ni territorios de baja fiscalidad. Debemos continuar
    revirtiendo los excesos de la era neoliberal, en la que el diseño institucional europeo
    estaba consagrado a blindar los intereses del capital en detrimento de los derechos de
    la ciudadanía. Para ello, proponemos las siguientes propuestas por una profundización
    democrática de la economía, eliminando la evasión de impuestos de los más ricos y en la
    economía digital, los paraísos fiscales, los territorios de baja tributación dentro de la Unión
    Europea y el fraude fiscal:
    5.1. Fiscalidad europea. Coordinaremos la adopción, desde la Unión Europea y a escala
    europea, de un impuesto mínimo del 2 % sobre las fortunas de milmillonarios, en línea
    con las propuestas del Observatorio Fiscal de la Unión Europea y como primer paso
    para la coordinación de este mecanismo a nivel internacional, siguiendo el ejemplo del
    segundo pilar de la OCDE para la adopción de impuestos mínimos.
    5.2. Impuesto europeo para operaciones de la economía digital. Crearemos un impuesto
    europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en
    cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios
    obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas
    tienen en el espacio digital europeo.
    5.3. Europa sin paraísos fiscales ni territorios de baja fiscalidad. Adoptaremos como
    prioridad la eliminación de los paraísos fiscales, por ejemplo, promoviendo la creación
    de una agencia fiscal internacional. Asimismo, promoveremos una armonización de
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    43la base y de los tipos nominal y efectivo del impuesto de sociedades para las grandes
    corporaciones multinacionales que operen en la Unión Europea, así como que el tipo
    aumente al 21% en el medio plazo. Gravaremos los beneficios repatriados de países
    de fuera de la Unión Europea y estableceremos impuestos de salida para aquellas
    empresas que deslocalicen su producción fuera de la Unión Europea y hayan recibido
    ayudas públicas.
    5.4. Fin del fraude fiscal. Impulsaremos un plan de choque integral para luchar contra
    el fraude fiscal en la Unión Europea y fuera de ella que incluya medidas firmes para
    erradicar los paraísos fiscales y obligar a las empresas que hacen uso de ellos para
    evadir impuestos a restituir los recursos sustraídos y ocultados. Promoveremos la
    conversión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en agencia europea,
    lo que aumentará sus recursos para investigar el fraude, la evasión y el blanqueo
    de capitales, y se reforzará su control democrático. España apoyará la creación de
    una agencia fiscal internacional en el marco de la ONU. Asimismo, promoveremos la
    adopción de impuestos europeos sobre las transacciones financieras para financiar las
    inversiones que necesita Europa.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    44MARCAR EL RUMBO HACIA
    UNA EUROPA MÁS
    DEMOCRÁTICA, FEMINISTA,
    DIVERSA Y SOLIDARIA
    DEMOCRATIZAR LA UNIÓN EUROPEA
    Es necesario y urgente transformar de arriba abajo el funcionamiento de la Unión Europea, llevar
    la democracia a sus instituciones, poner su arquitectura al servicio de los grandes desafíos de
    nuestro presente. Esto es: una reforma estructural del proceso de toma de decisiones en la Unión
    Europea es condición de posibilidad para ofrecer las respuestas necesarias a los principales retos
    de hoy: el impulso de una transición ecológica justa realmente transformadora, la profundización
    de una autonomía estratégica al servicio de las mayorías sociales europeas o la puesta en marcha
    de un proceso de ampliación que refuerce, de verdad, el proyecto europeo. Durante demasiado
    tiempo y en demasiadas ocasiones, Europa ha sido incapaz de actuar a tiempo; lo ha hecho de
    forma sesgada e ineficaz, empleando recetas que ya se habían probado fallidas, o lo ha hecho sin
    tener en cuenta cómo las decisiones de unos pocos impactaban sobre las mayorías.
    Para democratizar la arquitectura institucional de la Unión Europea, la reforma de los tratados
    es imprescindible, pues estos condicionan, de manera estructural, el alcance de las políticas
    europeas, orientando reglamentos y directivas, en demasiadas ocasiones, en un sentido neoliberal.
    Para marcar ese rumbo, que necesita de una correlación de fuerzas determinada, impulsaremos
    un paquete de reformas que ahonden en una interpretación progresista y transformadora de los
    tratados. Este rumbo requiere, pues, de una triple estrategia.
    En primer lugar, es imperativo denunciar las contradicciones evidentes que derivan de los tratados
    ahora en vigor y que se manifiestan, entre otras cosas, en el incumplimiento de los tratados por
    las propias instituciones europeas y sus Estados miembros. La forzosa reforma del artículo 135
    de nuestra Constitución, ejecutada con nocturnidad y alevosía mientras Alemania empleaba
    diversas formas de ingeniería financiera ahora declaradas inconstitucionales, es un buen ejemplo
    de ello. En segundo lugar, es necesario poner de relieve la incompatibilidad de muchas normas
    europeas, en especial aquellas que promueven la austeridad, y los textos constitucionales de los
    Estados miembros. En tercer y último lugar, es imprescindible explorar los límites que permiten una
    interpretación de los tratados orientada a la realización de los principios fundacionales del proyecto
    europeo, movilizando aquellas normas ya existentes —y virtualmente ignoradas— que prefiguran
    una Europa más social y democrática. Un buen ejemplo de ello es el artículo 116 del Tratado de
    Funcionamiento de la Unión Europea, que permitiría aprobar la armonización de impuestos en la
    Unión Europea mediante una mayoría cualificada, superando el veto de aquellos Estados que son,
    en realidad, paraísos fiscales.
    Así, democratizar la arquitectura institucional de Europa pasa por aplicar de forma universal y
    vinculante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Democratizar la arquitectura
    institucional de Europa pasa por mejorar la transparencia de las instituciones, los organismos
    y las agencias de la Unión Europea, Democratizar la arquitectura institucional de Europa pasa
    por luchar contra la corrupción y limitar la influencia de los grupos de interés. Democratizar la
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    45arquitectura institucional de Europa pasa por reforzar el Parlamento Europeo y los procedimientos
    de representación directa de la ciudadanía europea.
    Este es el rumbo que queremos marcar para llevar la democracia al proyecto europeo.
  320. Llevar la democracia a las instituciones europeas
    1.1. Impulsaremos un papel más activo del Congreso de los Diputados en el control de la
    acción del Gobierno. En primer lugar, garantizando un debate parlamentario antes del
    Consejo Europeo, de manera que sean públicas y conocidas las posiciones que van a
    defenderse en cada reunión del Consejo Europeo.
    1.2. Garantizaremos la transparencia en el conjunto de votaciones tanto en el Consejo
    Europeo (jefes de Estado) como en el Consejo de la Unión Europea (ministros), de
    manera que estas posiciones sean públicas y conocidas por la ciudadanía.
    1.3. Garantizaremos la transparencia en los distintos momentos del proceso decisional
    europeo, particularmente durante los llamados trílogos: las reuniones cerradas entre la
    Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
    1.4. 1.4. Modificaremos las normas reguladoras de acceso público a los documentos de la
    Unión Europea para limitar drásticamente la posible confidencialidad de estos, de modo
    que evitemos situaciones como las que se han dado en relación con los contratos de
    las vacunas.
    1.5. Crearemos un registro público que contenga todos los documentos divulgados en
    peticiones ya aprobadas de acceso público a documentos.
    1.6. Revisaremos las reglas de participación de los organismos consultivos de la Unión
    Europea, el Consejo Económico y Social y el Comité de las Regiones, de manera que
    puedan jugar un papel más activo en el proceso decisional.
    1.7. Protegeremos a los denunciantes (whistleblowers) que sean trabajadores de las
    instituciones europeas mediante un estatuto específico.
    1.8. Plantearemos programas de formación específicos en todos los niveles educativos
    sobre la Unión Europea, su funcionamiento y sus competencias, de manera que se
    refuerce la capacidad de intervención de la ciudadanía en los asuntos europeos.
    1.9. Propondremos que la Unión Europea desarrolle alternativas europeas a las plataformas
    y redes sociales de otros bloques políticos y sociales, de modo que existan
    infraestructuras gestionadas y reguladas en Europa para la interacción en las esferas
    públicas.
    1.10. Mejoraremos los mecanismos de participación ciudadana en el proceso decisional de la
    Unión Europea, integrándolos en un único sitio web oficial.
    1.11. Aumentaremos la frecuencia de las interacciones en línea y presenciales entre las
    instituciones de la Unión Europea y la ciudadanía a través de diferentes medios de
    interacción para garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar en el
    proceso de elaboración política de la Unión Europea. Proponemos crear un reglamento
    sobre la participación ciudadana para las instituciones de la Unión Europea.
    1.12. Crearemos una “evaluación-joven” de la legislación que incluya tanto una evaluación de
    impacto como un mecanismo de consulta con representantes de los jóvenes cuando se
    considere que la legislación tiene repercusiones sobre los y las jóvenes.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    461.13. Aumentaremos el nivel de transparencia y de información pública disponible de forma
    accesible sobre los numerosísimos comités y redes europeos que pueblan el sistema
    institucional de la Unión Europea y que adoptan decisiones de la máxima relevancia
    para los ciudadanos y ciudadanas europeos; en especial, respecto a quiénes los
    componen, cómo toman sus decisiones y, en fin, su contenido.
    1.14. Simplificaremos el sistema administrativo de la Unión Europea para que la necesaria
    experimentación y flexibilidad no resulten incompatibles con su irrenunciable
    legitimidad democrática. Por ejemplo, las más de cuarenta agencias administrativas
    que, con más o menos autonomía, han proliferado a lo largo de las últimas dos décadas
    han diversificado mucho el catálogo de actores europeos relevantes, y sobre ellas se
    tiene un escaso o nulo control democrático.
    1.15. Impulsaremos la creación de un Plan Europeo contra la Corrupción y el fortalecimiento
    de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para que casos como el Qatargate
    no vuelvan a suceder. En ese sentido, propondremos la adhesión de la Unión Europea
    al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) con el objetivo de permitir una
    evaluación externa e independiente de las normas prácticas de la Unión.
    1.16. Promoveremos la regulación de los grupos de interés, limitando su influencia y
    estableciendo la difusión pública obligatoria de sus actividades. Propondremos una
    legislación que penalice a las empresas y consultoras que practiquen las “puertas
    giratorias”, excluyéndolas de los contratos con financiación pública. Asimismo,
    estableceremos un período de suspensión de 12 meses tras el mandato parlamentario,
    durante el cual los y las eurodiputadas no podrán ejercer actividades de lobby ante
    ninguna de las instituciones ni agencias de la Unión Europea, y solicitaremos la
    ampliación de las competencias de la fiscalía europea a los delitos penales contra los
    intereses democráticos de la Unión Europea.
  321. Ensanchar la legitimidad democrática del proyecto europeo
    2.1. Regularemos un referéndum a escala de la Unión Europea convocado por el Parlamento
    Europeo, en casos excepcionales, sobre asuntos especialmente importantes para la
    ciudadanía europea.
    2.2. Modificaremos la legislación electoral de la Unión Europea con el fin de armonizar las
    condiciones electorales (edad de voto, fecha de las elecciones, requisitos para las
    circunscripciones electorales, candidatos, partidos políticos y su financiación) para las
    elecciones al Parlamento Europeo e implementaremos en las próximas elecciones la
    existencia de listas electorales supranacionales a escala de la Unión Europea, o “listas
    transnacionales”, que incluyan candidatos y candidatas de varios Estados miembros.
    2.3. Propondremos que todas las cuestiones que se decidan, hasta el momento, por
    unanimidad puedan decidirse por mayoría cualificada. Las únicas excepciones deberían
    ser la admisión de nuevos miembros en la Unión Europea y los cambios en los principios
    fundamentales de la Unión Europea, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado
    de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
    2.4. El proceso de toma de decisiones de la Unión Europea debería basarse en una
    estructura más clara y comprensible que se asemeje a los sistemas nacionales y refleje
    explícitamente la división de competencias entre las instituciones europeas y los
    Estados miembros.
    2.5. Reformaremos el Comité de las Regiones para que incluya canales de diálogo
    adecuados tanto para las regiones como para las ciudades y los municipios,
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA
    47otorgándole un papel más destacado en la arquitectura institucional si se trata de
    asuntos con impacto territorial.
    2.6. El Parlamento Europeo debe tener el derecho de iniciativa legislativa para proponer
    los temas a debatir y, posteriormente, adoptar los textos necesarios para seguir las
    recomendaciones que surjan de las deliberaciones.
    2.7. El Parlamento Europeo debería decidir sobre el presupuesto de la Unión Europea y
    tener capacidad de control completo sobre política de ingresos y gastos en la Unión
    Europea, la política fiscal, la política monetaria, etcétera.
    2.8. Propondremos una reforma del Banco Central Europeo con el objetivo de que su
    actividad sea fiscalizada por el Parlamento Europeo y de que las propuestas aprobadas
    por el Parlamento sean de obligado cumplimiento para el Banco Central Europeo.
    2.9. Reforzaremos la capacidad de control de los parlamentos nacionales sobre sus
    ejecutivos haciendo siempre transparente la posición defendida por los Gobiernos y sus
    ministros en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión Europea, una medida en la
    que España debe liderar con el ejemplo.
    2.10. Exigiremos que el Parlamento Europeo y la Conferencia de Órganos Especializados en
    Asuntos de la Unión Europea (COSAC) promuevan de forma efectiva que se consoliden
    estructuras de cooperación e intercambio de información entre los parlamentos
    nacionales y entre estos y las asambleas regionales.
    2.11. Modificaremos la relación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo,
    creando mecanismos de interacción regulares entre las diferentes instituciones;
    modificaremos las competencias de la Comisión Mixta para la Unión Europea en
    el Parlamento español de manera que sus competencias se extiendan más allá de
    garantizar que se cumple el principio de subsidiariedad.
    2.12. Reformaremos la estructura de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y la
    dotaremos de medios y recursos con los que pueda informar de forma anual sobre
    eventuales incumplimientos de todos los derechos recogidos en la Carta de Derechos
    Fundamentales de la Unión Europea, tanto a nivel supranacional como nacional.
    2.13. Modificaremos en profundidad el marco del Estado de derecho (rule of law framework)
    asignando un papel consultativo a la Comisión de Venecia.
    2.14. Reforzaremos las competencias de Eurojust, Europol y OLAF.
    2.15. Avanzaremos hacia la transparencia completa en el procedimiento legislativo, muy
    especialmente en lo que concierne a los llamados trílogos, que, al tiempo que parecen
    acelerar los procesos de toma de decisión, erosionan las bases en las que se asienta la
    legitimidad democrática directa del proceso de toma de decisiones europeo, en cuanto
    que reducen la representatividad del Parlamento Europeo y la propia transparencia del
    proceso de toma de decisiones.
    2.16. Aumentaremos la responsabilidad de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo,
    en particular simplificando el procedimiento de censura del colegio de comisarios y
    haciendo posible en algunas circunstancias la censura de comisarios individuales, y
    reforzando el poder de los diputados europeos en materia de apertura de comisiones
    de investigación.3. Más participación ciudadana en una Europa más accesible
    3.1. Fomentaremos el refuerzo de las estructuras y los procedimientos propios de la
    democracia representativa con cauces y canales de participación, de modo que la
    pluralidad de intereses sociales y económicos, y no solo unos pocos privilegiados grupos
    de interés, puedan informar de los procesos de toma de decisiones sobre las normas y las
    políticas europeas, como prevé el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea.
    3.2. Formalizaremos las vías de participación y garantizaremos que esta tiene lugar de forma
    no solo formalmente igualitaria, sino materialmente inclusiva, asegurando la igualdad de
    acceso y el igual trato de las aportaciones recibidas en los procesos de participación. De
    otro modo, se corre el riesgo de confundir la forma con la sustancia de la participación,
    lo que conduciría a reforzar las desigualdades y las asimetrías sociales.
    3.3. Impulsaremos una nueva conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, con un
    modelo de funcionamiento y participación radicalmente distinto que no sea solo
    accesible para una minoría y que avance en su carácter vinculante. Los límites de
    la participación tal y como se practica en la actualidad en la Unión Europea están
    reflejados de forma paradigmática en la iniciativa ciudadana europea (artículo 11.4
    del Tratado de la Unión Europea). El mayor obstáculo a que esta se convierta en un
    instrumento útil es la completa discrecionalidad que tiene la comisión a la hora de filtrar
    las propuestas. Por ello, es importante que el Parlamento Europeo asuma una mayor
    capacidad legislativa.
  322. Una reconstitución democrática de las instituciones europeas
    4.1. Avanzaremos en la clarificación del sistema de distribución de competencias tanto
    entre la Unión Europea y los Estados miembros como entre las diversas instituciones
    supranacionales, ya que la organización y el funcionamiento de la Unión Europea
    dispone de un conjunto de estructuras jurídicas cuya complejidad impide su
    conocimiento, comprensión y valoración crítica por parte de los ciudadanos europeos.
    4.2. Impulsaremos la atribución al Parlamento Europeo de la participación plena, en pie
    de igualdad con el Consejo de Ministros, en todos los procedimientos legislativos; el
    poder de conformar la agenda legislativa, en particular confiriéndole de forma general la
    iniciativa legislativa, y el poder de participar plenamente de la aprobación de la reforma
    de los tratados, así como el control parlamentario del Banco Central Europeo y la
    Comisión Europea.
    BLINDAR MÁS DERECHOS Y LIBERTADES FEMINISTAS Y LGTBI+
    El avance de las fuerzas reaccionarias en Europa ha convertido el movimiento feminista y la
    lucha de las personas LGTBI+ en una de las principales dianas para quienes aspiran a aniquilar la
    libertad, retroceder en derechos y pintar una España y una Europa en blanco y negro. Frente a
    esta pretensión, los movimientos feminista y LGBTI+ han ejercido, una vez más, como vanguardia.
    Lo son en nuestro país, que cuenta con una sociedad abierta y diversa que ha ido en muchas
    ocasiones por delante de sus gobernantes, y aspiramos a que también lo sean en Europa: es
    el momento de extender el horizonte de derechos para que la Unión Europea feminista y de
    libertades no sea un eslogan, sino una realidad tangible. Y esta gran transformación implica, como
    siempre lo ha hecho, la alianza entre el feminismo y el colectivo LGBTI+.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    49La lucha feminista es la lucha por una libertad compartida, más profunda, sostenida entre todas,
    cada una de la mano de las otras, pues debemos asegurarnos de que los derechos feministas
    lleguen a cada rincón de Europa, blindando y universalizando el derecho al aborto y a la salud
    sexual, garantizando la dignidad y la igualdad en el trabajo, avanzando hacia una distribución justa
    de los cuidados.
    Para ello es necesario un feminismo del 99 %, capaz de amparar a todo el mundo, que
    hilvane la defensa de la emancipación de las mujeres con el derecho a ser y a tener una vida
    digna y libre de violencias, con independencia de quien una sea, con el derecho a amar y al
    reconocimiento de las familias diversas más allá de las fronteras. Son derechos que hoy ponen
    en peligro varios de los Gobiernos de Europa y que deben blindarse, conscientes de que la
    conquista de derechos LGTBI+ no ha sido en beneficio de la libertad de unas minorías, sino
    que ha ensanchado la democracia en su conjunto y extendido la libertad de todas.
    La apuesta de Sumar es por un feminismo transformador, de mayorías, para todo el mundo,
    que se construya desde una perspectiva interseccional y europea. Hay que ir más allá de las
    declaraciones formales, un análisis sectorial o una única estructura de poder, más allá de la
    paridad institucional o en los consejos de administración. Es necesario comprender cómo
    interactúan entre sí los diferentes sistemas de opresión vinculados al género, la clase, la
    orientación sexual, la diversidad funcional, la raza o la nacionalidad, pues esto nos permite no solo
    trascender el repliegue conservador, sino también articular coaliciones amplias en pos de una
    libertad compartida. El feminismo es un proyecto radicalmente transformador para la sociedad
    del siglo XXI, para España y para Europa; y, en cuanto que radicalmente transformador, también es
    radicalmente democratizante.
    Queremos defender, en Europa, un feminismo laborista, que se preocupe más por los cristales
    rotos y por los suelos pegajosos que por los techos de cristal, que no se contente con derechos
    para algunas si no hay derechos para todas y no llegan a la persona más vulnerable de nuestra
    sociedad, a la mujer más precaria. Es un modelo feminista abierto, ecofeminista, antipunitivista
    e interseccional que encarna el futuro que imaginamos y deseamos para la Unión Europea. Un
    proyecto europeo cuyas propias prácticas y formas también han de ser feministas, que lleve
    adelante políticas de representación, redistribución y reconocimiento.
    La propuesta de Sumar para marcar el rumbo hacia una Europa feminista y libre se articula en tres
    ejes: la política de cuidados y el feminismo del 99 %, la lucha contra las violencias machistas y por
    los derechos sexuales reproductivos y la defensa de los derechos y libertades LGTBI+.
  323. Una revolución de los cuidados desde Europa
    1.1. Iremos más allá de lo planteado en la directiva relativa a la conciliación de la vida
    laboral y familiar. Es necesario avanzar a nivel europeo hacia un sistema de permisos
    y prestaciones para el cuidado, trabajo no remunerado que en la actualidad asumen
    de forma desproporcionada las mujeres. Todos los meses de los permisos parentales
    intransferibles deben ser remunerados y el permiso de baja por maternidad para
    familias monomarentales ampliado hasta las 32 semanas, con el objetivo de promover
    una distribución igualitaria y corresponsable del cuidado.
    1.2. Exigiremos que la directiva relativa a la conciliación incluya a las trabajadoras
    autónomas y que se proponga, a su vez, un marco legislativo propio a nivel europeo
    para hacer efectivo y real el derecho de los cuidados de estas personas.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    501.3. Impulsaremos un marco europeo para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y
    la atención asistencial, sectores frecuentemente precarizados y desregularizados, dignificando
    las relaciones laborales de las personas trabajadoras domésticas y de las correspondientes
    profesiones en el marco del Convenio 189 de la OIT ratificado por España y otros Estados
    miembros de la Unión Europea.
    1.4. Promoveremos una racionalización de los horarios laborales, garantizando el derecho a la
    desconexión y a una distribución más justa de los cuidados, complementada por nuestra
    apuesta por una reducción de la jornada laboral a nivel europeo, en consonancia con la apuesta
    por la jornada laboral de 32 horas.
    1.5. Aplicaremos la “cláusula del Estado miembro europeo más favorecido”, ampliando el
    Pacto Simone Veil para una igualdad real que armonice por lo alto, y no por mínimos, los
    derechos de las mujeres en Europa.
    1.6. Lucharemos por el cumplimiento de la Estrategia Europea de Cuidados y la ampliación
    de sus objetivos para garantizar servicios asistenciales de calidad, asequibles y
    accesibles en todos los Estados miembros, así como para mejorar la situación tanto de
    los cuidadores (profesionales o informales) como de los receptores de cuidados, con
    especial atención a los servicios asistenciales en la primera infancia y en los cuidados
    de larga duración o de mayor complejidad.
    1.7. Garantizaremos que todas las políticas públicas, normativas y presupuestos de la
    Unión Europea y de los Estados miembros se elaboren desde la perspectiva transversal
    de género y el análisis feminista con enfoque interseccional, haciendo preceptivo
    el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género o de órganos estatales
    análogos.
    1.8. Derogaremos la directiva Bolkestein en aquellos aspectos necesarios para
    desmercantilizar al sector de los cuidados, a fin de que este pueda quedar bajo la
    cobertura estatal y el sector comunitario.
  324. Ensanchar los derechos sexuales y reproductivos,
    poner fin a las violencias machistas
    1.1. Apostaremos por incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de
    la Unión Europea al mismo tiempo que abogamos por blindarlo en la Constitución
    española, para proteger los derechos sexuales y reproductivos frente a la amenaza de
    fuerzas políticas reaccionarias y de extrema derecha. Si no es posible la unanimidad
    de todos los Estados miembros, promoveremos que la normativa europea elimine la
    prohibición del aborto en la legislación penal de los Estados miembros, de acuerdo a las
    recomendaciones de la OMS y garantizando, además, el ejercicio de este derecho en el
    sistema público y desde la proximidad.
    1.2. Lucharemos para que la futura revisión de la directiva sobre la lucha contra la violencia
    contra las mujeres y la violencia doméstica, acuerdo histórico entre el consejo y el
    parlamento y que tipifica como delito en toda la Unión Europea la mutilación genital
    femenina, el matrimonio forzado o el ciberacoso, incluya el delito de sexo no consentido
    y aplique de manera efectiva el Convenio de Estambul. Asimismo, trabajaremos por el
    reconocimiento de la violencia intragénero en el marco europeo.
    1.3. Solicitaremos la ratificación e implementación plena del Convenio de Estambul dentro de
    todos los Estados miembros, diseñando procedimientos de infracción a aquellos que lo
    infrinjan, no lo transpongan o no lo apliquen. En este sentido, promoveremos la auditoría de
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    51los Estados sobre el grado de cumplimiento y medidas implementadas para la efectividad
    de estos derechos.
    1.4. Trabajaremos para ampliar la directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de
    seres humanos y la protección de las víctimas tras lograr incluir la explotación por gestación
    subrogada, con el objetivo de cubrir la trata de personas en el sector agrícola, articular
    mecanismos para la denuncia sin sanción y regularizar a las víctimas de trata en situación
    administrativa irregular e impedir su expulsión o blindar de forma generalizada la protección
    de las víctimas.
    1.5. Impulsaremos la creación de un observatorio europeo de violencia de género, como se
    acordó en 2010 durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, con
    vistas a obtener estadísticas de alta calidad en apoyo de las medidas políticas, visibilizar,
    identificar y recomendar acciones para que los Estados miembros pongan en marcha
    las medidas y recursos públicos necesarios para acabar con las violencias machistas.
    Asimismo, aumentaremos el presupuesto y la operatividad del Instituto Europeo de
    Igualdad de Género (EIGE) y promoveremos que adquiera funciones de auditoría a los
    Estados miembros.
  325. Más Europa, más derechos y libertades LGTBI+
    2.1. Exigiremos la implementación de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBI+
    2020-2025 y su ampliación, haciendo realidad la perspectiva LGTBI+ e interseccional en
    todas las políticas de la Unión Europea. Instaremos también a desbloquear la directiva
    sobre igualdad de trato, paralizada durante más de 15 años. Dado que cualquier
    medida encaminada a luchar contra la discriminación por motivos de orientación
    sexual, diversidad corporal, diversidad familiar, identidad o expresión de género
    requiere unanimidad entre los Estados miembros en el Consejo de la Unión Europea,
    deben articularse al menos mecanismos que penalicen a aquellos Estados miembros
    que incurran en discriminación contraria al compromiso de la Carta de los Derechos
    Fundamentales de la Unión Europea.
    2.2. Llevaremos el pacto de Estado contra los discursos de odio al ámbito europeo,
    apostando por una estrategia a escala europea. Siguiendo la estrategia LGTBI+,
    ampliaremos la lista de delitos recogidos en los tratados, castigando los delitos de odio
    en general y con inclusión expresa de la motivación de orientación sexual o identidad
    de género, al mismo tiempo que impulsaremos campañas de concienciación y
    sensibilización a nivel europeo para lograr un consenso social y político en este sentido.
    Proponemos la regulación sobre los medios de investigación y obtención de pruebas
    sobre los discursos de odio en las redes sociales.
    2.3. Protegeremos a las familias LGTBI+ ante las acciones de Gobiernos reaccionarios,
    garantizando la libre circulación para todas las parejas independientemente de su
    género u orientación sexual, según las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión
    Europea, y protegiendo el reconocimiento del matrimonio y la filiación en todos los
    países de la Unión Europea, revisando para ello la directiva de libertad de movimiento, la
    directiva de reunificación familiar y la directiva de requisitos para el reconocimiento al
    derecho a la protección Internacional.
    2.4. Impulsaremos el reconocimiento jurídico a nivel europeo de las personas trans, intersex
    y no binarias, sobre la base de la despatologización y autodeterminación de la identidad
    personal y mediante procesos claros, rápidos, sin requerimientos clínicos —como
    la cirugía, esterilización, hormonación forzada— y no coactivos o restrictivos de los
    derechos civiles —como la restricción de derechos familiares, el divorcio forzoso o la
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    52aplicación de medidas preventivas de seguridad—. Prestaremos especial atención a
    la garantía de los derechos de las personas trans en situación de migración, minoría
    de edad y situación de vulnerabilidad. Promoveremos la aplicación comunitaria de
    los Principios de Yogyakarta y de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos
    Humanos en la materia.
    2.5. Garantizaremos a las personas trans el acceso a sus tratamientos hormonales o de
    otro tipo en todos los Estados miembros, estableciendo un marco común de asistencia
    sanitaria para continuar el mismo tratamiento en caso de cambiar de país de residencia.
    2.6. Promoveremos que las directivas de protección, asilo, recepción y procedimientos
    garanticen la acogida adecuada de personas perseguidas por su orientación o
    características sexuales, identidad o expresión de género. Exigiremos a la Comisión
    Europea y a los Estados miembros el respeto a las normativas y al derecho de asilo para
    que ningún procedimiento acelerado o proveniencia de un “tercer país seguro” limite
    o condicione los derechos de asilo de las personas LGTBI+. Además, reclamaremos
    la formación del personal de acogida en diversidad sexo-genérica y la posibilidad de
    que, en las embajadas de los Estados de la Unión Europea, se pueda demandar asilo
    por persecución a personas LGTBI+, permitiendo que estas personas puedan recibir
    un visado humanitario y viajar directamente y sin riesgo al país de acogida en la Unión
    Europea.
    2.7. Lucharemos contra la discriminación y las vulneraciones de derechos humanos que
    sufren las personas intersex, asegurando su derecho a la integridad corporal y al
    respeto de su intimidad a través de campañas de información e iniciativas concretas,
    prohibiendo las terapias e intervenciones médicas innecesarias sin el consentimiento
    libre, previo y plenamente informado.
    2.8. Impulsaremos un posicionamiento firme de la Unión Europea hacia casos de
    persecución y violencia institucional contra personas LGTBI+, también dentro de
    la propia Unión Europea, para que nunca más haya “zonas libres de LGTBI+”, como
    ocurre en Polonia o Hungría. La condicionalidad de la recepción de fondos de cohesión
    europeos al respeto de los derechos LGTBI+ no debe ser una excepción, sino el camino
    para hacer de la Unión Europea un referente internacional en derechos humanos. En
    ese sentido, promoveremos la adopción comunitaria de sistemas efectivos de sanción
    por vulneración de los derechos humanos por parte de los Estados miembros.
    2.9. Ampliaremos los programas europeos para combatir la estigmatización social y la
    discriminación de la población seropositiva, desarrollando políticas eficaces e inversión
    en I+D+i para cumplir los acuerdos internacionales y alcanzar el “objetivo cero”: cero
    nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el
    sida.
    2.10. Incorporaremos a las personas LGTBI+ como beneficiarias de las acciones de empleo,
    juventud y acción social de los fondos estructurales, en especial del Fondo Social
    Europeo, incluyendo la lucha contra la LGTBIfobia y las políticas activas de inclusión
    social y laboral para las personas en riesgo de exclusión social como acción elegible de
    estos fondos.
    PLANTAR CARA A LA EUROPA FORTALEZA
    El proyecto europeo se encuentra en una encrucijada histórica: continuar siendo la Europa
    fortaleza o abrazar sus propios ideales fundacionales y avanzar hacia una Europa solidaria, diversa,
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    53de acogida. Seguir erigiendo vallas, convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común y financiando
    la violación de derechos humanos en terceros países, o plantar cara al supremacismo y la
    xenofobia.
    En los últimos cinco años, la Unión Europea ha negociado el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.
    Si bien su objetivo debería haber sido reforzar el Sistema Europeo Común de Asilo y asegurar que
    la solidaridad rigiera la gestión de todos los Estados miembros, el nuevo pacto institucionaliza
    muchas de las violaciones de derechos fundamentales que las organizaciones sociales y las
    Naciones Unidas llevan años denunciando. El nuevo pacto es, en realidad, una victoria de las
    extremas derechas europeas.
    Al mismo tiempo, la crisis humanitaria generada por la invasión de Ucrania ha mostrado que
    existen mecanismos de acogida e inclusión rápida de terceros en nuestros países. En cuatro
    meses se logró acoger a cinco millones de personas refugiadas ucranianas con la implicación y
    colaboración de actores multinivel, así como de la sociedad. Mientras que la crisis en 2015 requirió
    la acogida de 911.000 refugiados e inmigrantes en 12 meses. Cifras que muestran que detrás de la
    brutalidad de las políticas migratorias europeas hay un elemento clave: la raza.
    Solo en España, estas políticas dejan 18 personas muertas al día. Durante 2023, 6618 personas
    perecieron tratando de llegar a España, de las que 363 eran mujeres y 384, niñas y niños. La
    ruta atlántica que lleva a Canarias es la que más muertes acumula. A esta tragedia se le suma
    la violencia a la que se somete a las personas inmigrantes y refugiadas a su llegada, como nos
    muestran las masacres de Tarajal, el 6 de febrero de 2014, o de Melilla, el 24 de junio de 2022.
    Esta situación se extiende a todas las fronteras europeas, y en particular a la entrada a través de
    los Balcanes, Grecia o Italia, dejando un total de 30.439 muertos contabilizados en las fronteras
    europeas entre 2014 y 2024. Ante esta crisis humanitaria, es imprescindible dotar a las políticas
    europeas de una mirada integral y cuyo motor sea la protección de los derechos fundamentales y
    de la seguridad humana. Este fracaso se suma al de los compromisos de reubicación adoptados
    en 2015, pues menos del 22 % de las personas comprometidas fueron reubicadas desde Grecia e
    Italia a otros Estados, además de a la política de cierre de puertos de Estados como Italia, que se
    han mantenido e incrementado, llegando a financiar a Estados como Libia o Túnez para frenar la
    inmigración, lo que nos ha dejado imágenes de madres y niñas muertas en el desierto entre ambos
    países o de personas llorando en medio de la nada pidiendo agua. Por estos motivos, para marcar
    el rumbo hacia una nueva política migratoria europea, las propuestas de Sumar se encuentran
    regidas por los siguientes principios:
    — Respeto de la legalidad internacional. Los estándares mínimos que debe tener
    la gestión migratoria no los ponemos nosotros, sino que son fruto de acuerdos
    históricos de la comunidad internacional. Por ende, desde Sumar defenderemos la
    legalidad internacional existente y los derechos humanos para proteger a las personas
    inmigrantes y refugiadas, y también para prevenir de una regresión de derechos que
    podría extenderse a otras áreas.
    — Antirracismo. La diversidad de Europa es un valor añadido: reconocerla y protegerla
    nos ayudará a avanzar hacia una Unión Europea mejor. En nuestro país tenemos una
    gran diversidad étnica-racial, fruto de la historia común con Guinea Ecuatorial, el
    Sáhara Occidental, Filipinas o América Latina. Sin embargo, estas personas sufren
    discriminaciones cotidianas al vincular su color de piel con un estatus de persona
    inmigrante o refugiada. Será imprescindible garantizar la igualdad para todas las
    personas europeas, inmigrantes y refugiadas, con independencia de su diversidad
    étnico-racial. Será imprescindible, frente a los ataques de las fuerzas reaccionarias,
    colocar el antirracismo como un eje transversal en la nueva agenda europea.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    54— Coherencia de las políticas europeas. Los modelos de desarrollo actuales fomentan
    la desigualdad y exacerban los factores que influyen en el desplazamiento forzoso.
    Asimismo, los países de la Unión Europea siguen expropiando y explotando los recursos
    de las comunidades de origen de las personas migrantes sin tener un retorno económico
    adecuado en la población, lo que incrementa la necesidad de emigrar. En esta coyuntura de
    crisis e intervención internacional se echa en falta una mejor comprensión del contexto, lo
    que deriva en intervenciones contraproducentes. Será imprescindible abordar las relaciones
    internacionales de la Unión Europea para que estas no contribuyan a las migraciones
    forzadas y precarizadas.
    — Desecuritización de las migraciones. A partir de los años 80, el fenómeno de las
    migraciones dejó de tratarse como una cuestión antropológica, social y económica,
    para hacerlo desde el área de la seguridad nacional con base en argumentos que ya
    se han mostrado inválidos. Las migraciones no están reconocidas como un proceso
    histórico y social inscrito en el ADN humano con consecuencias positivas, sino bajo un
    enfoque securitizado cuya gestión se basa en la contención. Para poder reducir la tasa de
    mortalidad asociada a la migración internacional, así como asegurar la correcta inclusión y
    el desarrollo de la nueva ciudadanía española, hace falta un proceso de desecuritización
    de la gestión migratoria.
    — Democratizar la política migratoria, cuidar nuestras democracias. El concepto de
    ciudadanía ha evolucionado a lo largo de la historia y deberá seguir evolucionando.
    Debemos aprender a concebir el término de ciudadanía como una relación entre
    personas libres e iguales, titulares de derechos y deberes devenidos de su residencia
    y vida social —trabajar, tener familias, ser vecinos y vecinas, pagar impuestos, acceder
    a los servicios públicos, etcétera— y de ser libres e iguales en una comunidad política
    (Europa, cada país, etcétera) cuyas instituciones deben garantizar esos derechos
    y exigir responsabilidades a todos los actores. Ese principio debe ir más allá de la
    nacionalidad en un doble sentido, el jurídico y el social, los cuales marcan propuestas
    y desarrollos a medio y corto plazo.
  326. Una política migratoria con el derecho internacional y los
    derechos humanos en el centro
    1.1. Investigaremos y perseguiremos las brechas de la legalidad internacional en la
    gestión migratoria, entre ellas el fallo en el respeto al principio de no devolución, las
    devoluciones ilegales en las fronteras europeas, la violencia fronteriza o la transposición
    efectiva de las directivas europeas en todos los Estados miembros, y en el caso de
    España en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la
    protección subsidiaria.
    1.2. Derogaremos las disposiciones relativas a la aplicación de la ficción jurídica de “no
    entrada”, evitando limitar los derechos que tienen todas las personas migrantes y
    refugiadas desde el momento en el que se encuentran en las fronteras europeas.
    1.3. Aseguraremos el salvamento marítimo, el rescate en el mar y en el desierto, frente a la
    criminalización del trabajo humanitario y adoptaremos un acuerdo sobre un mecanismo
    de desembarco europeo seguro y predecible, con posterior reubicación obligatoria,
    garantizando la coordinación de todos los actores.
    1.4. Aseguraremos la rápida implementación de mecanismos de monitoreo independientes
    de los derechos humanos en las fronteras europeas en relación con toda actividad
    de vigilancia y control de las fronteras exteriores. Dichos mecanismos deben implicar
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    55en su funcionamiento a instituciones nacionales de derechos humanos, la Agencia
    Europea de Derechos Fundamentales y a organizaciones de la sociedad civil, así como
    a organismos internacionales, y tendremos un mandato para investigar cualquier
    vulneración de derechos fundamentales en las fronteras, así como capacidad para
    proponer sanciones tanto a Estados como a instituciones como a Frontex.
    1.5. Codificaremos las buenas prácticas en materia de acogida e inclusión ofrecida a las
    personas desplazadas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, en particular
    en lo referente al modelo de los CREADE y otras buenas prácticas de otros Estados
    miembros, ejemplos que deberían ampliarse y extenderse a las personas de todas las
    nacionalidades que soliciten protección internacional.
    1.6. Aseguraremos una renegociación e implementación de un Pacto Europeo de Migración
    y Asilo garantista, solidario y con pleno respeto de los derechos humanos. Para ello, es
    necesario garantizar que los planes de implementación a nivel europeo y nacional se
    elaboren desde un enfoque de respeto a los derechos humanos y que, en caso de que
    sea necesario, el Parlamento Europeo proponga enmiendas respecto a los reglamentos
    aprobados, tras recibir el informe de la comisión sobre la implementación de los
    reglamentos (el primero, a los dos años de entrada en vigor del PEMA y después, cada 5
    años).
    1.7. Reforzaremos el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados
    miembros, así como pilar fundamental del Sistema Común de Asilo, defendiendo la
    creación de un mecanismo permanente de cuotas obligatorias de reubicación que
    ponga en el centro a las personas y sus derechos.
    1.8. Velaremos por el desarrollo adecuado de la implementación del PEMA y por la
    evaluación de las solicitudes de asilo de cada país, tanto en frontera como en territorio,
    con suficiente financiación y recursos, contando con personal especializado.
    1.9. Monitorizaremos la transposición e implementación de la directiva de acogida
    para asegurar que se cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, atención
    psicosocial y orientación para el desarrollo y el bienestar integral, incluidos puertos y
    aeropuertos.
    1.10. Impulsaremos el cierre de los CIE en toda la Unión Europea, incluyendo en la directiva
    del retorno otras medidas alternativas menos lesivas.
    1.11. Desarrollaremos políticas con perspectiva de género, velando por la protección internacional
    en toda la Unión Europea de mujeres, niñas y personas de colectivos LGTBI+ perseguidas por
    las violencias sexuales y de género, incluyendo prácticas como el matrimonio forzado y la
    mutilación genital femenina, en coherencia con el Convenio de Estambul.
    1.12. Impulsaremos el aumento de las vías legales y seguras para el refugio y la migración.
    Hace falta regular a nivel comunitario la solicitud de asilo en embajadas, consulados y
    delegaciones de la Unión Europea, así como la expedición de visados humanitarios. Es
    fundamental invertir en ello, a la vez que se eliminan las acciones de contención, que
    generan amenazas para la vida humana y la estabilidad internacional, pues se ofrece
    financiación en seguridad para el control migratorio a Estados que no tienen complejos
    en violar los derechos humanos ni garantizan una adecuada protección a las personas
    migrantes y refugiadas. A su vez, proponer que los Estados miembros asuman cuotas
    específicas y concretas anuales de personas reasentadas a nivel nacional y europeo.
    1.13. Revisaremos los acuerdos que conllevan el despliegue de la externalización de fronteras
    y exigiremos mecanismos de transparencia sobre el “acuerdo con terceros países” que
    se deberán limitar exclusivamente a aquellos que ofrezcan plenas garantías de respeto
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    56a los derechos humanos y a una gestión dignificada de la migración. Garantizaremos la
    suspensión de los acuerdos con terceros países ya suscritos en caso de incumplimiento de
    respeto a los derechos humanos.
    1.14. Promoveremos que la articulación de los sistemas de acogida asegure a las personas
    migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas un nivel de vida digno y unas condiciones de
    vida comparables en todos los Estados miembros.
    1.15. Garantizaremos la coherencia de la política migratoria con las agendas de cambio climático, de
    los derechos feministas y de desarrollo sostenible, así como con los Pactos Mundiales para la
    Migración, asegurando en su implementación un enfoque de derechos humanos, de género y
    antirracista.
    1.16. Promoveremos la erradicación de la condicionalidad migratoria en la otorgación de la ayuda
    oficial al desarrollo a terceros Estados e implementaremos mecanismos de transparencia a
    los fondos entregados a terceros países en materia migratoria.
    1.17. Introduciremos una mirada migratoria en la condicionalidad social de la PAC. La nueva
    financiación de la Política Agraria Común incluye una cláusula de condicionalidad social,
    pero esta no tiene una mirada específica de migraciones, cuando las personas migrantes
    son las que más sufren abusos y precariedad en el sector agropecuario, en especial en los
    países de la Europa mediterránea.
    1.18. Aseguraremos que la política exterior de la Unión Europea y las actividades
    internacionales de las empresas europeas respetan los derechos humanos, de
    conformidad con los tratados internacionales y con la próxima directiva de diligencia
    debida.
    1.19. Estableceremos planes de retorno voluntario y aseguraremos la correcta información
    a personas inmigrantes y refugiadas. La externalización de fronteras y el actual sistema
    migratorio dificultan la gestión migratoria, ya que no permiten una normalidad de
    circulación, atrapan a las personas trabajadoras en los países de acogida y dificultan los
    modelos de migración circular.
    1.20. Reconoceremos, visibilizaremos y promoveremos la inversión en resolución de
    conflictos en el genocidio del Congo, que ha terminado con la vida de seis millones
    de personas desde 1996 para la extracción de recursos minerales necesarios para la
    producción de tecnología.
  327. Poner fin a la Europa fortaleza, ampliar derechos para las
    personas migrantes
    2.1. Promoveremos una reforma del Código de Visados para excluir la exigencia del
    visado de tránsito aeroportuario para vuelos de conexión fuera del espacio
    Schengen a personas que provienen de zonas en conflicto y en las que existen
    graves vulneraciones de los derechos humanos, como Afganistán, la República
    Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Irak, Somalia o el Sahel.
    2.2. Estableceremos un fondo común para reforzar la dotación de consulados,
    embajadas y delegaciones. No hay suficiente presupuesto para la administración
    española en el exterior. La dotación económica a los consulados es baja y esta
    realidad afecta al número y la tipología del personal contratado, sus condiciones
    laborales y, por tanto, al servicio que puedan ofrecer. Debido a esta infradotación,
    el personal consular no tiene capacidad para gestionar todas las solicitudes de
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    57visado y atención humanitaria, por lo que debería establecerse un fondo común que
    ayude a integrar y reforzar la acción exterior, también en materia de protección a
    ciudadanos de terceros Estados.
    2.3. Reformaremos las directrices de aplicación de la Directiva 2003/86/CE, sobre
    el derecho a la reagrupación familiar, en particular en el artículo 4.4, para exigir
    a los Estados la adecuación a la realidad del mercado laboral en la adaptación
    de los criterios de recursos para el reagrupamiento familiar. Solicitaremos una
    investigación sobre los criterios para acceder a la reagrupación familiar en todos los
    Estados miembros y una investigación en caso de que no se garantice con base en
    los criterios de la misma directiva.
    2.4. Promoveremos un informe sobre la salud mental en los procesos migratorios y
    emitiremos una comunicación de dicho informe al consejo y a la comisión, junto con
    recomendaciones para asegurar la salud mental de solicitantes de asilo, así como de
    personas inmigrantes.
    2.5. Desarrollaremos una directiva europea en relación con la protección de la infancia
    migrante. Dicha directiva debería incluir un apartado específico de protección
    de los derechos de la infancia en contextos de crisis migratoria. Como se está
    viendo en la actual crisis de Canarias, las violaciones de los derechos de la infancia
    son numerosas. Algo similar ocurre con temas como la vivienda o el acceso a
    la documentación. La mayor vulnerabilidad de las personas migrantes se ceba
    especialmente con los menores.
  328. El antirracismo, eje transversal del proyecto europeo
    3.1. Aseguraremos el cumplimiento del Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-
  329. El origen nacional, étnico, racial y el trasfondo cultural y religioso siguen
    siendo factores determinantes en el acceso a derechos y la capacidad de disfrutar
    de oportunidades para desarrollar un proyecto de vida digno. Existe una brecha de
    desigualdad socioeconómica y de acceso a los servicios básicos también para la
    nueva ciudadanía en situación administrativa regular y para aquella nacida en Europa o
    naturalizada, también para las personas de alta cualificación educativa.
    3.2. Impulsaremos la renovación del plan de acción contra el racismo después de 2025
    y una monitorización más consistente de todas las áreas políticas vinculadas a nivel
    comunitario y nacional a través del plan de acción contra el racismo.
    3.3. Promoveremos la extensión del alcance de la directiva de igualdad racial para abordar
    la discriminación y la violencia, incluida la que sufren las personas migrantes en las
    fronteras, así como los desalojos.
    3.4. Renovaremos el mandato del Intergrupo de Antirracismo y Diversidad, e
    incrementaremos sus recursos para confrontar el crecimiento del racismo y de las
    narrativas de la extrema derecha. A su vez, incrementaremos la financiación para un
    equipo coordinador dentro del ARDI.
    3.5. Impulsaremos la recogida de datos y estudios precisos sobre la situación de las
    personas inmigrantes, refugiadas y racializadas. Por ende, será fundamental instar a los
    Estados miembros a disponer de estadísticas desagregadas por origen nacional y origen
    racial o étnico para la formulación de políticas públicas que combatan adecuadamente
    el racismo estructural, a la vez que recopilar información sobre discriminación
    interseccional e incidentes de racismo, incluyendo casos de perfilamiento racial y
    violencia contra las personas migrantes.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    583.6. Desarrollaremos un estatus particular de la infancia y la adolescencia migrante,
    refugiada y racializada en el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos
    de los Niños y garantizaremos el interés superior del menor en cualquier proceso
    administrativo y social, evitando la irregularidad administrativa de menores y sus
    cuidadores, además de la segregación.
    3.7. Aseguraremos medidas de incremento de la representación y la participación de
    las minorías racializadas en la fuerza de trabajo de la Unión Europea en todas las
    posiciones jerárquicas, además de la nominación de las comunidades racializadas en
    posiciones de liderazgo político en todas las elecciones.
    3.8. Reconoceremos la responsabilidad histórica de la Unión Europea y de los Estados
    miembros tanto en los procesos de deterioro medioambiental en el Sur Global como en
    las consecuencias de la esclavitud y del colonialismo. Además, estableceremos fondos
    de reparación para las comunidades afectadas en Europa y en el Sur Global.
    3.9. Garantizaremos que las competencias sobre historia colonial se transversalicen en los
    currículos educativos europeos, en todas las áreas y niveles educativos.
    3.10. Perseguiremos y penalizaremos los discursos y los delitos de odio por motivos de
    discriminación étnica o racial, incluyéndolos en la lista de eurodelitos graves.
    3.11. Velaremos por que la aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial proteja los
    derechos de las personas migrantes y refugiadas frente al uso de las nuevas tecnologías
    y por que en ningún caso permita la elaboración de perfiles raciales, la realización
    de controles intrusivos o el abuso de discrecionalidad en el tratamiento de los datos
    personales y biométricos.
    3.12. Aseguraremos la inclusión y el desarrollo personal y profesional de las personas
    inmigrantes y refugiadas, promoviendo programas específicos dirigidos a eliminar
    los obstáculos en el acceso sin discriminación y el ejercicio de los derechos
    económicos, sociales y culturales.
    3.13. Agilizaremos los procedimientos de homologación de títulos y acreditación personal
    de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional, con el
    fin de eliminar los principales obstáculos que enfrentan estas personas para lograr
    un trabajo acorde con su formación, expectativas y experiencia.
    3.14. Impulsaremos el asociacionismo y la participación en los procesos de toma de
    decisiones de las personas migrantes y refugiadas, así como el reconocimiento de su
    derecho a voto en las elecciones europeas.
    3.15. Repensaremos la política europea de vecindad sur como un espacio de encuentro
    multinivel y multisectorial entre Estados, sociedad civil, organizaciones de personas
    migrantes y refugiadas y defensoras de derechos donde se pueda promover la
    construcción de un diálogo descolonizador y garante de los derechos humanos, y
    donde las relaciones del sur y el norte del Mediterráneo se den en condiciones de
    igualdad, de reconocimiento de la diversidad y de los modos de vida y sin imposiciones.
    3.16. Monitorizaremos la implementación de la directiva de diligencias debidas para asegurar
    la protección de las personas del Sur Global, en particular en el sector minero y textil.
    3.17. Promoveremos en los Estados miembros organismos que velen contra la discriminación
    racial y los discursos de odio en todas sus formas.
    3.18. Impulsaremos un informe sobre las contribuciones históricas y contemporáneas de las
    migraciones internacionales.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    593.19. Garantizaremos la participación democrática de las personas migrantes y racializadas
    en todos los Estados miembros, así como en el seno de la Unión Europea, a través de
    procesos participativos y la adecuada financiación de todos los procesos legislativos.
    3.20. Reconoceremos el racismo medioambiental como una forma de racismo y
    aseguraremos mecanismos para combatirlos y mitigar sus efectos.
    3.21. Promoveremos procesos políticos de reparaciones y de restitución de piezas robadas,
    y mejoraremos la educación formal y no formal sobre la historia de injusticia contra las
    comunidades racializadas y las minorías étnicas y religiosas.
    3.22. Velaremos por la aplicación del Convenio sobre Reconocimiento de Cualificaciones
    de Educación Superior de Lisboa para agilizar los procesos de homologación de
    títulos y acreditación profesional de personas refugiadas y solicitantes de protección
    internacional con el fin de eliminar los principales obstáculos que enfrentan estas
    personas para lograr un trabajo acorde con su formación, expectativas y experiencia.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    60MARCAR EL RUMBO
    HACIA UNA EUROPA
    CON PAZ Y FUTURO
    CONSTRUIR UN NUEVO MULTILATERALISMO DEMOCRÁTICO
    Desde el shock financiero de 2008, las crisis planetarias se multiplican y retroalimentan: crisis
    climáticas y ecosociales, crisis geopolíticas y financieras, crisis sanitarias y humanitarias; cada una
    de ellas agrava las anteriores y hace su solución más compleja. Al mismo tiempo, se está dando
    una dinámica creciente de repliegue de los Estados y las regiones del planeta sobre sí mismos. La
    crisis de la globalización ha creado una grave asimetría entre los problemas que nos afectan y las
    capacidades de las que disponemos para hacerles frente.
    La Unión Europea tiene la enorme responsabilidad y capacidad de convertirse en parte de la solución a
    estos problemas. El proyecto europeo puede y debe convertirse en una fuerza de progreso, estabilidad
    y certidumbre para este mundo en crisis. Tiene, además, un enorme potencial para ello: dispone de
    los medios y las capacidades necesarias para convertirse en un referente en la defensa del derecho
    internacional, los derechos humanos y una política de desarrollo con criterios de justicia global y
    perspectiva decolonial.
    Creemos que una acción exterior europea diferente es posible, precisamente porque no debemos
    resignarnos a vivir en un mundo regido por la incertidumbre, la inestabilidad y el conflicto. Al
    contrario: Europa debe abandonar los discursos belicistas y redoblar el compromiso por un orden
    internacional más justo, más capaz, más eficaz y democrático, que blinde la protección de nuestros
    bienes comunes y de los derechos humanos para el conjunto de los Estados miembros y sus
    pueblos, una Europa que trabaje con la misma convicción y vehemencia por el fin del genocidio del
    pueblo palestino y el ataque ruso contra el pueblo ucraniano.
    Es hora de apostar por un orden económico, comercial y financiero capaz de satisfacer las
    necesidades de la población europea y mundial dentro de los límites del planeta. Es hora de generar
    mecanismos comunes y garantías suficientes para construir una paz global justa y duradera,
    dotándonos de mayores capacidades para prevenir las crisis, mediar en los conflictos en curso y
    reparar las violaciones de derechos humanos que hoy constituyen el día a día de nuestro planeta.
    Es hora de construir una Europa con voz propia en el mundo, una Europa más democrática,
    feminista y comprometida con la justicia social, una Europa que avance hacia una autonomía
    estratégica al servicio de las mayorías sociales del continente, que entierre de una vez las lógicas de
    sumisión, explotación y abuso que durante demasiado tiempo han regido su relación con las otras
    regiones del planeta. Una Europa en paz, capaz de mediar y desescalar los conflictos, que ponga un
    final inmediato a las violaciones de derechos humanos que genera su política migratoria y respete
    los compromisos internacionales que hemos adquirido en esta materia.
    Los principios básicos de la democracia, los derechos humanos, la defensa de la paz y la
    sostenibilidad de la vida, los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+, la redistribución de
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    61la riqueza, la justicia ecosocial y la lucha contra la crisis climática global serán los que marquen el
    rumbo hacia una acción exterior decidida, moderna y comprometida con la construcción de un
    nuevo multilateralismo democrático, fuente de estabilidad y certidumbre para estos tiempos de
    turbulencia global.
  330. Llevar la democracia a la acción exterior europea
    1.1. Convertiremos la defensa de los derechos humanos, la paz, el ecologismo y el
    feminismo en el principio rector de la política exterior europea. Así, fortaleceremos los
    programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas
    y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus
    competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar
    seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países
    socios de la Unión Europea que puedan verse amenazadas, y transversalizaremos
    la perspectiva de género y el análisis feminista interseccional en todas las políticas
    públicas, normas y presupuestos de la acción exterior europea, de manera que sean
    preceptivas del dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).
    1.2. Trabajaremos por la reforma de la figura del alto representante de la Unión para
    Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para el periodo 2024-2029, clarificando
    competencias y fiscalizando su labor sobre la base de la protección de los derechos
    humanos y los valores establecidos por la Estrategia de Acción Exterior de la Unión
    Europea. Además, fortaleceremos el papel de las delegaciones de la Unión Europea
    en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por
    proyectos y empresas de la Unión Europea.
    1.3. Terminaremos con el sistema de unanimidad y derecho de veto de los Estados
    miembros en política exterior, pasando a un sistema de mayoría cualificada, sobre la
    base del artículo 33 del Tratado de la Unión Europea, y potenciaremos el papel del
    Parlamento Europeo en el ámbito de la política común de seguridad y defensa y la
    delineación de la Estrategia de Acción Exterior, que deberá pasar a ser debatida y
    escrutada públicamente con carácter anual. A su vez, impulsaremos la celebración
    de consultas ciudadanas sobre financiación y participación europea en operaciones
    militares internacionales de calado, siempre cumpliendo el derecho internacional y con
    autorización de la ONU.
    1.4. Promoveremos la creación de un observatorio de asuntos exteriores de la Unión
    Europea, un órgano independiente que opere como una defensoría del pueblo en el
    ámbito de la política exterior europea, un espacio de vigilancia y apelación abierto a
    las quejas de la ciudadanía, siempre en virtud del artículo 21 del Tratado de la Unión
    Europea.
    1.5. Promoveremos que la política exterior europea se marque el objetivo principal de la
    conformación de una internacional climática que tenga como prioridad el cumplimiento
    de los compromisos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo, impulsando la
    adopción, a nivel global, de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.
    En este sentido, impulsaremos desde el marco europeo el apoyo a la Agenda de
    Bridgetown y promoveremos la creación de un fondo mundial para la mitigación del
    cambio climático alimentado con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario
    Internacional y la financiación en condiciones favorables a los países más vulnerables
    a los efectos de la emergencia climática por parte de los bancos multilaterales de
    desarrollo.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    621.6. Contribuiremos a la reforma integral de las Naciones Unidas, haciendo más
    transparentes sus estructuras internas, democratizando el Consejo de Seguridad para
    dar mayor presencia al Sur Global y garantizando una voz permanente de la Unión
    Europea en su seno, actualizando su sistema de financiación, reformando el papel de
    los cascos azules, así como impulsando la creación de una asamblea parlamentaria en
    la ONU, una fuerza civil de control ecológico en su seno y un tribunal internacional de
    justicia climática para facilitar la lucha global contra el ecocidio.
    1.7. Impulsaremos una carta global de derechos laborales, con objeto de blindar los
    derechos de las personas trabajadoras a nivel europeo e internacional, especialmente
    los de las más vulnerabilizadas, y promoveremos, desde el ámbito europeo, la
    ratificación de los instrumentos y protocolos de la Organización Internacional del
    Trabajo, así como la integración de sus principios fundamentales en los acuerdos
    comerciales.
    1.8. Impulsaremos la creación de una alianza global por la igualdad y la diversidad, una
    internacional feminista conformada por aquellos países que promuevan activamente
    la igualdad de género y la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en la acción
    interior y exterior.
  331. Transformar para ampliar: hacia una política de vecindad
    diferente
    2.1. Impulsaremos, como eje prioritario de la acción exterior europea, el fin del genocidio
    en la Franja de Gaza y la consecución de la libertad y una paz justa y duradera para
    el pueblo palestino. Con ese objetivo, promoveremos que los Estados miembros
    reconozcan el Estado de Palestina de manera inmediata e incondicional; la suspensión
    del Acuerdo de Asociación UE-Israel y los fondos del Instrumento Europeo de Vecindad
    destinados al régimen de Netanyahu; el apoyo público y financiero a la Fiscalía de la
    Corte Penal Internacional y la iniciativa sudafricana en la Corte Internacional de Justicia;
    la mediación para la liberación de rehenes civiles, o el embargo efectivo y completo de
    la compraventa de armamento con Israel.
    2.2. Apostaremos por un nuevo esfuerzo diplomático en Ucrania, de forma alineada con
    los intereses y tiempos de la parte agredida, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas
    y en la línea marcada por las diversas resoluciones de su Asamblea General desde el
    comienzo de la invasión, además del despliegue de los mecanismos de interposición y
    observación de la OSCE. Defendimos desde el primer momento el derecho a la legítima
    defensa del pueblo ucraniano, el envío de ayuda militar y financiera para hacer posible
    una negociación equilibrada y la obligación de Europa de apoyarlo frente a la agresión
    ilegítima e ilegal de Putin. También, a su vez, la necesidad de trabajar en todas las vías
    diplomáticas posibles para lograr un alto el fuego y una paz justa y duradera que tenga
    en cuenta las legítimas aspiraciones del pueblo ucraniano. Asimismo, reforzaremos
    la ayuda humanitaria a Ucrania y apostaremos por un plan de reconstrucción basado
    en ayudas y no en préstamos, orientado al bienestar de las mayorías ucranianas y no
    al beneficio de las grandes multinacionales. A medio plazo, será necesario convocar
    una nueva conferencia de la OSCE para iniciar la reconstrucción de la arquitectura
    de tratados de seguridad y control sobre armas convencionales, armas nucleares,
    ciberseguridad, rutas marítimas y aéreas, siguiendo el espíritu de la Declaración de
    Astana de 2010.
    2.3. Apoyaremos, también desde el marco europeo, el derecho a la libre determinación del
    pueblo saharaui, dando marcha atrás al cambio de posición adoptado en nuestro país,
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    63reforzando las relaciones diplomáticas al más alto nivel con la República Árabe Saharaui
    Democrática (RASD), ampliando el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el
    Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Todo ello, basándonos en las sentencias
    del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre recursos naturales, las resoluciones
    del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución justa, pacífica y duradera
    mediante referéndum y los procesos de diálogo impulsados por el enviado personal del
    secretario general de Naciones Unidas.
    2.4. Avanzaremos hacia unas relaciones horizontales con América Latina que incluyan
    la participación de actores no estatales y movimientos sociales e indígenas de la
    región, impulsando el marco de diálogo político entre la Unión Europea y la CELAC,
    promoviendo la celebración de una cumbre anual y reorientando las prioridades hacia
    la lucha contra las desigualdades, la emergencia climática y los feminicidios. Asimismo,
    aseguraremos que los tratados comerciales con la región contribuyan al desarrollo
    mutuo y garanticen la prevalencia de los derechos humanos y ambientales sobre el
    poder de las grandes corporaciones. En ese sentido, renegociaremos el Acuerdo UE-
    Mercosur en sus dimensiones de protección a los derechos humanos, las personas
    trabajadoras y la biodiversidad para dar prioridad a estas cuestiones y nos opondremos
    a las importaciones de productos agrícolas a través del acuerdo que supongan una
    competencia desleal para los y las agricultores europeos.
    2.5. Apostaremos por una política de ampliación que parta de una reforma integral del
    funcionamiento de la Unión Europea, rechazando los discursos que contraponen
    ampliación e integración. En este sentido, apoyaremos la incorporación gradual de los
    países candidatos de los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia y Georgia siempre
    que se ajusten a los criterios establecidos por el principio de condicionalidad vigente
    en el marco europeo, sostenido sobre el criterio de la institucionalización de un Estado
    democrático y de derecho, donde se cumplan los criterios relativos al respeto de
    los derechos de las minorías, la lucha contra la corrupción y el cambio climático, la
    resolución de disputas con su vecindad y todos aquellos criterios establecidos por la
    estrategia de ampliación. Siempre y en todos los casos, será el criterio del mérito y el
    cumplimiento de estos criterios y no el geopolítico el que tenga prioridad en nuestra
    posición.
    2.6. Avanzaremos hacia un nuevo enfoque en las relaciones con Rusia, dando una respuesta
    firme a los ataques híbridos y los intentos de injerencia en los asuntos internos de los
    Estados miembros, velando por la libre elección de las alianzas internacionales de todos
    los países, impulsando esfuerzos multilaterales para reducir los armamentos nucleares
    y vinculando la mejora de las relaciones y la flexibilización de las sanciones a la retirada
    de las tropas rusas de Ucrania.
    2.7. Defenderemos una nueva relación con el Reino Unido y una reforma del Acuerdo de
    Cooperación y Comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido para ampliar, de forma
    recíproca, los derechos de la ciudadanía europea residente allí, defendiendo un modelo
    de relaciones que vaya más allá del enfoque securitario que defienden tories —bajo el
    concepto de “Global Britain”— y laboristas —con la idea del “realismo progresista”—.
    A su vez, revisaremos el acuerdo político alcanzado con Gibraltar, con el objetivo de
    garantizar la máxima protección para las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar.
    2.8. Defenderemos una interlocución pacífica, autónoma y crítica con China, a favor de los
    intereses y principios europeos, pero alejados de toda veleidad militar, a través de una
    diplomacia activa y exigente para evitar la confrontación entre grandes potencias.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    642.9. Desarrollaremos una nueva iniciativa estratégica para la región del Magreb y África, con
    los derechos humanos en el centro, que reconozca y apoye la pluralidad de agentes no
    estatales de la región, que acompase intereses y valores y supere la visión dicotómica
    que reduce estas relaciones de vecindad al prisma exclusivo de cooperación o conflicto.
    Promoveremos, desde el marco europeo, la creación de una fuerza mediterránea
    de intervención climática y protección civil para luchar contra los incendios y otras
    catástrofes naturales, prestar asistencia en el mar y luchar contra la contaminación, con
    especial atención a la región del Magreb.
    2.10. Impulsaremos el papel de la Unión Europea por el Mediterráneo como mecanismo
    de cooperación socioeconómica, cultural, municipal y de la sociedad civil para la
    construcción de un espacio euromediterráneo compartido.
    2.11. Revisaremos los vínculos con Turquía para proteger la relación privilegiada,
    abandonando las lógicas de externalización fronteriza y condicionando la actual
    relación comercial al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles.
    Asimismo, trabajaremos por denunciar y prohibir las importaciones de productos
    agroalimentarios de Turquía y otros países terceros que no cumplan con los estándares
    higiénicos y fitosanitarios de la Unión Europea e impulsaremos el respeto a los derechos
    democráticos, políticos y culturales de las minorías en Turquía, con especial atención
    a la población kurda, donde exigimos la liberación de sus representantes políticos y
    afiliados injustamente encarcelados.
    2.12. Abogaremos por dar un nuevo impulso a las negociaciones que pongan fin al conflicto
    en Chipre, con una solución basada en una federación binacional y bicomunal, en la
    línea de las resoluciones de las Naciones Unidas, priorizando el respeto a los derechos
    humanos de todas las personas y poner fin a la militarización de la isla.
    2.13. Defenderemos la preservación de un modelo de frontera blanda entre la República de
    Irlanda e Irlanda del Norte, con base en los acuerdos de paz y el Protocolo sobre Irlanda
    e Irlanda del Norte, y apoyaremos aquellos procesos democráticos que aborden el
    futuro de la isla, siempre respetando el derecho internacional y el deseo mayoritario del
    pueblo irlandés.
    2.14. Apostaremos por la autonomía energética de la Unión Europea como un principio
    básico de la acción exterior europea, revisando las relaciones con terceros países en los
    que no existan garantías de respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles,
    como es el caso de Azerbaiyán o Qatar.
  332. Una autonomía estratégica al servicio de las mayorías sociales
    3.1. Promoveremos el desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad de la
    OTAN hacia una autonomía estratégica integral al servicio de la ciudadanía europea y
    no de la industria armamentística, un espacio europeo de seguridad sujeto a control
    democrático que desarrolle las garantías derivadas del artículo 42.7 del Tratado de la
    Unión Europea y que incluya entre sus objetivos prioritarios el respeto a los derechos
    humanos, así como el bienestar social y medioambiental de los países europeos y sus
    áreas de vecindad.
    3.2. Impulsaremos la racionalización y unificación del gasto militar en un ejército europeo
    con mandato estricto de autodefensa, así como una política exterior y de seguridad
    común independiente de la OTAN, relanzando el concepto SAFE (Synchronised Armed
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    65Forces in Europe), siempre sujeta a mecanismos de control parlamentario. Esto implica
    un freno a la actual presión por aumentar el gasto militar y un aumento sustancial de
    las capacidades colectivas europeas y el pooling & sharing de la Agencia Europea de
    Defensa. Así, en la medida en que desarrollar capacidades defensivas comunes para
    el conjunto de la Unión Europea requiera inversiones específicas, estas deben llevarse
    a cabo de forma mutualizada, con mecanismos fiscales centrales que la garanticen en
    cuanto que bien público.
    3.3. Reorientaremos la política de defensa europea hacia los principios de solidaridad,
    participación democrática y promoción de paz, bajo la convicción de que el derecho
    internacional es, con todas sus limitaciones, la mayor garantía existente para la paz y la
    convivencia.
    3.4. Implementaremos mecanismos europeos de seguimiento, transparencia y rendición
    de cuentas en materia de transferencias de armamento y material de doble uso en los
    Estados miembros que incluya la obligatoriedad de informar sobre las transferencias
    autorizadas y ejecutadas por parte de todos los Estados miembros y vías de
    fiscalización democrática y accesible por parte de la sociedad civil.
  333. Convertir a Europa en un referente de la justicia global
    4.1. Apostaremos por que la Unión Europea ejerza un liderazgo más activo y reconocible en
    el ámbito de la política internacional de desarrollo, en correspondencia con su posición
    de primer donante del mundo por la cuantía de recursos canalizada a los países en
    desarrollo.
    4.2. Aseguraremos que la definición más precisa de los intereses estratégicos de la Unión
    Europea preserve, sin contaminación, los propósitos genuinos de la cooperación
    al desarrollo, que se orientan a combatir la pobreza y la desigualdad, a asentar los
    derechos humanos y a preservar la sostenibilidad en los países socios, de acuerdo con
    sus respectivas prioridades de desarrollo.
    4.3. Garantizaremos que el enfoque del Equipo Europa implique una dinámica inclusiva y
    equilibrada de los diversos actores europeos en la acción de desarrollo, favoreciendo
    un proceso de diálogo continuado con los socios, desde una perspectiva equilibrada y
    decolonial.
    4.4. Avanzaremos de forma efectiva en la coherencia de políticas para el desarrollo
    sostenible para lograr el adecuado alineamiento de los compromisos normativos que
    dice asumir la Unión Europea con las políticas aplicadas.
    4.5. Promoveremos la creación de una vicepresidencia de la Comisión Europea para la
    coherencia de las políticas de desarrollo que armonice y coordine la acción exterior de
    la Unión Europea y priorice la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y la
    Agenda 2030.
    4.6. Impulsaremos la realización anual de una reunión monográfica del Consejo Europeo
    sobre política de desarrollo, con el objetivo de situarla en el centro de la gobernanza
    europea.
    4.7. Desarrollaremos una hoja de ruta realista y ambiciosa para que los Estados miembros
    alcancen, en 2030, el objetivo propuesto de dedicar el 0,7 % del PNB a la AOD y el 0,20
    % a los países menos adelantados (PMA), realizando un seguimiento anual del grado de
    cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada país.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    664.8. Apostaremos por establecer y blindar mecanismos que garanticen una voz europea
    coordinada en los organismos internacionales de desarrollo —más concretamente,
    en las Naciones Unidas y los bancos de desarrollo—, de acuerdo con las prioridades
    definidas en su política de cooperación.
    4.9. Reforzaremos la estrategia de acción exterior feminista de la Unión Europea a través
    de un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo, haciendo que
    la cuestión de género no sea solo un elemento transversal en todos los programas
    de cooperación, sino reforzando, además, los fondos destinados a promover
    actuaciones específicas contra la violencia de género y en defensa de los derechos y
    del empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluyendo acciones para garantizar sus
    derechos sexuales y reproductivos.
    4.10. Apoyaremos, en los países en desarrollo asistidos, la consolidación de instituciones
    democráticas, sistemas fiscales capaces y progresivos y políticas públicas orientadas
    a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, a un reparto más justo de las tareas
    de reproducción y del cuidado de la vida, a la configuración en los países de un suelo
    mínimo de protección social y al combate del odio y la discriminación.
    4.11. Agilizaremos y mejoraremos el sistema humanitario europeo, dotándolo de más
    recursos y la capacidad operativa necesaria para hacer frente al nuevo contexto global,
    integrando otros enfoques de solidaridad, incluidos los interseccionales, y con una
    perspectiva feminista en todas las fases de la respuesta y en los procesos de paz.
    IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON DERECHOS
    La revolución digital hace tiempo que ha dejado de ser un pronóstico de futuro. Las sociedades
    europeas están siendo ya transformadas por la digitalización. Hoy nos encontramos, de nuevo,
    en una encrucijada. La decisión a tomar en este contexto de bifurcación es evidente: o una
    transformación digital al servicio de unos pocos, o una transformación digital que amplíe
    derechos para las mayorías sociales europeas. O un tecnofeudalismo comandado por las grandes
    empresas tecnológicas, o un nuevo contrato social para la era digital que asuma que la tecnología
    debe servir para resolver los grandes desafíos de nuestra época, como la lucha contra las
    desigualdades, la crisis climática o la erosión democrática.
    En esta legislatura europea se han dado algunos pasos adelante. La Ley de Servicios Digitales,
    que establece limitaciones a las actuaciones de las grandes plataformas y dicta cuáles deben
    ser las prácticas ante la difusión de contenidos ilegales, es un buen ejemplo. Sus límites son
    también claros, evidentes en la negativa de muchas multinacionales a aplicar esta legislación y
    actuar contra las fake news y los discursos del odio. Ahora debemos trabajar para que se aplique
    rigurosamente, para que el Programa Estratégico para la Década Digital 2030 no se convierta en
    papel mojado, pero es necesario ir mucho más allá.
    Nuestro rumbo es claro. Europa puede y debe convertirse en el modelo de una digitalización
    democrática, sostenible y feminista, en la impulsora de un nuevo internacionalismo digital que
    luche contra nuevas formas de desigualdad. Frente a los modelos estadounidense y chino, Europa
    puede y debe convertirse en una alternativa de desarrollo que garantice la soberanía digital.
    En un momento en el que la innovación tecnológica tiende a avanzar más rápido que la propia
    política, Europa puede y debe poner los datos, los algoritmos y la inteligencia artificial al servicio
    del bien común. En un contexto en el que las grandes multinacionales tecnológicas intentan
    imponer sus reglas y consolidar los monopolios digitales, Europa puede y debe garantizar el
    control democrático de la robotización, el internet de las cosas o las redes sociales, elementos
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    67muy presentes en el día a día de los europeos y europeas. Frente a los intentos de las grandes
    plataformas de deshacerse de imponer la “ley del más fuerte”, Europa puede y debe impulsar
    una nueva ola de derechos laborales digitales. En ese sentido, la directiva de trabajadores
    y trabajadoras de plataformas, inspirada inicialmente en la exitosa ley rider española, es un
    primer paso en la dirección correcta, pero hay mucho por hacer para proteger a las personas
    trabajadoras en toda Europa.
    Así, frente a la tecnofobia y el tecnofetichismo de muchos, queremos marcar el rumbo hacia una
    transformación digital con derechos desde la Unión Europea, una gobernanza democrática de la
    digitalización que tenga en Europa su epicentro y referente, en la que justicia social y justicia digital
    sean las dos caras de una misma moneda.
  334. Avanzar en una transición digital justa a escala europea
    1.1. Desarrollaremos la diplomacia digital europea para promover la transferencia
    tecnológica, reducir la dependencia de las grandes empresas y buscar la eliminación
    de las cláusulas que imponen el libre flujo de datos en los tratados comerciales para
    avanzar hacia el internacionalismo digital.
    1.2. Impulsaremos la administración digital en todos los organismos vinculados a la
    movilidad internacional para facilitar la gestión migratoria y mejorar la experiencia
    de las personas usuarias de los servicios consulares y de extranjería. Para reforzar la
    conexión entre los usuarios y la administración, se desarrollará una aplicación móvil
    que acompañe en los procedimientos de información de las personas emigradas e
    inmigradas.
    1.3. Promoveremos, desde el ámbito europeo, el software de código abierto y su uso en
    la educación y la formación, así como el libre acceso a la investigación y el software
    financiados con fondos públicos. Impulsaremos la financiación pública de recursos
    digitales adecuados y necesarios y aseguraremos la formación que permita a los
    estudiantes aprender de manera adecuada con las tecnologías. La escuela es uno de
    los lugares en que los niños podrán aprender a hacer un uso seguro y adecuado de
    estas herramientas.
    1.4. Promoveremos el diseño de una estrategia para la erradicación de las “brechas
    digitales” en el ámbito territorial, económico y de las habilidades, y garantizaremos el
    acceso a la alfabetización digital, incluidos los programas escolares, durante todas las
    etapas de la vida, como forma de contrarrestar la desinformación, las amenazas en
    línea y los discursos de odio.
    1.5. Garantizaremos un acceso a internet rápido, asequible, seguro y estable en toda la
    Unión Europea, incluida la itinerancia, dando prioridad a la conexión de las zonas
    blancas y grises, las zonas rurales y las regiones remotas y periféricas.
    1.6. Avanzaremos en el despliegue de infraestructuras digitales y eléctricas en espacios
    públicos y privados para permitir y democratizar el uso de vehículos eléctricos y
    autónomos.
    1.7. Mejoraremos el acceso digital y la accesibilidad de los servicios públicos y privados
    esenciales para los ciudadanos y las empresas en lo que se refiere a los procedimientos
    administrativos y garantizaremos el acceso inclusivo y el apoyo a través de servicios de
    asistencia.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    681.8. Fomentaremos un uso saludable de internet, animando a los Estados miembros a poner
    en práctica la formación en competencias digitales para todos los grupos de edad, de
    acuerdo con los programas y planes de estudio establecidos a nivel europeo sobre, por
    ejemplo, los riesgos y las oportunidades de internet y los derechos de los usuarios.
    1.9. Adoptaremos todas las medidas necesarias para garantizar que la digitalización de la
    sociedad no deje de lado a las personas mayores y que la tecnología sea accesible para
    ellas, fomentando programas e iniciativas, por ejemplo, en forma de clases adaptadas
    a sus necesidades. También garantizaremos que se pueda acceder a los servicios
    esenciales en persona y por medios no digitales.
    1.10. Introduciremos una certificación de la Unión Europea relativa a las competencias
    digitales en las escuelas que prepare a los jóvenes para el futuro mercado laboral.
    1.11. Implantaremos una identidad digital común europea para facilitar las transacciones y
    los servicios digitales transfronterizos, con un marco de normas y directrices europeas
    que ofrezcan las garantías necesarias.
    1.12. Evaluaremos la viabilidad de la digitalización de la información sobre productos de
    consumo y nutrición a través de una aplicación europea estandarizada que permita un
    acceso más fácil y proporcione información adicional sobre los productos y la cadena
    de producción.
    1.13. Estableceremos un fondo europeo de contingencia ante la robotización y otros
    cambios productivos, financiado con contribuciones de las empresas, que permita la
    transición justa y la inversión social pública en aquellos sectores sociales más afectados
    por la robotización y la transformación tecnológica.
    1.14. Apostaremos por desarrollar una nueva fiscalidad digital, como la creación de un
    impuesto europeo para las empresas digitales y las operaciones de la economía digital
    que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que
    suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje
    equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.
    1.15. Impulsaremos el pleno desarrollo de la Directiva sobre Trabajo en Plataformas, inspirada
    en la ley rider española, y apostaremos por nuevas medidas que aseguren que las
    personas trabajadoras de plataformas tengan su situación laboral correctamente
    clasificada, corrijan la de las y los falsos autónomos, y regulen, de forma ambiciosa y
    garantista, el uso de la gestión algorítmica y la inteligencia artificial en el lugar de trabajo.
  335. Proteger la soberanía digital de la ciudadanía europea
    2.1. Aprobaremos una carta europea de derechos del mundo digital que sintetice las
    garantías que otorga la Unión Europea a la ciudadanía en su acceso y actividad en
    internet. Esta carta será la afirmación ciudadana de la gobernanza democrática y abierta
    de una red neutral.
    2.2. Crearemos una figura para la defensa de la ciudadanía digital, una autoridad efectiva
    que supervise el sector digital para controlar y limitar el poder de las grandes
    corporaciones. Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las
    empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada
    carta europea de derechos del mundo digital.
    2.3. Impulsaremos el desarrollo de un estatuto para la creación digital que dé cuerpo y
    protección jurídica a los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan su actividad
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    69en este ámbito, favoreciendo la sindicación en estos sectores, el establecimiento de
    marcos laborales regulados y seguros, y los mecanismos para la representación formal
    de dicho trabajo.
    2.4. Desarrollaremos un plan de infraestructuras digitales públicas para garantizar el acceso,
    el alojamiento, la distribución y la protección de obras en el ámbito digital.
    2.5. Impulsaremos una agencia pública de auditoría del algoritmo y la inteligencia artificial,
    así como una mesa de trabajo institucional e intersectorial para abordar una propuesta
    normativa ante el desafío de la protección de los derechos de autor y conexos en este
    ámbito.
    2.6. Promoveremos normas específicas contra los monopolios tecnológicos y digitales que
    permiten los discursos de odio y la difusión masiva de noticias falsas.
    2.7. Reforzaremos las capacidades de Europol/Centro Europeo de Ciberdelincuencia en
    términos de recursos financieros y humanos, permitiendo un enfoque más proactivo en
    la lucha contra la ciberdelincuencia y la creación de capacidades conjuntas de defensa
    contra los ataques a gran escala.
    2.8. Garantizaremos sanciones similares y una aplicación rápida y eficaz en los Estados
    miembros en caso de ciberdelincuencia mediante una mejor coordinación de los
    centros y las autoridades de ciberseguridad locales, regionales y nacionales.
    2.9. Contrarrestaremos la desinformación mediante legislación y directrices para que las
    plataformas en línea y las empresas de medios sociales aborden las vulnerabilidades
    de la desinformación y apliquen medidas de transparencia, incluyendo, entre otros,
    algoritmos basados en inteligencia artificial que puedan resaltar la fiabilidad de la
    información, proporcionando al usuario fuentes de información contrastada. Cuando se
    utilicen algoritmos, los seres humanos deben seguir controlando en última instancia los
    procesos de toma de decisiones.
    2.10. Promoveremos una mejor explicación de las normas de protección de datos (RGPD),
    aumentando la transparencia y mejorando la comunicación mediante la creación de
    orientaciones sobre textos de consentimiento informado que utilicen un lenguaje
    sencillo y claro.
    2.11. Impulsaremos la aplicación de la prohibición existente de consentimiento por defecto
    en la reutilización o reventa de datos, aseguraremos que se dé curso a las solicitudes de
    supresión permanente de datos presentadas por los usuarios en un plazo determinado,
    y exigiremos que las empresas no europeas cumplan las normas europeas de
    protección de datos.
    2.12. Fomentaremos un sistema de certificación a escala de la UE que refleje el cumplimiento
    del RGPD de forma accesible, clara y sencilla, visible en sitios web y plataformas, y que
    sea expedido por un certificador independiente a escala europea. No debe crear cargas
    desproporcionadas para las pequeñas y medianas empresas.
    2.13. Estableceremos una ayuda eficaz y rápida para los ciudadanos cuando tengan
    problemas con la exclusión voluntaria o la revocación del consentimiento. Para ello, es
    necesario definir mejor las conductas intrusivas y establecer directrices.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
  336. Poner la inteligencia artificial e ingeniería genética al servicio
    de las personas
    3.1. Impulsaremos, a partir de la Ley de Inteligencia Artificial existente, una nueva estrategia
    de regulación de la inteligencia artificial y del desarrollo tecnológico en la Unión Europea
    basada en la garantía de derechos y en la protección de los usuarios frente a los abusos
    de las grandes corporaciones.
    3.2. Actualizaremos la lista de “riesgos” de la inteligencia artificial y los criterios de lo que se
    consideran “riesgos inaceptables”, e incluiremos como sistemas de “alto riesgo” todos
    los que usan datos físicos, fisiológicos, de comportamiento y biométricos, todos los
    usos de la inteligencia artificial para predecir migraciones y todos los relacionados con la
    sanidad o los seguros. En esa línea, prohibiremos los sistemas de la inteligencia artificial
    que supongan un riesgo inaceptable para los derechos fundamentales.
    3.3. Promoveremos una legislación de la Unión Europea que incentive a las empresas a
    ser socialmente responsables y a mantener los empleos de alta calidad del “trabajo
    inteligente” dentro de Europa, evitando así su deslocalización a países con costes más
    bajos. Asimismo, estudiaremos condicionar el acceso de las empresas europeas a las
    ayudas públicas al cumplimiento de objetivos de justicia y transparencia algorítmica, así
    como la implantación de una auditoría algorítmica para asegurar que ninguna empresa
    emplea algoritmos que incorporen sesgos discriminatorios, machistas, racistas o
    lgtbifóbicos.
    3.4. Garantizaremos el papel de las organizaciones sindicales en los procesos de toma
    de decisiones en los que interviene la inteligencia artificial en el lugar de trabajo y
    la transparencia de los algoritmos utilizados, favoreciendo la participación de los
    trabajadores antes de la introducción de tecnologías digitales que repercutan en las
    condiciones de trabajo.
    3.5. Impulsaremos la creación de un indicador de personas trabajadoras en riesgo de
    automatización y un organismo de gestión de datos para trabajadores y trabajadoras
    digitales, que otorgue a las personas trabajadoras más control sobre sus datos,
    mediante el derecho a decidir qué usos de la información recopilada son legítimos, o en
    qué circunstancias se producen y con qué fines.
    3.6. Promoveremos a escala europea una regulación efectiva del desarrollo de las
    neurotecnologías que asegure el cumplimiento estricto de los “neuroderechos” básicos
    (derecho a la privacidad mental, derecho a la identidad personal, derecho a la libre
    voluntad, equidad en el acceso a las neurotecnologías y protección frente a sesgos).
    3.7. Promoveremos una moratoria en el desarrollo de dispositivos de conexión directa
    (interfaz, en ambos sentidos) del cerebro a procesadores artificiales o al flujo de datos
    global. Debería mantenerse el paso de la conexión a través de los sentidos y órganos
    habituales.
    3.8. Abriremos el debate ciudadano, con toda la sociedad civil europea y conducido por los
    diferentes observatorios de bioética, sobre dónde están los límites aceptables para la
    edición genética humana e impulsaremos, de acuerdo con la OMS, un registro global de
    todas las investigaciones que impliquen edición de genes humanos.
    3.9. Apostaremos por llevar al ámbito de las Naciones Unidas estas iniciativas europeas
    y regulaciones en inteligencia artificial, conexión neuronas-torrente de información
    (“brain-computer interface”) y edición genética para que tengan alcance global.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    71PONER EL PROYECTO EUROPEO AL SERVICIO DE SU JUVENTUD
    La juventud europea está harta. Está harta de los bajos salarios y de la especulación con la vivienda,
    que ha llevado a que la edad media de emancipación en España sea casi cuatro años superior a
    la media europea, a que tan solo el 16 % de los jóvenes españoles esté emancipado. Está harta,
    además, de que participar en las decisiones que afectan a su día a día resulte tan difícil, casi imposible.
    Está harta de que la Unión Europea sea, en demasiadas ocasiones, un proyecto alejado de sus
    preocupaciones cotidianas. Está harta, por supuesto, de los Gobiernos nini que durante años han
    plagado el continente europeo, Gobiernos que no ofrecían ni alternativas ni soluciones para los y las
    jóvenes.
    La juventud europea está harta, también, de ser vanguardia, de marcar el rumbo. Y es que las
    personas jóvenes son mucho más que las principales víctimas de las últimas crisis: son, sobre todo,
    las principales impulsoras de las grandes transformaciones pendientes. Gracias a sus voces, hemos
    aprendido que desconectar no puede ser el privilegio de unos pocos, que la salud mental es un asunto
    político y que debemos dar una salida colectiva a la epidemia de estrés y ansiedad. Gracias a su
    activismo, nos hemos dado cuenta de que la emergencia climática es el principal desafío de nuestro
    tiempo, de que las decisiones cortoplacistas dañan nuestro planeta y nuestras democracias. Gracias
    a su lucha, sabemos que el acceso a la vivienda es el gran problema de toda Europa, que emanciparse
    es, demasiadas veces, una tarea imposible.
    Ha llegado el momento de que la juventud europea juegue un papel protagonista en la fijación de
    metas y la elaboración de las políticas públicas en la Unión Europea, de que las decisiones se tomen
    con una perspectiva largoplacista y en beneficio de las mayorías sociales, y no cortoplacista y para
    contentar a los pocos de siempre, de que las personas jóvenes puedan participar de forma plena en la
    vida política europea, de que su voz sea escuchada.
    Con ese objetivo, este programa marca un rumbo claro: garantizar el derecho a emanciparse
    y ensanchar el derecho a participar políticamente. Para ello, proponemos la creación de un
    comisario de generaciones futuras, reforzar y democratizar el programa Erasmus+, impulsar
    un marco internacional para el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de la
    juventud, la puesta en marcha de una renta europea de emancipación juvenil, rebajar la edad
    de voto a los 16 años, supervisar y calificar las “repercusiones intergeneracionales” de los
    presupuestos europeos y nacionales, o estudiar la posibilidad de establecer “cuotas de juventud”
    parlamentarias.
    Ha llegado el momento, pues, de poner la Unión Europea al servicio de su juventud. En ello nos
    jugamos el futuro del propio proyecto europeo.
  337. Pensar a largo plazo, garantizar el derecho a la emancipación
    1.1. Impulsaremos la creación de un comisario de generaciones futuras en la Comisión
    Europea para asegurar el bienestar ecológico, económico y social de las próximas
    generaciones. Asimismo, desarrollaremos una directiva de bienestar para las
    generaciones futuras que garantice el derecho a una vida digna.
    1.2. Promoveremos una directiva europea sobre prácticas de calidad que actualice el
    marco existente y fije estándares mínimos de calidad, y reglas sobre la duración de
    los periodos de prácticas, su remuneración y el acceso de los becarios y becarias
    a la protección social, en línea con el acuerdo sobre el Estatuto del Becario de
    nuestro país, que amplía derechos.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    721.3. Democratizaremos y potenciaremos el programa Erasmus+, aumentando el
    presupuesto para permitir un mayor número de becas y sus cuantías, y garantizando
    así el acceso a todas las personas jóvenes, especialmente las más vulnerabilizadas.
    1.4. Reforzaremos y ampliaremos el Programa de Garantía Juvenil, ofertando
    oportunidades laborales y formativas justas y dignas, y evaluaremos la creación de
    programas para combatir la precariedad y reducir el paro juvenil que vayan más allá
    del Programa de Garantía Juvenil.
    1.5. Impulsaremos la puesta en marcha de proyectos piloto de herencia universal a
    escala comunitaria y con financiación europea. Se trataría de una ayuda de 20.000€
    —cuantía ajustable según el Estado miembro del que se trate—, que se hará
    efectiva al cumplir los 23 años, para combatir la desigualdad en la Unión Europea y
    ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional
    e independizarse. Asimismo, impulsaremos las bases y proyecto piloto de una
    renta europea de emancipación juvenil progresiva que se adapte a la realidad de
    los Estados miembros y que sirva como ayuda al desarrollo de proyectos de vida
    autónomos, especialmente entre las personas jóvenes entre 18 y 25 años.
    1.6. Apostaremos por la presentación, de forma coordinada desde el marco europeo, de
    una propuesta de resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas para
    la adopción de una convención internacional sobre los derechos de los jóvenes,
    jurídicamente vinculante, con un mecanismo de seguimiento que la acompañe, que
    proporcione una base jurídica en la que puedan apoyarse los esfuerzos de integración
    de la juventud y que obligue a los Estados a transponer la convención a la legislación
    nacional e informar sobre las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos allí
    reconocidos.
    1.7. Solicitaremos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde el
    ámbito europeo, que investigue la posibilidad de establecer un procedimiento especial
    sobre los derechos humanos de la juventud, una figura similar a la del relator especial o
    experto independiente, para cubrir la ausencia de un marco jurídico internacional sobre
    los derechos de las personas jóvenes.
    1.8. Reforzaremos las competencias y el carácter vinculante de la iniciativa Diálogo con la
    Juventud para asegurar una interlocución efectiva de las instituciones europeas con las
    organizaciones juveniles, apostando también por el fortalecimiento de las conferencias
    europeas de la juventud, haciéndolas trimestrales.
    1.9. Aumentaremos la financiación y el apoyo a las organizaciones juveniles que
    desarrollan su trabajo a nivel europeo y en los Estados miembros para facilitar su
    participación real y efectiva en el día a día de las instituciones comunitarias.
    1.10. Pondremos en valor el voluntariado juvenil y la adquisición de competencias.
    Reconoceremos la educación no formal y el voluntariado juvenil como herramientas
    educativas y pondremos en marcha un sistema público de acreditación de las
    competencias adquiridas en el voluntariado y en la educación no formal.
    1.11. Desarrollaremos una estrategia europea de protección a la infancia y adolescencia
    LGTBI+, actualizando y ampliando la Estrategia de la Unión Europea sobre los
    Derechos del Niño y la Garantía Infantil Europea, con especial hincapié en las infancias
    y adolescencias trans.
    1.12. Impulsaremos una estrategia europea de ayuda y acompañamiento para la
    incorporación efectiva y con garantías de las personas jóvenes migrantes a los
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    73sistemas educativos de los Estados miembros, con el objetivo de luchar contra las
    desigualdades o barreras idiomáticas.
    1.1. Reorientaremos la agenda europea hacia cuestiones troncales para la vida y
    reivindicaciones de la juventud europea: la prevención y atención a la salud mental
    y su relación con la precariedad laboral, la vivienda como derecho básico en toda
    la Unión Europea, la formación en empleos verdes y sostenibles, el impulso de la
    economía social y el cooperativismo, la reducción del tiempo de trabajo para ganar
    tiempo de vida o la inclusión de la perspectiva de género, el respeto a la diversidad
    y la equidad racial como un abordaje transversal en el funcionamiento de las
    instituciones europeas.
  338. Empoderar a la juventud europea, garantizar su voz y voto
    2.1. Apostaremos por ampliar el derecho al voto a los 16 años en las elecciones europeas
    y trabajaremos para que se amplíe en todos los Estados miembros y en el resto de las
    convocatorias electorales, un derecho que ya se garantiza en otros países de nuestro
    entorno, como Bélgica. A su vez, trabajaremos para garantizar el derecho al voto en toda
    Europa, con independencia del lugar de residencia, para que cualquier persona pueda
    formar parte de su comunidad de acogida mediante la participación política, más allá del
    activismo.
    2.2. Estudiaremos medidas y mecanismos para garantizar una mayor presencia de las
    personas jóvenes en las listas electorales y cargos públicos y de representación,
    con especial énfasis en las instituciones europeas. En ese sentido, evaluaremos la
    posibilidad de establecer “cuotas de juventud” europarlamentarias. Se trata de cerrar
    una brecha insostenible: el 50 % de la población mundial tiene menos de 30 años, pero
    a nivel mundial solo el 2,91 % de los parlamentarios tiene menos de 30. El contexto
    europeo es todavía más preocupante: pocos meses antes de las elecciones europeas,
    tan solo dos europarlamentarios tenían menos de 30 años, el 0,28 % de todos los
    eurodiputados.
    2.3. Ampliaremos las campañas de concienciación que ponen a las personas jóvenes en el
    centro, facilitando información más accesible y asegurando que iniciativas como Get
    Out The Vote amplían su alcance y efectividad.
    2.4. Aseguraremos la representación significativa de la juventud en los procesos de toma
    de decisiones ambientales y de cambio climático a nivel local, regional, nacional y
    europeo, creando consejos consultivos juveniles dedicados específicamente a temas
    ambientales y de cambio climático, incluyendo representantes juveniles en comités
    y juntas directivas relacionados con políticas ambientales y de cambio climático, y
    ampliando las funciones y potenciando los consejos de la juventud para vertebrar estos
    organismos.
    2.5. Promoveremos la transparencia en los procesos de toma de decisiones, asegurando
    que los jóvenes tengan la información necesaria para participar de manera informada
    y efectiva. Asimismo, impulsaremos la creación de una asamblea ciudadana europea
    permanente sobre el clima que tenga poder de actuación y capacidad colectiva de
    toma de decisiones.
    2.6. Promoveremos y facilitaremos el acceso de la juventud europea al mundo rural,
    mejorando el acceso a servicios públicos, conocimientos y financiación, oportunidades
    de empleo y ocio, con independencia del Estado miembro.
    UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO EN EUROPA | SUMAR
    742.7. Apostaremos por una participación significativa, efectiva y vinculante de la juventud a
    todos los niveles, democratizando las instituciones europeas y ampliando canales de
    toma de decisiones, reforzando y promoviendo las herramientas de colaboración y de
    decisión ciudadana directa, tales como los presupuestos participativos o las asambleas
    ciudadanas.
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