(XX CONGRESO PCE CUADERNO 1: DOCUMENTO POLÍTICO Pagina 67)
El federalismo hace posible una profundización de la democracia y de la participación ciudadana, el autogobierno local y regional, la cooperación y la solidaridad interterritorial, el respeto y la integración de diferentes identidades, la compatibilidad entre autodeterminación y pertenencia a una organización política común. Nuestra propuesta federalista edifica la organización política sobre la idea de pacto y negociación multilateral.
El Estado federal permite que cada unidad federada preserve su identidad y comparta y se enriquezca con otros aspectos en el seno de la nueva comunidad. La Constitución Federal, debe recoger la participación de las unidades federadas en la conformación de la voluntad estatal. Ésta participación, así como su autonomía legislativa, constituyen elementos esenciales del tipo de autonomía política presente en este tipo de organización territorial.
Estructura bicameral del Parlamento que permita que junto a la representación del «pueblo federal» figuren la representación de los estados miembros o las unidades federadas.
La representación de las unidades federadas se hace en la segunda Cámara, cuya función consiste en poner en contacto a las unidades federadas con la Federación. Y deben establecerse garantías en los textos constitucionales para la autonomía local y la suficiencia de la financiación de las entidades territoriales.
La reivindicación y defensa hoy del principio democrático de la libre determinación es necesaria especialmente en relación a los derechos democráticos y sociales, por cuanto son éstos los que están siendo liquidados por el capitalismo global. Es esencial que la ciudadanía y la mayoría social trabajadora en el conjunto del Estado, desde una perspectiva social y de clase, ejerza el derecho a decidir en defensa de sus derechos políticos, sociales y laborales.
Defendemos un modelo de Estado que permita acomodar el pluralismo de identidades, capaz de tener un discurso común donde se reconozca la diversidad; un Estado plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones sino también porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad.
Sólo un Estado, que admita que en su seno, pueden convivir varios sentimientos de identidad nacional, puede dar satisfacción a ciudadanos que plantean de diversa forma la nación. Sólo un estado que profundice en la democracia a través del autogobierno territorial en todos los niveles es capaz de manejar con soltura los inevitables conflictos de identidad y convivencia y de resolverlos a través del diálogo y el consenso.
En particular, el nuevo marco constitucional debe abordar:
- Reconocimiento expreso del carácter plurinacional y pluricultural del Estado y del derecho a la autodeterminación.
- Reconocimiento de la cooficialidad de todas las lenguas españolas y del derecho de todos los ciudadanos a conocerlas y utilizarlas en cualquier lugar en sus relaciones con las instituciones estatales, remitiendo la regulación de los efectos de la cooficialidad en cada Comunidad a su legislación propia.
- Reconocimiento de los derechos lingüísticos entre los derechos fundamentales. d) Reconocimiento de los derechos de los inmigrantes tanto a la integración social como a mantener su propia identidad cultural.
- Fijar el principio de que la pluralidad nacional, cultural y lingüística sea contemplada específicamente como valor a considerar en el sistema educativo y en los medios de comunicación públicos.
Al mismo tiempo, la transformación que propugnamos exige un Estado, con un poder público fuerte, democrático y participativo, que se proponga intervenir para garantizar los derechos de todos; para proteger particularmente los derechos de la mayoría social trabajadora; para establecer servicios públicos de calidad y universales, que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al ocio; para redistribuir la riqueza y las oportunidades. La transformación social exige un Estado que promueva no sólo el bienestar social, sino que promueva activamente la justicia social y la igualdad; no sólo un Estado de Bienestar sino también un Estado con Justicia Social.
Un Estado que establezca un sistema tributario justo y progresivo, donde no solamente contribuyan todos sino que todos contribuyan en la medida de su capacidad, pagando más quienes más tienen, sin tratamientos de privilegio de las rentas de capital sobre las de trabajo, sin paraísos fiscales, sean territoriales o sociales. Un Estado que incremente fuertemente el gasto público y especialmente el gasto social; un Estado que crea en la inversión pública y en beneficio de toda la ciudadanía; un Estado que no sea indiferente en cuanto al modelo económico, sino que lo planifique al servicio de las necesidades de toda la población y, especialmente, de la mayoría social trabajadora.
La propuesta de federalismo solidario requiere que la Constitución fije un sistema fiscal y de financiación equitativo y también solidario, concertado multilateralmente en el marco federal, donde cada ciudadano aporte progresivamente según su renta y reciba según sus necesidades, de modo que la carga fiscal dependa de los ingresos de cada persona física o jurídica, y no del territorio donde resida -con independencia de que la recaudación sea gestionada desde cada unidad federada y con una redistribución equitativa tal que, descontados los gastos federales generales y los fondos de solidaridad y reequilibrio que se fijen, cada unidad federada reciba la parte proporcional que le corresponda, de acuerdo con criterios objetivos acordados de forma multilateral.
El sistema fiscal y de financiación debe garantizar como objetivo irrenunciable que cualquier ciudadano o ciudadana reciba la misma calidad de los servicios públicos básicos, los mismos derechos y las mismas prestaciones. Pero también que cada unidad federada cuente con los recursos necesarios para poder ejercer un autogobierno efectivo 1 de acuerdo con sus necesidades y prioridades.